RAWSON (ADNSUR) - Una vez aprobada ayer martes la Ley que autoriza al gobierno a tomar un préstamo con el Fondo Fiduciario Federal por $ 5 mil millones en tres tramos, se trabaja contra reloj en el Ejecutivo para enviar la promulgación de la norma a Nación, para destrabar lo antes posible el arribo de la primera de las tres cuotas, que implica $ 2 mil millones. Según el anuncio realizado por el gobernador Mariano Arcioni, con este primer envío, está previsto pagar este viernes los sueldos de agosto al 56 % de los estatales, unos 36 mil agentes públicos incluidos en los rangos 1 y 2, más el personal de Salud del mes de agosto.

Pero el dato nuevo que surgió a último momento en el tratamiento de la ley por parte de los diputados, fue el agregado de un artículo con el cual se pretende repetir lo ocurrido con este mismo endeudamiento tomado en junio, que en aquella oportunidad el gobierno ofreció a los intendentes que quisieran tomar deuda, bajo la aplicación de los índices coparticipables. Pero lo que en ese caso fue un acuerdo político impulsado por el gobierno, ahora los diputados lo incluyeron en la ley y establecieron que se debe destinar con este fin un 7 % del total del préstamo, lo que quiere decir, unos $ 350 millones.

El número frío no dice nada, pero si se busca una referencia, equivale a toda una masa salarial del personal de la policía chubutense. Algo que no estaba previsto y que al gobierno le generó un dolor de cabeza, más allá de que ese dinero también se bajaría en tres cuotas y que no necesariamente sería absorbido por todos los municipios. Esto es así, porque el endeudamiento no es compulsivo, sino que -como ocurrió la vez anterior- es probable que muchos intendentes elijan no tomar la deuda para no tener que afrontar luego el pago con intereses de más del doble a 30 meses.

Si bien en el Ejecutivo evalúan promulgar la ley tal cual fue aprobada, sin ningún tipo de veto parcial para de este modo agilizar el trámite y obtener los fondos, la reforma introducida con los votos del interbloque causó sorpresa, así como los argumentos de los diputados justicialistas. Lo que llamó la atención, es que no se conoce ningún municipio en estos momentos con problemas financieros para pagar los sueldos de sus agentes municipales, y tampoco se ha visto a intendentes golpear la puerta de Fontana 50 pidiendo de manera desesperada una ayuda para afrontar sus gastos.

Hay que recordar que Chubut es prácticamente el único caso a nivel nacional de descentralización de la recaudación, en la que la provincia delegó hace muchos años, el cobro de tributos como los Ingresos Brutos y el Impuesto Automotor a cada uno de los municipios, que cuentan de este modo con una importante fuente de ingresos. De hecho, en la práctica se observa que todas las municipalidades están al día con sus sueldos y el aguinaldo, y en muchos casos cuentan con plazos fijos que les otorgan altos dividendos. Incluso hubo intendentes que acordaron un incremento municipal de salarios en medio de la pandemia, algo impensado a nivel nacional.

Ante este escenario, la pregunta que muchos se hacen es cuál habría sido el verdadero interés de los legisladores –que en off admiten que ningún intendente les pidió nada- en apuntar a esos $ 350 millones de una provincia absolutamente asfixiada desde el punto de vista financiero. “Sólo buscan hacer daño al gobierno”, fue una de las lecturas que se oyeron en los pasillos de Fontana 50. Una muestra más de los cortocircuitos entre la gestión de Mariano Arcioni y la Legislatura que conduce el vicegobernador Ricardo Sastre, quien por otra parte, ayer habló con ADNSUR y defendió la inclusión del artículo sobre el destino de los fondos a los municipios.