La economía que se viene en Chubut: deudas en dólares, regalías y coparticipación

Decisiones nacionales. El presidente electo Mauricio Macri ha dicho en reiteradas entrevistas en la última semana que mantiene su compromiso de campaña en torno a la eliminación del cepo al dólar y la liberación de retenciones a las exportaciones del campo. Enarbolando la bandera del “dólar único”, eufemismo que en la práctica significará una devaluación del peso (“una devaluación que ya existe en la práctica”, dirán los votantes macristas), la incógnita que persiste es de qué magnitud será dicha “adecuación del tipo de cambio”. Vale recordar que es una medida requerida por (o que favorece a) los sectores vinculados a la exportación, por caso el campo y las operadoras petroleras que exportan parte de su producción. 

Como contrapartida, las devaluaciones suelen impactar en el poder adquisitivo de quienes tienen sus ingresos en pesos (es decir, la mayor parte de la sociedad). La última fue en enero de 2014 y el monto de la adecuación fue de un 30%, lo que se trasladó directamente a los precios de productos en góndolas (tuvieran o no componentes en dólares), según un análisis efectuado por el Centro de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Patagonia, que dirigen los investigadores César Herrera y Alejandro Jones. 

Incluso en los últimos días se observaron aumentos de precios en diversos productos, el primero de los cuales se vinculó al incremento de los combustibles dispuesto por YPF horas después de la histórica segunda vuelta, con un 4% de incremento promedio. En este caso, no se puede culpar al “efecto Maci” ni a la especulación frente al dólar; vale recordar que por esa vía, la tarifa de combustibles, las operadoras sostienen el valor interno de 60 dólares por barril de crudo Escalante y 77 para el tipo Medanito. Si se mantiene el acuerdo de precios de incentivos (como venimos reclamando desde nuestra región, para sostener el nivel de actividad petrolera), será inevitable que continúen los incrementos de precios de combustibles. 

Independientemente del tema petrolero, hay otras consecuencias que deben preverse en torno a las consecuencias de la modificación del tipo de cambio. Uno es el traslado a precios internos de la canasta alimenticia, lo que significa una reducción del poder adquisitivo de los ingresos de la población. Una parte de esta licuación salarial sería contrarrestada por otro anuncio que aún no tiene forma precisa, pero que se conocerá en los primeros días del gobierno nacional, si es que Macri cumple también este compromiso: el del incremento de la base imponible para la aplicación del impuesto a las ganancias sobre sueldos. 

Dependiendo de esa modificación, habrá una mejora en un sector importante de los asalariados, pero no se habrá resuelto todavía la disminución de otra gran porción de la base social, que es la de los asalariados de los sectores más bajos de cada escalafón. Para decirlo en términos más simples: una regla que hemos aprendido con dolor en las últimas décadas es que toda devaluación castiga más fuerte a los sectores más humildes de la sociedad. La originalidad radicaría en hallar mecanismos para compensar ese castigo a los sectores más vulnerables, con una herramienta más rápida y eficaz que la de simplemente esperar a que “el mercado se estabilice” (ya hemos aprendido que la “teoría del derrame” no es muy eficaz: el champán derramado en las copas más altas de la pirámide no llega, o no alimenta, a los platos de la parte más baja). 

De la “alegría” por el “dólar único” al impacto real de una devaluación

¿De cuánto será la cotización del “dólar único”? Dependiendo de cuánto sea la modificación, será el impacto inversamente proporcional sobre los ingresos fijos en pesos y directamente proporcional sobre los precios, considerando la experiencia antes mencionada (30% de devaluación en enero del año pasado y su posterior traslado a precios). De la eficacia en las paritarias libres (que Macri también promete sostener) dependerá que el poder adquisitivo salarial pueda sostenerse o reducirse lo menos posible. 

