En qué consiste la demanda judicial de Chubut contra Nación que prepara Ignacio Torres: la estrategia de ir a fondo para recuperar ingresos
El gobernador electo tiene decidido ir por la vía de la justicia para recuperar lo perdido en materia de coparticipación desde 1988. Cuáles son los argumentos de la tan mentada “reparación histórica” y por qué el camino “a cara de perro” ante el fracaso de la negociación política.
Una de las primeras medidas que tiene en mente el gobernador electo, Ignacio Torres, y que considera urgente -al punto que será uno de los temas a abordar en la reunión de transición con Mariano Arcioni-, es avanzar en una demanda judicial de la provincia del Chubut contra el Estado Nacional, para exigir la devolución de los puntos de coparticipación cedidos en su momento de manera transitoria, y que generan desde hace 35 años un enorme perjuicio en los ingresos provinciales.
Torres, encargó el asunto a un grupo de especialistas -un estudio importante de Buenos Aires- con la participación del vicegobernador electo, Gustavo Menna, quienes ya tienen prácticamente terminada la redacción del texto de la demanda, y falta definir estratégicamente en qué juzgado corresponde que sea presentada, o si se eleva directamente ante la Corte Suprema.
El objetivo es que no se pierda más tiempo con el tema y como hay coincidencia con el gobierno que se va -que presentó en el Congreso un proyecto de ley en este sentido-, Torres pedirá durante las próximas reuniones de transición a Mariano Arcioni que firme la demanda como gobernador en ejercicio.
El gobernador electo considera que la situación económica de Chubut no admite más postergaciones ni esperar los tiempos de la política, ya que el proyecto fue elevado hace dos años con el compromiso de respaldo del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y aún no ha tenido ningún tipo de movimiento ni parece que vaya a tener apoyo de las mayorías en la Cámara Baja.
Incluso la cuestión de la coparticipación volvió a instalarse en la agenda cuando hace algunos días el candidato presidencial que quedó mejor posicionado luego de las PASO, Javier Milei, dijo que de ser Presidente buscaría anular la Ley de Coparticipación y que cada provincia se arregle con lo que genera, una idea que parece de muy difícil ejecución pero que de todos modos preocupó a muchos gobernadores.
Ante este contexto, la demanda fue avanzando a pasos agigantados y ya está prácticamente lista. Esta columna accedió a los términos centrales de este planteo judicial, de un tema que es muy técnico y que tiene muchas aristas, pero una sola conclusión: Chubut es la única perjudicada.
Argumentos
Como dijimos, Torres encargó a Menna y otros abogados constitucionalistas la redacción de la demanda, que básicamente se tratará de una acción declarativa que apunta a que se reconozca que efectivamente la Nación y las provincias tienen un régimen transitorio, que no se ha cumplido con un mandato constitucional, y que la provincia es objetivamente perjudicada y viene siéndolo hace 35 años.
Este planteo se basa en que Argentina no tiene Ley de Coparticipación, porque la 23.548 del año 1988 es un Régimen Transitorio, que en aquel entonces se aprobó por un par de años, y por el cual resignaron algunos puntos de sus ingresos las provincias patagónicas y la de Buenos Aires. En el caso de Chubut, el índice bajó de 1,95 a 1,5 de la torta total.
Pero en los años posteriores hubo cambios para algunos y no para todos, tal como va a plantear Chubut en su demanda. El primer antecedente importante es que en la gestión del presidente Carlos Menem se le compensó esta situación a la provincia de Buenos Aires, con la creación del Fondo del Conurbano, afectando un porcentaje del Impuesto a las Ganancias.
Fue un primer punto de desigualdad, porque a una de las provincias se le reconoció la compensación, pero no al resto. Luego en 1994 cuando se reformó la Constitución, se le dio status constitucional a la coparticipación, que desde la década del 30 era considerada inconstitucional, porque una ley alteraba el reparto de impuestos entre la Nación y las provincias.
La nueva Constitución, en el artículo 75 inciso 2, fijó las pautas a tener en cuenta, y como el régimen era precario e injusto, se le indicó al Congreso que debía hacer antes de 1996 un régimen acorde a las pautas constitucionales, saliendo del reparto vigente, porque era inequitativo.
Esto nunca se hizo, pero en el camino, se fueron atendiendo otras situaciones a determinadas provincias, como por ejemplo, un artículo del presupuesto que se repite año tras año, que otorga fondos especiales a La Rioja y sus municipios; y en otro orden, las provincias del acta de reparación histórica que tienen régimen de diferimiento fiscal, como San Luis, Catamarca, La Rioja y San Juan.
Inequidad y desigualdad
La consecuencia de todo el repaso legal anterior, producto de decisiones políticas de cada momento que fueron atendiendo situaciones particulares sin dar respuesta a Chubut, es que hoy nuestra provincia recibe casi un punto menos que otras provincias más chicas y con menor población como La Rioja y Catamarca.
El primer objetivo de la demanda que se está terminando de elaborar será que la justicia ordene restablecer el índice original para Chubut de aquí en adelante, y que lo acumulado hacia atrás a lo largo de más de tres décadas, se compense de alguna manera a convenir.
La idea es que el gobernador electo pueda acordar con el gobierno nacional que asumirá en diciembre, que en vez de dinero para gastos corrientes, se haga una serie de compensaciones, como realización de obras, o que las licite provincia y las pague la Nación.
Para establecer el monto total cedido por Chubut, es muy difícil lograr un cálculo preciso, porque en todo este tiempo hubo al menos cuatro monedas. Un estudioso del tema, como el especialista en finanzas Daniel Ehnes, afirma que hubo un 20 % de reducción de los ingresos en términos reales.
Según su estimación, si esto es trasladado a valor dólar por cada año, el perjuicio a Chubut ronda los 2.2 a 2.6 miles de millones de dólares, lo que llevado a pesos, sería el equivalente a un presupuesto provincial y medio. Una cifra enorme que resolvería buena parte de los problemas económicos de la provincia.
Más allá de los cálculos y opiniones de especialistas, lo importante es la decisión política de ir de una vez por todas a la justicia, ante el fracaso de la vía política. La experiencia demuestra que las provincias que así lo han hecho en el pasado reciente han tenido éxito en sus planteos, como Córdoba, San Lus y Santa Fé.
Esa es la postura tomada por Torres a la que pretende que se sume cuanto antes el gobernador actual, Mariano Arcioni, para no perder más tiempo, e iniciar un camino de reclamo de parte del estado chubutense de manera integral, más allá de las banderías políticas y la relación con el poder central de turno.