RAWSON (ADNSUR) - A través de una serie de decretos, el gobernador Mariano Arcioni puso en marcha una serie de iniciativas que habían sido anticipadas por ADNSUR en las últimas semanas, entre los que se cuentan la reglamentación del programa de Participación Público Privada.
También se suma ahora el llamado a licitación para poner en marcha el programa “Renovar” en la provincia de Chubut, que entraña también un fuerte cambio en la distribución de subsidios a las tarifas en el interior provincial, que asistirá a los municipios y no a las cooperativas, mientras se crea “la tarifa social de servicios públicos”.
La serie de medidas que el mandatario provincial puso en marcha se concatena con otras adoptadas en el marco de la emergencia provincial, entre las que se mencionan la licitación de reconocimientos médicos y el censo laboral.
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También se suma un tema de impacto no menor, pero que el mandatario provincial habría comprometido ante el ministro Aranguren, que consiste en la reglamentación del artículo 2 de la ley 5001, a fin de crear el consejo provincial del ambiente, que podría delimitar zonas de la provincia en las que se abriría el debate sobre proyectos mineros. Antes de ello, se avanzaría en el deceto ómnibus de emergencia, que apunta a la reestructura de ministerios con el objetivo de “reducir gastos políticos”, según se insiste en el seno del gobierno.
Energías renovables y tarifa social en el interior
La licitación para sumar fuentes de energía renovable apunta a cubrir zonas provinciales asiladas del sistema de generación eléctrica.
En el mismo instrumento, se dispone un cambio en la distribución del “Fondo de compensación tarifaria” a las localidades del interior, que irá ahora destinado a las municipalidades y comunas del interior provincial, en función de la cantidad de usuarios que cuenten en cada localidad, en lugar de entregarlo a las cooperativas que abastecen el servicio.
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“De este modo –argumenta el decreto- se pone fin a cualquier discusión acerca de los fines perseguidos con dicho subsidio y quien debe ser el titular de los mismos, distribuyéndose de acuerdo a las competencias concurrentes fijadas por la Constitución Provincial a las Corporaciones municipales y al gobierno provincial”.
La norma, según se explicó desde ámbitos gubernamentales, apunta a reorientar la asistencia hacia los consumidores de servicios que necesiten esa asistencia, pero desafecta el sostenimiento de estructuras pertenecientes a cooperativas que prestan dichos servicios en las localidades del interior provincial.
También se crea una “tarifa social en los servicios públicos”, que abarcará a los servicios públicos de electricidad, agua y cloacas, al que podría adherirse el servicio de transporte, “que tendrá por objeto garantizar el acceso universal y el uso de los servicios públicos parte de los usuarios más vulnerables en todo el ámbito de la provincia del Chubut”.
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Dicha tarifa será solventada con los fondos provenientes de la ley I 26 (ex 1098), que además dispone un aumento en las alícuotas de aportes que entregan las cooperativas más grandes con esa finalidad.
Este tema ahondará la polémica con el sindicato de Luz y Fuerza, que viene planteando el desfinanciamiento de las cooperativas del interior y el consiguiente impacto sobre sus trabajadores.
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La reglamentación para adherir a la ley nacional 27.328 contempla un amplio plexo normativo, ya que se deben establecer criterios legales para las formas de financiamiento y contratación en determinados proyectos de obra pública.
La mención de ejemplos que podrían encuadrarse en esta modalidad –tal como había anticipado esta agencia- disparó un primer contrapunto entre los ejemplos de iniciativas que podrían impulsarse por este mecanismo.
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En efecto, el ministro coordinador Sergio Mammarelli había mencionado el interés empresario para impulsar un proyecto de camino de cirvunvalación y encuadrarlo en esta modalidad, a partir del recupero mediante cobro de peajes, pero desde la Secretaría de Planificación del Ministerio del Interior, su titular Alvarez de Celis puso paños fríos a esa posibilidad, al referir que el recupero no sería viable por esa modalidad y garantizar que el proyecto será incluido en el presupuesto 2019 de Vialidad Nacional.
En cualquier caso, se trata de una discusión inicial y la norma no contempla aún proyectos específicos, sino que ha habido menciones de ejemplos de obras que podrían encauzarse por esta modalidad, entre las que también se mencionó la posibilidad del camino costero Juan D.Perón, que une Comodoro con Rada Tilly.
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El decreto de reglamentación prevé los mecanismos legales que será necesario aplicar, entre ellos la posibilidad de expropiación por razones de interés público, una facultad que podría asumir el privado participante.
