COMODORO RIVADAVIA (Por Ana Tronfi / Editora responsable ADNSUR) – De la prolija caligrafía de los cuadernos de Oscar Centeno a las ordenadas planillas de Excel con porcentajes de retornos y sobresueldos en negro para funcionarios públicos en Chubut, el primer tomo de “cuadernos de la corrupción” exhibe un correlato escalofriante entre lo que ocurre a nivel nacional y en esta provincia, en ambos casos fundado en un contrato sellado entre funcionarios públicos y empresarios.

Esta fluidez entre poder y plata (y hasta hace pocos meses, impunidad) ya tiene en Chubut un listado propio de protagonistas: un total de 16 empresarios enfrentan, con diferente escala de responsabilidad, causas judiciales como imputados y partícipes necesarios en el armado de la caja negra de la política. A la lista se suma otro conocido empresario chubutense, en la mira del juez federal Bonadío.

En una de las primeras audiencias de la investigación en Chubut –que actualmente mantiene activas 8 causas por corrupción en donde diversos actores desentrañan una misma matriz- los fiscales cuantificaron el fraude: estimaron que circulaban en cheques y efectivo unos 10 millones de pesos mensuales.

¿CUÁNTO SE PAGÓ EN COIMAS?

Esto es lo que el empresariado aportaba al “agujero negro” de pagos a funcionarios para destrabar sus obras. Durante dos años, entonces, un mínimo de 240 millones de pesos fueron a parar a esa caja negra, según el cálculo que se desprendió solo de las planillas de Excel encontradas en los allanamientos al exintengrante de la Unidad Gobernador, Diego Correa.

¿Y de dónde salía esa plata? De la fuente inagotable de la obra pública, sobre la que el propio Estado admitía sobreprecios de hasta el 50 por ciento para mantener aceitados los engranajes de pago dentro de su estructura.

Para explicarlo: un empresario tenía una obra con el Estado, pero demoraban en pagársela. Un intermediario gestionaba la cancelación de estos certificados en Rawson. Un funcionario con poder de decisión en la cadena para liberar los fondos pedía como “adelanto” el 5 por ciento de la deuda si se abonaba con cheques o el 3 por ciento en efectivo para cancelar las facturas pendientes. Un valijero llevaba la plata todos los meses. Y “clinc caja”.

EMPRESARIOS IMPUTADOS

A los 16 empresarios imputados  -15 en la causa “Revelación” y uno por sobreprecios y contratación directa en insumos durante el temporal que el año pasado azotó a Comodoro- se sumarán en las próximas semanas otros cinco.

El primer “pelotón” mantiene por ahora como único detenido a Federico Piccione, dueño de la empresa Nitens SRL, que en representación de la Cámara de la Construcción llevaba a Rawson los cheques y el efectivo para destrabar los pagos. Por eso el único imputado todavía tras las rejas está acusado de ser uno de los organizadores de la “asociación ilícita”.

Para la recaudación se aplicaba un criterio “federal” que involucraba a las principales localidades chubuteses. A la lista de imputados en el marco de la causa "Revelación" se suman Daniel Russo (War Construcciones SRL), Patricio Musante (presidente de la Cámara de la Construcción de Trelew), Esteban Torraca (Presidente de la Cámara de la Construcción de Comodoro Rivadavia), Oscar Peña (de Esquel, dueño de Peña Construcciones SRL), Juan Salaberry (de Trelew, propietario de Arteco SA), Carlos Villegas (Villegas Construcciones SRL), Luis Igarzabal (de Rawson, OCP Ingenieria y Construcciones SRL), Mauricio Capandeguy y Patricio Manzanel (de Esquel, de la firma Capman SRL), Carlos Castro Blanco (de Trelew, Apicons Elaborados SA), Oscar Sandín (de Trelew, Sandin Construcciones SRL), Gustavo Moretta (Libra Construcciones SA), Fernando Quistani (de Comodoro, Habitar SRL), y Andrés Barrionuevo (de Trelew, de la firma IPE SRL).

En las últimas semanas se sumó otra causa y otro empresario imputado: Rubén D' Amico, amigo y socio del exfuncionario dasnevista Pablo Korn, que fue contratado de manera directa para compra de materiales por 3,7 millones de pesos para por el temporal en Comodoro. A ambos se los acusa de  “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la modalidad de delito continuado”.

Dos detalles del listado general de empresarios: hay referentes de las principales ciudades de Chubut y presidentes de las cámaras de la construcción. Excepto Piccione, apuntado como la mano derecha de Diego Correa en Comodoro, a los restantes se los acusa de “cohecho activo”.

Pablo Korn, exfuncionario de Mario Das Neves, y Rubén D'Amico. Ambos imputados por la compra directa de materiales durante el temporal en Comodoro. Se sospechan sobreprecios.

¿QUIÉN PAGA?

Cuatro empresarios de la lista de la causa Revelación “picaron en punta” y pidieron una suspensión de juicio a prueba. Torraca, Salaberry, Musante y Peña hicieron, en el marco de la solicitud de la “probation”, una oferta de una obra a cambio de resarcir el delito o, lo que es lo mismo, evitar una condena bajo la instancia de juicio oral y público.

Por ejemplo: Torraca ofreció remodelar la comisaría de Kilómetro 3, Salaberry otra comisaría de Trelew y Musante construir un SUM en Gaiman. Los montos por cada empresario: entre uno y dos millones de pesos.

En cada audiencia, los empresarios montaron una estrategia común: justificaron el delito, es decir, el pago de sobornos; a partir de la extorsión que ejercían los propios funcionarios de turno para liberar los pagos de la obra pública.

