El STJ se convirtió en la Conmebol del Boca-River institucional de Chubut
Las elecciones en Chubut y los alcances de los 18 votos opositores.
Días pasados, el procurador general Jorge Miquelarena comparó toda la novela en torno a la definición de la fecha de elecciones en Chubut con la batalla de la dirigencia de River y Boca en la Conmebol y el papelón de la final de la Copa Libertadores.
La metáfora futbolera no suena para nada descabellada después de lo visto el jueves pasado en Rawson. ¿Alguien puede decir que es muy loco poner al mismo nivel las piedras al micro de los jugadores de Boca que impidieron el partido en el Monumental con la amenaza de bomba que logró que no se lleve a cabo la última sesión?
El gobierno de Arcioni contra los diputados de la oposición es el superclásico político del momento.
Suena a un título estelar, pero es triste para la vida institucional de la provincia y las consecuencias vienen siendo nefastas. Desde que el actual gobernador hizo su jugada más arriesgada y se animó a desdoblar las elecciones, buscando ganar de mano a todo el arco político de la provincia, logró algo que estaba en ciernes y que se terminó concretando: unir en la vereda de enfrente a todos los que hasta ahora se resistían a juntarse por diferencias internas.
La involución del oficialismo en la Legislatura marca los alertas. Cuando asumió el mando en noviembre de 2017, Mariano Arcioni había heredado de los acuerdos alcanzados por Mario Das Neves y Jerónimo García, una base de 14 votos que le hubiera permitido gobernar sin mayores sobresaltos.
Estaba formada por los 8 votos del Chusoto, más 3 votos del macarthysmo y 3 votos de Cambiemos. Se basaba en un consenso que –es cierto- había que renovar de forma permanente, pero que beneficiaba a cada una de las partes, y que permitía al oficialismo los votos para hacer avanzar sus iniciativas ante un bloque del FPV que iba perdiendo cada vez más integrantes.
La bancada de 16 diputados del PJ había sufrido a comienzos del año pasado dos subdivisiones: la del Frente de Agrupaciones y la del bloque Convergencia, que también en ocasiones solía acompañar al Ejecutivo.
LEJOS Y HACE TIEMPO
Un año después, nada queda de aquella mayoría “oficialista” trabajada con paciencia durante varios meses, sino que por el contrario, las últimas sesiones del período 2017 terminan obligando al gobierno a hacer todo lo posible para que la Cámara no pueda funcionar, ante la inminencia de una mayoría especial de 18 votos en contra.
Este número surge en principio del regreso de los diputados macarthystas al bloque justicialista y de la alianza estratégica del FPV con Cambiemos, cuyos diputados comenzaron a trabajar en sintonía con la batalla al desdoblamiento electoral.
También -más allá del “pase” de la diputada Cecilia Torres Otarola al oficialismo-, hay que marcar que la sociedad entre Arcioni y el líder petrolero Jorge “Loma” Ávila, le provocó una baja en su propio bloque: la del petrolero Mario Mansilla. Y lo peor es que hasta aquí no se puede decir que le haya redituado ningún beneficio legislativo, ya que si bien se supone que el diputado Carlos Gómez responde al mandato de Ávila y por lo tanto debería convertirse al oficialismo, hasta aquí evitó aparecer en cada sesión polémica y no ha sumado una mano más al Chusoto.
En la última sesión, este número ya de por sí importante de 16 bancas, logró lo que necesitaba: los dos votos de Di Filippo y Brúscoli, los miembros de Convergencia.
En el medio, hubo una dura acusación del diputado arcionista Roddy Ingram, quien sostuvo que hubo un acuerdo por el cual se logró el apoyo de la mayoría del PJ a la ley que crea 4 nuevos permisos de pesca a cambio de los votos para insistir en la abrogación de los decretos de convocatoria a elecciones.
A pesar de la interrupción del jueves y de la denuncia legislativa, está todo dado para que la ley de los permisos salga el martes, aunque no contaría con los votos necesarios en caso de un futuro veto de Arcioni. Sin embargo, el daño está hecho: la oposición logró los dos tercios del total.
LOS FAMOSOS DOS TERCIOS
Da la impresión de que nunca se hubiera dimensionado desde el oficialismo el peligro institucional que significa tener en frente a una mayoría especial que está en condiciones de “cogobernar” si así se lo propone.
¿Qué significa tener dos tercios de la Cámara en contra? Por supuesto que en primer término implica que ninguna iniciativa del gobierno está en condiciones de ser aprobada, como el presupuesto que está hoy en tratamiento por ejemplo; sino mucho peor.
La oposición puede sancionar cualquier tipo de ley y está en condiciones –ante un hipotético veto del gobernador- de volver a insistir y dejar firme y aplicable la norma.