No hay precisiones sobre cuál será el valor del dólar en una fluctuación libre. Creo últil recordar aquí un ejercicio planteado por el economista y periodista Maximiliano Montenegro, durante una disertación realizada en la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia en octubre de 2014, durante la Expo Bovina de esta ciudad. En ese momento, la masa de dinero circulante en pesos en el país superaba los 400.000 millones de pesos (dato que proporcionó “Maxi” al cuestionar la emisión de billetes para cubrir el creciente déficit fiscal), frente a un nivel de reservas que en ese momento era de 28.000 millones de dólares. Es decir, una relación de 14 veces. O sea, 14 pesos por cada dólar depositado. En términos coloquiales, explicaba el analista, suele ser ésa la relación que fija la cotización del dólar cuando éste fluye libremente, en contraposición al cepo cambiario (como confirmación de ese ejercicio de razonamiento, el dólar “blue” cotizaba por entonces en algo más de 14 pesos). 

En la actualidad, según publicaciones de medios nacionales con base en informes del Banco Central, la masa de dinero circulante supera los 510.000 millones de pesos. ¿De cuánto son las reservas? Según declaraciones de Rogelio Frigerio (próximo ministro del Interior y actual presidente del Banco Ciudad) “son cercanas a cero”. A juzgar por la circular emitida por el Banco Central el sábado 21 (un día antes de las elecciones, manito al margen para Scioli), que busca obligar a bancos privados a que liquiden los dos tercios de sus depósitos en dólares (a fin de que estos sean depositados en el Central), pareciera que el argumento de “reservas cero” no es lejano a la realidad. 

Ahora bien. Si la lógica macrista funciona, en tanto asegura que al eliminar el cepo y liberar el dólar, eliminando retenciones a la exportación de soja y otros productos del campo, los mayores agro exportadores del país activarán sus ventas en suspenso e ingresarían de inmediato entre 6.000 y 8.000 millones de dólares, podría pensarse que en ese hipotético escenario la relación sería de, digamos, 50 veces (50 pesos por cada dólar que pasaría a formar parte de las reservas del Central, suponiendo que con optimismo y viento a favor llegarían a 10.000 millones de dólares). 

¿Estoy diciendo que el dólar libre podría llegar a cotizar en 50 pesos? No. Sólo estoy contando argumentos de análisis y el ejercicio efectuado aquí por Maximiliano Montenegro. Pero por las dudas, sería útil preguntar si además de la eliminación del cepo se prevea otro tipo de medidas que puedan evitar una corrida desbocada hacia el dólar, considerando que la “confianza” (que es el factor que podría freno a esa hipotética demanda) lleva un tiempo en construirse. 

El 80% de la deuda de la provincia está tomada en dólares

Más allá de las especulaciones y definiciones que quedan fuera de nuestro alcance, conviene empezar a prever los escenarios posibles para la provincia de Chubut. Una primera consecuencia sería “positiva”, ya que las regalías petroleras se liquidan en dólares a valor oficial y, por lo tanto, en base a una mayor cotización del dólar significaría una mejora en los ingresos en pesos de la provincia. 

Sin embargo, esa mejora circunstancial tiene dos contrapesos de importancia. Por un lado, la menor producción de petróleo que podría haber en la provincia aun cuando se sostengan los precios de incentivo (la hipótesis de que este esquema se caiga plantea un escenario de caos que será motivo de otra columna para el análisis en profundidad), ya que el plan de vacaciones concentradas que empieza este lunes y la baja temporal de equipos tendrá consecuencias en el nivel de producción que, aun atenuadas, motivarán una consecuente merma de ingresos por regalías. 

El otro contrapeso está en el nivel de endeudamiento que tiene la provincia de Chubut. Según nos confirmó el asesor financiero Daniel Enhes –de estrecha vinculación a Mario Das Neves- durante una entrevista en Actualidad 2.0, el 80% de ese endeudamiento está tomado en dólares. Esto significa que el alcance de la devaluación (sea del 40, 50 o cualquier porcentaje) impacta directamente para agrandar esa deuda. La misma se compone fundamentalmente por el bono BODIC 1 y 2, tomado por el gobierno de Buzzi, con plazos de pago en los próximos 4 años (equivalente a unos 220 millones de dólares); y el Fideicomiso financiero creado por Das Neves en 2010, con vencimiento a 20 años, que equivalió en su momento a 150 millones de dólares, de los cuales queda por afrontar todavía alrededor de la mitad. 

En ese plano, queda para analizar hacia adelante cuál es la calidad institucional y el nivel de responsabilidad al momento de contraer deudas en la provincia, para obras que, como el caso de los hospitales y los centros de encuentro que debían solventar el BODIC, quedaron desfinanciadas. 