El debate quedó instalado: ¿salvará la “victimización” a los empresarios involucrados en los andamiajes de la corrupción? Lo sabemos: de los empresarios dependen las fuentes de empleo. El argumento de pagar coimas para cancelar los sueldos de sus estructuras, ¿justifica el círculo vicioso de sobreprecios de la obra pública? En este sistema, ¿Habrá habido “ganancia” para los propios empresarios?

Y las preguntas del millón: ¿cuánto sale pagar un delito? Y en todo caso, ¿será plata proveniente del propio circuito? ¿se debe pagar con cárcel? O si es que existe, ¿con condena pública?

La oportunidad es histórica porque, de la respuesta, se desprenderá un modo de hacer política y de administrar los recursos del Estado. En todos los grises del caso, sería óptimo que la sanción no deje sabor a impunidad.

UN LAZO CON NACIÓN

Chubut, está claro, pone su grano de arena a un escándalo nacional. Los “cuadernos de Centeno” arrasaron exfuncionarios y también pusieron a nivel nacional la lupa sobre los grandes empresarios y dueños de la obra pública en el país. El circuito se replica aquí y allá, con pago de coimas, valijas con pesos, dólares y euros y funcionarios y empresarios millonarios.

El juez federal Bonadío tiene en la mira a un empresario que se crió e hizo negocios en Chubut: Alejandro Ivanissevich.

La provincia también aportó lo suyo en la causa del juez Bonadío, que la semana pasada procesó a 54 personas en las que incluyó a la expresidenta Cristina Fernández de Kichner junto a los empresarios mas renombrados del país. Bonadío, tal como ya contó ADNSUR, habla de una “colusión” entre funcionarios y empresarios entre 2003 y 2015. Y la define como “un pacto ilícito en daño de tercero”. Los terceros seríamos nosotros, los ciudadanos.

El juez federal dice que esta “maquinaria” le sacaba con “procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro, etc., etc”. Y etcétera.

Y añade, tal como contó esta semana ADNSUR, una consideración especial referida a los empresarios: “… y todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados”.

Para no ser menos, en la lista de Bonadío que pone bajo sospecha a pesos pesados como Benito Roggio, Angelo Calcaterra, Eduardo Eurnekian, Enrique Pescarmona, Carlos Wagner, también hay un chubutense: Alejandro Ivanissevich,

En la causa de Bonadío, Ivanissevich está procesado pero sin prisión preventiva, por el delito de asociación ilícita, en calidad de miembro; y dación de dádivas (en un hecho) en calidad de autor.

Al igual que a los demás, se le trabó un embargo por 4 millones de pesos. El empresario declaró ante Bonadío que los aportes se los pidió Roberto Baratta, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal y mano derecha del ex ministro Julio De Vido, detenido en esta causa.

Ivanissevich se crió en Rawson y trabajó en la década de los 90 en la privatización de la antigua Gas del Estado y luego como ejecutivo de la italiana Camuzzi. Mas tarde fundó Emgasud, una pequeña distribuidora de gas que comenzó en la costa atlántica que terminó especializándose en la construcción de gasoductos.

Acá es donde se hizo conocido en Chubut: este empresario es quien construyó el Gasoducto Patagónico en el primer mandato de exgobernador Mario Das Neves y quien estuvo detrás del Proyecto Ingentis.

La empresa Ingentis - un proyecto que apuntaba a instalar un proyecto energético de 400 Mw de generación termoeléctrica y otros 100 Mw eólicos- se formó en julio de 2007 con participación de Emgasud, propiedad de Ivanissefich, con el 61%, y la provincia de Chubut con el 39%.

Posteriormente, a principios de 2008, Emgasud vendió su participación y se retiró del proyecto. En la pericia que investiga un fraude al Estado de Chubut, surgió que en aquellos meses Emgasud vendió caños que habían sobrado de la obra del gasoducto a la empresa Ingentis, posiblemente a precios por encima de lo que marcaba el mercado en ese momento. La pericia dice que hay posibles maniobras de vaciamiento en este proyecto.

Ingentis dejó una denuncia penal formulada en 2012 por la Fiscalía de Estado, que sostiene que fue una maniobra en perjuicio del Estado provincial, ya que el resultado del proyecto no derivó en resultado alguno: sólo se compraron dos turbinas, una de las cuales se quedó en poder de Marcelo Mindlin –dueño de Pampa Energía, otro de los socios privados del proyecto- y una segunda turbina que todavía se encuentra en Estados Unidos, cuyo costo para reparar y traer al país es de varios millones de dólares. Por otra parte, Pampa Energía (de Mindlin) le reclama a Petrominera una deuda de 6 millones de dólares por la compra de su participación en el proyecto, en el año 2010.

PARALELAS QUE SE TOCAN

Un sospechoso paralelismo explica en detalle un mismo modo de operar junto al Estado. Una cachetada a los supuestos controles que el sistema –con los organismos de contralor del propio Estado- debe ejercer en resguardo de los fondos públicos y su correcta administración para garantizar, al menos, servicios básicos como la salud y la educación.

En ambas investigaciones, de claro correlato, se exponen los engranajes y beneficiarios de negociados en los que, desde un punto de vista judicial, Chubut fue pionera. La suerte está echada.

Y una pregunta que flota en el aire: ¿podrá derrotar el sistema al propio sistema?.Para salir del círculo vicioso, habrá que seguir muy de cerca los próximos movimientos de las causas judiciales en marcha.

Informe: Pablo Vernazza