RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - En las ultimas horas se presentó un proyecto en el Senado pidiéndole al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas que sean necesarias para restablecer el subsidio al Gas Natural y GLP (Gas Licuado del Petróleo) a los consumos residenciales. En 2022 está previsto que el subsidio en nuestra región llegue a cero.

Hace dos años, casi al empezar el invierno de 2018, el gobierno de Mauricio Macri aceleró su política de quita de los subsidios al gas, actualizando  los valores en dólares, lo que encareció fuertemente la boleta domiciliaria que empezaron a pagar los usuarios, particularmente de la Patagonia Sur.

Según informó Tiempo Sur, en el Senado de la Nación se comenzó a trabajar en un proyecto para restablecer el subsidio a la Patagonia, según informó este miércoles la senadora nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni (Frente de Todos), quien presentó el proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que restablezca el subsidio de gas a los consumos residenciales en las provincias patagónicas.

“Los aumentos desmedidos en las tarifas de gas de la pasada gestión perjudicaron a los ciudadanos del sur de nuestro país con incrementos exorbitantes alcanzando montos irracionales en proporción a los ingresos, muchos de ellos quedaron en situación de morosidad”, manifiestó entre los fundamentos.

“Entendemos y conocemos la complicada situación que está atravesando nuestro país y el mundo por la pandemia COVID-19, pero es necesario que los organismos que correspondan busquen una solución para los ciudadanos patagónicos, tan castigados con el gobierno saliente”, expresó Ianni.

El Estado nacional destinaba al 2018 cerca de $9 mil millones para las tarifas residenciales de gas de la Patagonia, de la Puna y de Malargüe; esto era casi la mitad que en el resto del país. El plan original era que los subsidios a la región patagónica se eliminaran gradualmente, pero los tiempos se aceleraron para cumplir con las pautas del FMI. Finalmente, se decidió que se fueran quitando hasta llegar al 2022 en cero subsidios.

Se mantuvo una tarifa social (hasta dos sueldos mínimos vitales y móviles), pero fue para un reducido número de usuarios, lo que generó que algunas provincias, como fue el caso de Santa Cruz, tuvieran que echar manos a sus recursos para subsidiar a sus habitantes a través de programas sociales que aquí se dio en llamar SerSol, detalló el mismo diario.