RAWSON (ADNSUR) – Este jueves, integrantes del bloque del FpV realizaron una conferencia de prensa donde confirmaron el pedido de jury al Fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata . El presidente del bloque del FpV, Javier Touriñán, remarcó que se harán dos actuaciones: “la primera es una presentación de los compañeros que han iniciado el proceso a partir de la denuncia del sobre que apareció en la Legislatura” y la segunda “un pedido de enjuiciamiento al fiscal de Estado por las escuchas”.

Toruiñán informó que “estamos analizando la situación desde el punto de vista que nos compete a nosotros. No hemos abierto la boca para hablar nada más de lo que nuestros compañeros aportaron a la Justicia respecto al caso. Todos los días aparece algo nuevo y motiva dos actuaciones: la primera es una presentación de los compañeros que han iniciado el proceso a partir de la denuncia del sobre que apareció en la Legislatura que después deriva en la causa investigada. Y en ese contexto habrá una presentación ante el Gobernador y es un pedido de enjuiciamiento al fiscal de Estado por las escuchas que lo tiene como protagonista con una de las personas involucradas en la causa”.

Y remarcó que en las escuchas “hay una suerte de asesoramiento de parte del fiscal de Estado hacia una persona involucrada, siendo que el fiscal representa la salvaguardia de la provincia. No estamos acusando sino que si bien hay una excusación de la causa, no alcanza porque siendo la cabeza del Instituto Constitucional de la Fiscalía de Estado; si las personas involucradas tienen el dictado de prisión preventiva y se asesoraban, tienen cierta posibilidad de entorpecer la investigación”.

Por tal motivo, Touriñán sostuvo que “se pide que se determinen las responsabilidades de cada uno y si hay algún tipo de posibilidad de que no suceda lo que han dicho los fiscales de que al pedir los expedientes los hacían pasear por todas las dependencias provinciales para hacerse de los elementos de investigación”.

Finalmente, aclaró que para concretar el jury de enjuiciamiento, “primero se hace la presentación y se elevan las actuaciones al tribunal de enjuiciamiento. Con el jury se investiga y se va por la sanción o se reafirma el lugar”.

MEZA EVANS

Por su parte, el diputado Blas Meza Evans remarcó que “a mí dentro del bloque siendo abogado me puse a trabajar en el tema del tribunal de enjuiciamiento. Hay que tener presente que la ley del tribunal de enjuiciamiento para la destitución de un funcionario, exige que se evalúe un mal desempeño de la función. Nosotros creemos que hubo un mal desempeño de la función, y por otro lado también se sancionan las faltas cometidas en el ejercicio de la función y nosotros creemos que acá se está violando la Constitución, la ley de Fiscalía de Estado, la ley de Ética Pública y la Ley de Colegiación de Abogados y Código de Ética porque el Fiscal de Estado no deja de ser abogado. De hecho es miembro de un estudio jurídico”.

“El prevaricato no está prevista en el Código Penal para la actuación de los dos lados del mostrador de socios de un estudio jurídico. El Código Penal no prevé que dos socios puedan defender uno al actor y otro al demandado. Pero tiene mucho que ver con lo sancionado y que es que un abogado comience un juicio representando a la parte actora y que a mitad de juicio pase a representar a la parte demandada”, explicó.

Sin embargo, indicó que “el Código de Ética sí establece como falta ética que miembros de un estudio participen de los dos lados del mostrador, con lo cual existe una falta pero no delito”.

Por tal motivo, Meza Evans remarcó que “el gobernador le puede pedir la renuncia porque lo designó. El Fiscal de Estado podría no renunciar pero estaríamos ante un hecho más escandaloso de lo que estamos viviendo”.

A su vez, la diputada Alejandra Marcilla afirmó que “esta causa se desprende de la denuncia original que hicimos con los diputados Meza Evans y Dufour por lo que tenemos que hacer el seguimiento de la causa como querellantes” y agregó que “nosotros iniciamos esta denuncia a partir de la documentación recibida en Legislatura porque es nuestra obligación ejercer el control del Poder Ejecutivo de la Provincia en los distintos ámbitos”.

“Esta denuncia que se genera por el desvío de fondos públicos en un momento tan crítico como fue la catástrofe de Comodoro, deriva en esta escandalosa causa que hoy tiene en vilo a los chubutenses porque se van descubriendo cuestiones una más grave que otra, en un momento donde la gravísima situación de la provincia implica que los empleados no puedan cobrar sus sueldos”, planteó.

A su vez, la diputada Alejandra Marcilla aseguró que “nos vamos a constituir como querellantes y a partir de esa constitución aportaremos todas las pruebas que lleguen a nuestras manos. Hoy por hoy recibimos mucha información que tiene que llegar a los fiscales y después la justicia actuará como corresponde”.

Consultada sobre otros funcionarios implicados en la causa, Marcilla indicó que “los carriles judiciales tienen determinada tramitación y los fiscales deben hacer su trabajo. Yo planteaba que en su momento Das Neves a partir de la denuncia por sobreprecios, y ahora el gobernador Arcioni, hace rato debería haberse parado ante los funcionarios involucrados porque vemos que esta gente continuó en el lugar que estaba y haciendo las mismas cosas en contra del Estado provincial. No le encuentro explicación para que el gobernador no haya tomado decisiones, espero que las tome a partir de este escándalo porque tiene la oportunidad de darle señales a la ciudadanía acerca de que es cierto lo que dice en los medios sobre el hecho de que no quiere tener dentro de su gobierno a ladrones y demás. Así que tiene la oportunidad de pararse preventivamente y dejar que la justicia actué”, concluyó.