COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) -  “Ojalá hubiera un decreto que prohíba el contagio de coronavirus, pero es imposible de cumplir”. La frase, expresada por un reconocido empresario comodorense, encierra una alusión frente a la norma que prohíbe despidos y suspensiones por 60 días, algo que en la cuenca San Jorge se busca evitar a partir de los acuerdos establecidos entre sindicatos petroleros y operadoras, con salarios reducidos en alrededor del 30 por ciento. 

Más allá del sector petrolero, los interrogantes se multiplican en todos los ámbitos de la economía. El reclamo de las PyMEs hacia los bancos privados para que pongan la espalda en una crisis con pocos precedentes en la historia mundial y una bomba de tiempo por 220.000 millones de pesos en todo el país.

La generalidad de las empresas y comercios de la región se preparan para atravesar el desierto, mientras que en los próximos días empezará a medirse la magnitud de las “cantimploras”, es decir las asistencias dispuestas el Estado para preservar a trabajadores y empresas.

En algunos casos hubo confusión por una primera medida de asistencia, derogada el 30 de marzo último, dejando sin efecto la eximición del pago de cargas patronales en aquellas empresas que no fueron exceptuadas para cumplir con la cuarentena.  

Una resolución que no se conoció suficientemente el 30 de marzo anuló una norma anterior, por lo que quienes liquidaron salarios sin ese aporte deberían compensarlo doblemente el mes próximo.

Sin embargo, hubo otra normativa con alcance específico para las PyMEs. Ahora, para acceder a ese beneficio, las empresas de hasta 100 empleados deberán registrarse en la AFIP para calificar en una asistencia que incluye la liberación del 95 por ciento de esas contribuciones, mientras que también podrían obtener el auxilio de hasta un Salario Mínimo Vital y Móvil por trabajador (alrededor de 17.000 pesos) en los casos que emplean hasta 25 personas, mientras que el subsidio se reduce en un 25 por ciento en unidades de entre 26 y 60 trabajadores; y se fija en un 50 por ciento para unidades con más de 60 operarios.

Una bomba de 220.000 millones de pesos

El problema no se reduce al sostenimiento del empleo, ni tampoco la totalidad de las asistencias se reduce al gobierno nacional. Un posicionamiento conjunto de las cámaras de pymes del país apuntó al problema de la cadena de pagos y exigió una ayuda concreta al sistema bancario

“Según cifras que manejamos, el stock de cheques diferidos negociados por las PYMES en poder de los bancos ronda los 220.000 millones de pesos. De este monto, entre el 35 y 40 % vence en abril, es decir durante y post cuarentena  obligatoria. A lo dicho se suman los valores en cartera que no fueron depositados y las facturas emitidas que deberían haber sido cobradas en este período”.

El posicionamiento, avalado por más de 80 entidades de pequeñas y medianas empresas, avanza en solicitar una medida concreta por parte del sector bancario. Como primer paso, exigen que “las entidades financieras actúen como banca de crédito y que cubran los cheques de aquellos clientes que siempre han cumplido para que se acrediten en las cuentas que lo depositaron”. 

En segundo lugar, que “otorguen un plazo lógico y posible por esta deuda con baja tasa de interés para lo mencionado, tomando como referencia el 24% que ofrece el Gobierno”.

En la provincia, las entidades que representan a las PyMEs trabajan en una batería de medidas a solicitar en los próximos días, considerando que las líneas crediticias no alcanzan todavía para afrontar la situación: “en 60 días, las empresas van a tener que pagar los salarios y también la cuota del banco, lo que va a ser imposible en este contexto de paralización de la economía”, explicó un analista financiero referenciado por el sector. 

La necesidad de que se reprogramen vencimientos de impuestos es otra herramienta que se espera del gobierno nacional, pero hasta ahora no hubo señales en ese sentido.

El salvavidas pierde aire

Las novedades desde el plano internacional no terminaron de aportar el efecto buscado en cuando al precio del petróleo. Un acuerdo de recorte de apenas 10 millones de barriles por día, según esbozaron Rusia y Arabia Saudita el jueves último, no es suficiente para equilibrar los precios, aun cuando ese recorte se incremente a hasta los 14  millones, cuando hubiera sido necesario no menos de 20 millones, tal como explicó el analista José Luis Sureda en entrevista exclusiva con ADNSUR, horas después del acuerdo.

Con el crudo fluctuando en torno a los 30 dólares, la semana se abrirá con la expectativa sobre el barril criollo: el miércoles 15 deben liquidarse las regalías petroleras de marzo y será vital la definición sobre el precio en que tendrá que calcularse: si se fija un precio de referencia interna, en torno a los 40, la provincia perdería unos 200 millones de pesos en relación a enero. Si se fija en 45, el ingreso no sufriría pérdidas. 

Pero si se liquida en 30 dólares, como promedió en marzo el precio internacional, la merma llegaría a 600 millones de pesos. Además de esa medida, Chubut espera una definición en torno a las retenciones  a la exportación: los contratos para mayo ya anticipan que al precio internacional se le restarán otros 10 dólares, por lo que una quita temporal de ese gravamen se transforma en una medida fundamental para preservar un 30 por ciento de la producción de la provincia.

En ese escenario, las operadoras y sindicatos con representación en Chubut trabajan en procura de un acuerdo por 60 días, enmarcado en el decreto nacional emitido por el presidente Alberto Fernández, para evitar despidos y suspensiones, aunque con 3.600 operarios en sus casas y cobrando un 65 por ciento del salario. Nadie puede asegurar hoy qué pasará en el día 61.

La situación es más compleja para sectores vinculados a la construcción en yacimientos, como consecuencia del freno a todas las actividades vinculadas a perforación. Esta semana se debe retomar la audiencia conciliatoria, por la que Edvsa suspendió a alrededor de 290 trabajadores, a los que pretende pagar sólo un 15 por ciento del salario durante seis meses. Fue en referencia a ese problema, que el directivo de otra empresa aludió a la imposibilidad de sostener el empleo y salarios cuando la facturación cae directamente a cero –como suele ocurrir en los ciclos negativos del petróleo-.

Se suman así a lo anticipado por la cadena nacional Garbarino, que este mes abonó sólo un 30 por ciento del salario a sus trabajadores, según denunció el sindicato, o la pandería local Barile, que si bien pagó los salarios de marzo con un crédito, anunció que los salarios de abril se reducirían en un 50 por ciento por efecto de la caída de ventas.

Está claro que las pandemias no se pueden frenar por decreto. Sin embargo, la receta parece ser siempre la misma.