COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La audiencia, convocada en los términos de la ordenanza 7.035-01/00, comenzó pasada las 10 de la mañana y tuvo la modalidad presencial en el interior del Centro Cultural, con una gran aglomeración de personas en el exterior del edificio, a la espera de su turno para exponer, lo que resultó llamativo frente a la aceleración de contagios por COVID en la ciudad.

Una de las críticas permanentes fue a la falta de carácter vinculante de la audiencia, es decir que no es resolutiva, aunque los concejales deberán tomar en cuenta los argumentos escuchados a la hora de tomar una resolución. “Esto termina siendo sólo una catarsis”, cuestionaron varios de los exponentes, a lo largo de las más de 8 horas de la extensa jornada, aun no se presentó la totalidad de los 141 inscriptos.  

Desde la cooperativa se argumentó el pedido de aumento tarifario sobre la base de que el último incremento se dio en diciembre de 2019, luego de haber sido solicitado en septiembre de 2018, algo que los participantes no terminaron de aceptar, ya que la mayor parte de los vecinos cuestionó el porcentaje de incrementos en comparación a la crisis del último año.

Riesgo para la prestación de servicios

La situación de riesgo de quebranto del sistema de servicios fue reconocida por el secretario de Servicios Públicos, Luis Ferrero, quien admitió que de continuar con el cuadro tarifario actual podría llegarse a situaciones límites, con cortes de energía y suspensiones de agua de forma prolongada. 

Ignacio Forner, gerente de la institución, detalló que el incremento solicitado, del 46 por ciento para el servicio de agua y del 60 por ciento para la distribución de electricidad, tendrá una incidencia final en el precio de la factura con un promedio del 42 por ciento en la factura final, para usuarios de bajo consumo medio bajo (150 kw/hora). La incidencia sube al 46 por ciento para consumos de 250 kw/h  y se eleva al 49 por ciento para consumos superiores.

“El 83 por ciento de los usuarios va a pagar una factura de 6.000 a 6.500 pesos”, indicó a modo de referencia sobre el impacto final. Este punto fue rebatido luego por varios de los exponentes, que presentaron facturas actuales por valores superiores, en algunos casos por ubicarse entre los sectores considerados electro intensivos o en zonas de alto consumo de agua, como en km. 17, con sistemas productivos que demandan grandes volúmenes de agua. Una de las vecinas indicó que paga 25.000 pesos por ser electro intensiva, al vivir en un barrio sin gas.

Antes, Forner había detallado que el déficit mensual para la compra de energía eléctrica asciende a 160 millones de pesos por mes, por la diferencia entre lo recaudado y lo que debe pagar a CAMMESA, lo que explica la deuda de 4.200 millones de pesos acumulada hoy con la administradora.  

También detalló el impacto del Valor Agregado de Distribución (VAD), que fue excluido de los ítems que pueden actualizarse según la ordenanza 6050/17, que sólo considera a los costos salariales y al costo de la energía como factores que pueden alterar el cuadro tarifario. 

En relación a ese factor, que incluye todos los insumos y equipamientos necesarios para prestar el servicio, precisó que el retraso acumulado es del 300 por ciento, ya que la última vez que se permitió un incremento fue en el año 2016. 

“Aun cuando se apruebe este aumento tarifario –señaló Forner-, quedaríamos 40 por ciento debajo de la distribuidora de Jujuy o el 90 por ciento por debajo de San Juan, que son ciudades con un poder adquisitivo menor al de Comodoro Rivadavia pero que al permitir las actualizaciones periódicas, pueden tener sus cuentas saneadas”. 

Críticas al servicio

Una gran parte de los expositores rechazó el pedido de incremento y reclamó más información de parte de la cooperativa, al tiempo que hicieron referencia a la escasa calidad de los servicios, como los cortes de suministro, tanto de agua como de electricidad en distintos sectores. La falta de micro medición y la demora en reparación de roturas de cañerías de agua o de alumbrado público fue otro de los argumentos planteados por vecinos. Uno de ellos, Carlos Estevao cuestionó la derivación de conductos cloacales en pluviales en zona de barrio Juan XXIII, con los consiguientes olores y riesgos sanitarios.

En ese marco, fue criticado el rol del Ente de Control de Servicios Públicos municipal. También se planteó la situación social de la ciudad, a raíz de la pandemia y la crisis de empleo que continúa provocando el coronavirus. El cuestionamiento alcanzó además al Ente Regulador de Servicios Públicos de Chubut, que no tiene injerencia en Comodoro Rivadavia pero que sin embargo también es sostenido por un cargo adicional fijado en las facturas de toda la provincia.

Varios disertantes coincidieron en un concepto: “No es que la gente no quiera pagar, sino que no se puede”, fue una de las frases escuchadas, además de solicitar una prórroga de 180 días para absorber el incremento. La referencia permanente fue a la crisis provocada por la pandemia, la pérdida de empleos y los congelamientos salariales. 

Uno de los focos de debate estuvo en torno al decreto nacional que prohíbe incrementos de tarifa hasta el 31 de marzo próximo. Sobre ese punto, Forner enfatizó que la norma tiene alcance sobre la provincia de Buenos Aires, pero no así para el resto del país, donde en caso de no acordarse los nuevos cuadros tarifarios, los mismos serán establecidos por decreto. 

El costo de las conexiones clandestinas

Entre los múltiples problemas planteados, se habló de la situación de barrios o asentamientos que no cuentan con servicios regularizados. Uno de los disertantes hizo referencia a la estimación de costos para regularizar esos barrios, que ascendería a un costo actual de 1.200 millones de pesos. 

“Edenor acordó en Buenos Aires que los consumos de los asentamientos deben ser pagados por los municipios de cada lugar.En Comodoro, hay un costo de 16 millones de pesos mensuales, por 4.000 electro intensivos, que son absorbidos por la cooperativa y no tenemos forma de seguir absorbiendo esos costos”, dijo el ingeniero eléctrico Edgardo Donato, empleado de la entidad. 

En ese punto, varios de los vecinos cuestionaron también que se continúen entregando lotes sin servicios desde el municipio, lo que luego termina recargando el costo hacia la totalidad de los usuarios. 

En esos términos, la situación quedó planteada para su definición en el Concejo Deliberante, que deberá tomar una decisión en base a los argumentos expresados por la cooperativa y por el Ente de Control, que reconoció la necesidad del incremento. 
Para conducción de la SCPL, está en riesgo la continuidad de los servicios, ya que según plantearon sus directivos, en 90 días podría ponerse en riesgo la prestación de los servicios.