Además, hay que decir que con 9 votos se puede interpelar a cualquier ministro del gobierno, algo que se está evaluando en el caso de Federico Massoni y el sospechoso accionar en torno a una supuesta “zona liberada” el pasado jueves, que hizo temer a los diputados por su integridad física.
Y la pregunta siguiente es qué podría suceder si el Ejecutivo, en este juego de quién tiene más poder, no promulga las leyes y no envía a sus funcionarios a las convocatorias de la Cámara. Y aquí surge una posibilidad muy peligrosa, que parece hasta aquí nadie en el gobierno ha considerado.
Hoy la oposición está casi al límite de las condiciones de hacer un juicio político y despedir de su cargo a quien quiera.
Las Salas de Acusar y de Juzgar se conforman por sorteo y tienen 14 y 13 miembros respectivamente. Con 10 votos en la primera y 9 en la segunda, los diputados podrían despedir al Gobernador, o a cualquiera de sus ministros del gabinete, así como a los ministros de la Corte y al Procurador y al Defensor General.
Con un festival de leyes vetadas, sesiones suspendidas y demandas de inconstitucionalidad ante la Justicia, cualquier escenario es posible. Los diputados del PJ quedaron con la sangre en el ojo luego del martes, ante una movida del gobierno que fue una “avivada política” que según dijo el jefe de la bancada justicialista, Javier Touriñán, “la entiendo, pero no la comparto”.
En un terreno de especulaciones, hasta la pasibilidad de un juicio político no sería una locura teniendo en cuenta la pérdida de diputados aliados, con cierres que apuntan a un 2019 que aún está lejos.
LA GUERRA POR LA FECHA DE ELECCIONES
Tal como están las cosas, todo parece indicar que en la sesión del próximo martes, la Legislatura va a insistir con 18 votos en las dos leyes que abrogan los decretos que convocan a elecciones firmados por Arcioni, es decir, las PASO del 7 de abril y las generales del 9 de junio.
Cuando esto se concrete, será un round más de esta pelea por la fecha de elecciones en las que quedará plasmado definitivamente lo que se considera un conflicto de poderes.
El Ejecutivo asegura que es el Gobernador el que tiene potestad para convocar y que la Legislatura está cometiendo un acto inconstitucional al pretender dar vuelta los decretos de convocatoria.
Por eso hizo una presentación ante el Superior Tribunal, para que a través de una medida cautelar deje firme la convocatoria y permita al Tribunal Electoral avanzar en el cronograma y armado de los padrones provinciales. Además, sostiene que la Cámara necesita tres cuartas partes del total de sus miembros, es de decir 21 votos, para poner una fecha fija de elecciones primarias el segundo domingo de agosto, algo que hasta aquí sancionó con 16 votos.
Por su parte, la mayoría de los diputados de la Legislatura entienden que es potestad del Poder Legislativo la fijación de las reglas electorales, y que además al adelantar las elecciones 4 meses, la provincia puede perjudicar a un número importante de chubutenses que verían afectado su derecho a sufragar.
Y así quiere dejarlo plasmado con su votación del martes, en la que en los hechos se caería el desdoblamiento electoral, salvo que el Ejecutivo –que ganó un poquito de tiempo con el aplazamiento por la amenaza de bomba- saque un as de la manga y logre frenar lo que hasta aquí es una clara derrota legislativa.
De todos modos, está claro que ante esta pugna, quien deberá resolver la cuestión de fondo será entonces el Superior Tribunal Justicia, integrado por un pleno de 6 formado por cinco jueces subrogantes (todos integrantes de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil de Trelew y Puerto Madryn) y Miguel Donnet como único ministro titular (si es que no se toma licencia, tal como se rumorea en los pasillos judiciales).
Hay que tener en cuenta que Alejandro Panizzi no puede participar por ser presidente del TEP y que Mario Vivas se excusó por haberlo suplantado un mes en el TEP y haber resuelto en ese lapso, dar curso al pedido de los padrones a la justicia federal, que –dicho sea de paso- esta semana estará entregando un padrón provisorio digital para que ya la gente pueda empezar a consultarlo.
Siguiendo con la metáfora del comienzo, habrá que ver de qué manera esa especie de Conmebol en la que se ha convertido el Poder Judicial en medio de este superclásico, desempata un asunto grave desde lo institucional, que tiene paralizada a una provincia en emergencia económica y con un alto nivel de endeudamiento.
Ojalá no sea con otro papelón como jugar una final de un torneo americano en Europa. Que sea un fallo claro y contundente, que no deje dudas a la ciudadanía, que tiene la cabeza en mil asuntos urgentes, menos en el día en que se va a votar en 2019, algo que solamente desvela a su clase dirigente.
