COMODORO RIVADAVIA (Por Pablo Vernazza / Especial para ADNSUR) - A un año del “sobre bomba” que fuera depositado de manera anónima en la Legislatura con apenas algunas fotocopias de facturas de compras de la emergencia climática, la última semana dejó en claro que las “esquirlas” aún siguen salpicando a más funcionarios, ex funcionarios y empresarios de la construcción.

Las investigaciones judiciales que intentan desenmarañar el "modus operandi" de la corrupción en Chubut se asemejan a una bola de nieve que se hace cada vez más inmensa y es imposible avizorar a esta altura de los acontecimientos cuál será el final de esta vorágine de hechos, como así tampoco las consecuencias políticas y si este cimbronazo servirá en algo para cambiar lo que ya no caben dudas, es un funcionamiento estatal donde la corrupción está absolutamente enquistada.

Las sucesivas audiencias dejaron a exfuncionarios y empresarios con prisión preventiva y domiciliaria durante los primeros meses de investigación.

No resulta sencillo tratar de ordenar semejante cantidad de información, ya que luego de 12 meses hay en marcha al menos una docena de causas que apuntan a delitos que se habrían cometido en ejercicio de la función pública, con distinto grado de avance y de gravedad.

¿CUÁNTAS SON LAS CAUSAS ABIERTAS?

Hasta el momento, hay 7 causas abiertas y otras tantas con investigación preliminar muy avanzada. Hay 11 imputados que permanecen con prisión preventiva, entre ellos ex ministros de la gestión Das Neves, empresarios y familiares de funcionarios. Otros cumplen prisión domiciliaria y muchos han recuperado la libertad luego de haber reconocido el pago de sobornos y haber colaborado con la investigación.

El problema con el que se encuentran los fiscales, especialmente los de la causa Revelación, es la magnitud del número de personas implicadas. Todos los días aparecen más pruebas que pueden comprometer a nuevos empresarios y a su vez, los imputados aportan datos y hacen declaraciones que involucran a otros funcionarios o ex funcionarios. P

or ejemplo, esta semana se difundieron algunos de los más de 26 mil mensajes de Whatsapp entre Diego Correa y Diego Lüters, en los que aparecen mencionados compañeros de gabinete y empresarios. Y el último lunes, un abogado defensor declaró en una audiencia, que esta matriz de corrupción nació en 2004 y terminó el año pasado sin interrupciones, involucrando también a la gestión anterior de Martín Buzzi.

Ante este panorama, como ocurrió con la declaración de Diego Lüters, los fiscales deben ir corroborando cada uno de los datos y sumando más imputaciones, con el riesgo de que las audiencias sean impracticables por límite de tiempo y espacio. Ni hablar de un juicio oral de este tipo, que ya se habla –mitad en serio mitad en broma- de hacerlo en un teatro o en un gimnasio.

La situación procesal de los imputados fue analizada por fiscales, que ven en esta causa una "bola de nieve" que dispara todavía mas investigaciones.

PRISIÓN Y ESTRÉS

A esto hay que sumarle la presión y el estrés que todo esto genera en los protagonistas, que los lleva a cometer errores que de otro modo serían incomprensibles.

Un ejemplo de esto es lo que ocurrió el último miércoles con la detención del ministro de Familia, Martín Bortagaray, en un procedimiento que violó claramente el artículo 248 de la Constitución Provincial, que otorga inmunidad de arresto a un funcionario de ese rango.

Lo extraño del caso es que el error lo cometieron no sólo los fiscales, sino también el juez Sergio Piñeda que autorizó el procedimiento, lo que para algunos especialistas podría valerle un pedido de jury.

En definitiva todos terminaron favorecidos por el abogado defensor de Bortagaray, quien le hizo firmar por escrito la renuncia a sus fueros para acceder a una declaración que no aportó ningún dato pero que lo dejó libre y que sirvió a su colega, Alejandro Pagani, para utilizar la misma estrategia de hablar para no decir nada, y obtener al menos una prisión domiciliaria que resulta injusta en comparación con sus pares que están acusados de lo mismo y están en prisión, como Oca, Cisterna y Carpintero.