Esta semana pude observar indicadores de los precios de la construcción en octubre de 2013, al momento de colocarse ese bono en el mercado internacional: el valor de construcción de una vivienda familiar en aquel momento, según datos del INDEC, era de 3.523 pesos. Dos años después, en octubre de 2015, ese mismo ítem se ubica en algo más de 6.000 pesos. Es decir, un incremento del 70% en dos años, lo que significa que la plata que se tomó para deuda, sin que las obras hayan tenido un avance significativo (o ni siquiera hayan comenzado), está totalmente devaluada en pesos (hoy se podría hacer menos de la tercera parte de lo previsto inicialmente). Para colmo, esa deuda se incrementará fuertemente en dólares. Lo que se dice, un negocio pésimo para el Estado…  

Los primeros pasos de Aranguren, ministro de “Energía y Minería”

Tras aquellas polémicas apreciaciones en “Hora Clave”, Aranguren ratificó ahora su idea de que YPF debe permanecer bajo la composición accionaria actual (con mayoría estatal), al tiempo que puso el foco en la gran distorsión tarifaria que existe hoy por la energía eléctrica y que favorece, en la actualidad, a los consumidores de la capital federal, donde se pagan precios irrisorios por el acceso a la electricidad (hasta siete veces menos que en Río Negro y Córdoba, según admitió el ex presidente de Shell). 

Se trata de un tema en el que se debe avanzar porque significa una distorsión que le cuesta al Estado nacional muchos miles de millones de dólares por año (al igual que los subsidios al transporte en el área metropolitana), gran parte de lo cual ha sido solventado en los últimos años por la transferencia de recursos desde las provincias petroleras hacia el Estado nacional (a partir de los controles de precios en el mercado interno de los hidrocarburos).

Desde esa perspectiva, queda por ver si el nuevo gobierno cumplirá el compromiso (reiterado esta semana por el director ejecutivo de la Fundación Pensar Chubut –“usina de ideas” del PRO en todo el país-, Ignacio Torres), en relación a que se mantengan los precios de incentivo para el petróleo y gas, a fin de mantener la actividad de producción de hidrocarburos. En ese plano, Torres anticipó que la política petrolera será similar a la de Arturo Fondizi, en referencia a la apertura de contratos con capitales externos que el entonces presidente (cuya imagen se prepara a aparecer en el diseño de los futuros billetes de 500 pesos) impulsó en 1958.

La definición como Ministerio de Energía y Minería para el área que encabezará Aranguren deja también otro indicador sobre el impulso que se buscará dar a la minería en el país. “En minería debe haber un fuerte vínculo con las provincias –aclaró Torres cuando lo entrevisté Actualidad 2.0-. en el caso de Chubut es necesario un trabajo conjunto con el gobierno de Mario Das Neves. No se concibe una minería sin pensarla en forma sustentable y con organismos de control y fiscalización de carácter internacional. La experiencia que hubo en San Juan, que fue un impulso importante para la economía provincial, nos hizo ver también que es necesario mejorar los sistemas de control, con participación nacional e internacional”. 

Además de la mirada en la minería, en el PRO se pone el énfasis en el potencial que tiene Chubut en materia eólica, en lo que incluso el gobierno saliente de Buzzi deja un convenio firmado con capitales chinos para un parque de gran magnitud en la zona de la Meseta. “Debemos generar valor agregado para no depender sólo de la cotización del crudo”, ha expresado Torres, entre los temas que se pretende coordinar desde el macrismo con el próximo gobierno de Mario Das Neves.  

Se trata, en definitiva, de buscar el modo de diversificar la matriz de ingresos de la provincia, que hoy queda limitada a solamente 3 fuentes: coparticipación federal de impuestos, regalías hidrocarburíferas y el cobro de impuestos propios.

En el primer caso, se requiere discutir una nueva ley de coparticipación federal, ya que hoy el esquema concentra el 80% de los recursos en manos del Estado nacional y las provincias se rigen por una escala vigente desde hace varias décadas, habiendo quedado totalmente desactualizada (Chubut se cuenta entre las más perjudicadas, ya que sólo recibe un 2,5% del total). 

En materia de regalías petroleras, lo dicho: vienen en baja desde el inicio de la crisis de precios internacionales y el problema continuará durante 2016.

En relación a impuestos propios, incluso el PRO propondrá reformas impositivas para, en el caso de ingresos brutos, generar exenciones que favorezcan el desarrollo de proyectos productivos (que se podría aplicar por ejemplo en Chubut para incentivar la instalación de parques eólicos). 

En materia de coparticipación, esta semana la Corte ordenó a la Nación restituir a 3 provincias que iniciaron demandas, el 15% de recursos coparticipables que venía reteniendo para financiar a la ANSES. En ese plano, Daniel Enhes estimó que en caso de acogerse al beneficio del fallo (algo que no es automatico), Chubut podría incorporar alrededor de 1.100 millones de pesos por año, mientras que una hipotética demanda para recuperar el descuento aplicado desde 2006 en adelante significaría algo más de 10.000 millones de pesos. Sin embargo, algunos analistas entienden, desde el punto de vista del derecho, que esa posibilidad de reclamar ya estaría cerrada para Chubut, por haber operado el plazo de prescripción de la demanda. Pero al menos podría recuperar recursos hacia adelante.  

El municipio también tomará deuda para financiar obras

El contexto nacional tendrá réplicas, qué duda cabe, en la patria chica comodorense. Unos dos mil trabajadores inician sus vacaciones esta semana y esperan reincorporarse con normalidad a mediados de enero, siempre que el esquema de precios de incentivo para el petróleo y gas sea confirmado. Ello sin contar problemas adicionales que han salido a la luz en los últimos días, como el referido a la firma Halliburton y la posibilidad de cesar actividades en la región.  

Pero además del tema petrolero, el intendente electo Carlos Linares ya tiene previsto salir a tomar deuda, a través de la colocación de un bono, para financiar obras en la ciudad, según ha confirmado al programa Ciudad Abierta. En este caso, el límite del bono estará dado por la merma de recursos prevista para el año próximo, en función de la disminución de regalías, que se estima entre 150 y 200 millones de pesos (unos 15 millones de dólares, al tipo de cambio actual). El próximo intendente ratificó que se trata de financiamiento para realizar obras, a diferencia del endeudamiento aprobado en provincia el martes último, gran parte del cual será utilizado para poder cumplir el pago de sueldos y aguinaldos en diciembre (unos 500 millones, mientras que otros 300 millones de pesos se destinan al pago a proveedores, entre cuyos sectores más afectados aparecen el de la construcción y los prestadores de salud de la obra social SEROS).

Pero además, queda por ver si Comodoro podrá acceder a los compromisos firmados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el último tramo de su gestión. Una prueba de ello debería tenerse antes de finalizar el año. En efecto, según confió el secretario de Infraestructura, Abel Boyero, antes de que concluya diciembre debería abrirse la licitación para el primer tramo del camino de circunvalación, por 780 millones de pesos para cubrir el tramo cruce ruta 3 y 26 hasta el acceso a Laprida (luego se debe gestionar el tramo final hasta el cruce con ruta 37, en el acceso norte). 

Una obra en etapas y que llevaría al menos tres ejercicios presupuestarios en este primer tramo. Una obra que empezó a diseñarse en 2007; se prometió en la campaña de 2011; y se comprometió –firma mediante- en las presidenciales de 2015. Otro tema por verificar es el compromiso para las plantas de tratamiento de efluentes cloacales, que quedarían para el año próximo (en este ítem, Rada Tilly sacó ventaja al haber abierto ya la licitación de su obra de ampliación de planta de tratamiento). 

En la “herencia” que recibe Linares del gobierno que él integra actualmente, aparecen desafíos inmediatos. Uno de los más urgentes: concretar el cierre definitivo del basural, ya que si bien la planta de tratamiento de clasificación de residuos ha comenzado a funcionar desde principios de octubre, la intensa quema y humareda de los últimos días en el basurero que todavía se sigue usando parece una dolorosa muestra de cuánto le cuesta a la ciudad concretar un paso hacia adelante en alguno de sus grandes temas pendientes. 

Por no hablar del acueducto y sus demoras, para evitar el riesgo de ser reiterativos en los problemas de siempre, pese a las expectativas que suelen renovarse cada 4 años.