Otros hechos que ocurrieron esta última semana muestran lo enrarecido de todo el clima que rodea a este tipo de causas. Por ejemplo, el planteo inaudito de parte del Gobierno de que no puede garantizar la seguridad a Diego Lüters en prisión, algo que fue desmentido por el jefe de la comisaría segunda de Trelew donde se encuentra alojado, de acuerdo al informe que remitió al juez Piñeda.

Las preguntas que se escuchan en las salas contiguas a la oficina judicial, luego de que Lüters declarara en una de las causas que todo este sistema corrupto se acabó con el advenimiento de Arcioni al poder, es lo llamativo que resulta que el gobierno esté promoviendo una prisión domiciliaria sólo para éste imputado en particular, y en cambio sí garantice la seguridad del resto de los presos de la provincia.

LA HORA DE LOS EMPRESARIOS

Los 8 nuevos empresarios acusados de cohecho activo el pasado lunes seguramente no serán los últimos, ya que los fiscales Nápoli e Iturrioz siguen obteniendo pruebas del circuito de cheques que iban a parar a la “caja negra”.

La estrategia de los abogados de los constructores apunta al argumento de que fueron apretados para cobrar, por lo que en realidad fueron víctimas del sistema, y la causa parece encaminarse a una especie de “probation” masiva en la que deberían coincidir los querellantes respecto al monto del resarcimiento para el estado.

Todos están de acuerdo en que las obras propuestas hasta aquí por Torraca, Salaberry y Musante son insuficientes, y de que deberán hacer un esfuerzo económico mucho mayor, aunque algunos pretenden que paguen una suma millonaria que el Ministerio Público Fiscal teme que no se acepte por impagable. Esta definición quedó en suspenso hasta una audiencia en la que se resolverá el planteo para todos los empresarios, pero surge la duda de si alguno de ellos puede verse comprometido a futuro con nuevas pruebas.

Conformarse con creer que la corrupción sostiene el funcionamiento de los gobiernos es resignarse a vivir en un castillo de naipes.

CAUSA POR CAUSA

1 - EL EMBRUJO

El Embrujo es la causa madre de la investigación, que comenzó con las detenciones hace 6 meses y ya se concretó la acusación para ser elevada a juicio oral con 12 imputados en total, cinco que están en libertad y siete detenidos: Diego Correa, ex subsecretario de Unidad Gobernador, está sindicado como jefe de una “asociación ilícita en perjuicio de la administración pública” conformada por su mujer, Natalia Mc Leod; el ex secretario privado Diego Lüters; Daniela Souza, Juan Carlos Ramón, Sandro Figueroa y el empresario Federico Gatica.

Este último está imputado del delito de lavado de activos. La acusación incluye peculado, administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito, y se estima que correa se enriqueció en al menos 35 millones de pesos, por lo que se pide el decomiso de todos sus bienes. La causa está a cargo de los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams.

2 - REVELACIÓN

La causa Revelación, que apunta a una asociación ilícita encabezada por funcionarios provinciales durante 2016 y 2017 a partir del descubrimiento de retornos de empresarios de la obra pública que aportaban a una caja negra que se sospecha fue utilizada para pagar sobresueldos y enriquecer a funcionarios.

Lleva hasta aquí a más de 20 imputados, entre los que se destacan como organizadores de la banda a 7 personas: los ex ministros Víctor Cisterna, Pablo Oca, los ex funcionarios Gonzalo Carpintero, Diego Correa y Diego Lüters, el único empresario acusado a este nivel y por lo tanto también con prisión, Federico Piccione, y el único con prisión domiciliaria, el ex ministro Alejandro Pagani.

Además cumple prisión preventiva Pablo Bastidas, acusado de ser recaudador del ex ministro Cisterna, el periodista comodorense Andrés Ninín por operaciones para la compra de Canal 9 con dinero de los retornos, y está imputado como miembro de la asociación ilícita el ex titular del IPV, Martín Bortagaray. Por esta causa también están imputados de cohecho al menos unos 20 empresarios de la construcción. Los fiscales que la llevan adelante son Héctor Iturrioz y Marcos Nápoli.

3 - LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

La causa de la Emergencia Climática fue la denuncia original, cuyo expediente se abrió hace un año a partir de una denuncia presentada por los diputados del FPV a raíz de un sobre con documentación que fue dejado en la Legislatura.

Se apunta a las contrataciones directas efectuadas en el marco de la emergencia climática que afectó a la provincia y hay cinco imputados por fraude a la administración pública y concusión: son Diego Correa, Diego Lüters, el ex ministro Coordinador, Alberto Gilardino, la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo y el ex subsecretario Marcelo Suárez. Los fiscales son también Omar Rodriguez y Alex Williams.

Estos mismos fiscales tienen a su cargo otras dos causas:

4- LA INVESTIGACIÓN SOBRE CHITO ALARCÓN

Es la que investiga al ex director de Ceremonial y Protocolo, Oscar Alarcón, quien está denunciado por presunto enriquecimiento ilícito y las presuntas maniobras de lavado de dinero que pudieron originar un enriquecimiento ilícito.

5 - NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES

Es la causa contra el ex subsecretario de Servicios Públicos, Pablo Korn y el empresario Darío D´Amico, por presuntas negociaciones incompatibles por la compra de elementos durante la emergencia climática.

6 - CONTRA SEROS

También se lleva adelante una causa contra el ex presidente de Seros y gerente del Girsu, Christian Eguillor, quien está imputado de “negociaciones incompatibles con la función pública en la modalidad de delito continuado” por contrataciones con SEPAT y Dual Core, firmas de las que era además contador en la función privada.

7 - PRESUNTO ENCUBRMIENTO

Y la última causa abierta hasta el momento es la de presunto encubrimiento contra el empresario trelewense Fabricio Parra, de “JR Automotores”, quien está imputado por obstaculizar una investigación judicial y favorecer el traslado de un vehículo de Diego Correa, que en un principio estuvo a cargo de la fiscal Carolina Marín.

 

INVESTIGACIONES PRELIMINARES

Hay otra serie de denuncias que están muy avanzadas con investigaciones que han derivado en allanamientos y en declaraciones de testigos que seguramente en breve terminarán en audiencias de apertura de investigación por parte del ministerio Público Fiscal.

Algunas de ellas son por ejemplo la causa por presunto peculado contra la ex ministra Leticia Huichaqueo, por la desaparición de una gran cantidad de bolsas de alimento para mascotas que habían sido donadas durante la última emergencia climática.

También la denominada causa del IAS, donde se investiga la “autocontratación” de una empresa de sonido SONO del gerente de relaciones institucionales de Lotería del Chubut, Joshué Dahhur, quien sería acusado por presuntas negociaciones incompatibles.

Otra investigación muy avanzada es la de Servicios Públicos, donde empresarios y ex funcionarios de esa área están sospechados por contrataciones directas en cuatro obras eléctricas por un monto de 260 millones de pesos que se habrían efectuado de manera irregular.

Otra causa es la de los aviones, que tiene una investigación muy avanzada y que involucraría en principio al ex subsecretario de Unidad gobernador, Diego Correa. Tiene dos aspectos relacionados, como es el uso indebido del avión sanitario y hasta la defraudación a pacientes que denunciaron haber sido estafados, como también la contratación de aviones privados con fines particulares, como el traslado de figuras políticas o viaje con familiares.

A este panorama general hay que sumar la denuncia por la contratación de cámaras de video vigilancia que fue presentada por el ministro de Gobierno, Federico Massoni, y avalada por la Fiscalía de Estado. Se investiga la contratación directa a la empresa Global View por 34 millones de pesos de cámaras de seguridad durante las gestiones de Rafael Williams y Pablo Durán. Según los denunciantes las mismas fueron entregadas obsoletas y no funcionan.

Los fiscales también investigan la intervención de la Dirección de Viviendas Oficiales con una posible participación de maniobras defraudatorias, ya que habría autorizado la reparación sin los controles correspondientes, como un desprendimiento de la causa El Embrujo. Además se investiga el supuesto enriquecimiento ilícito de la familia Das Neves.