RAWSON (ADNSUR) - Tal como anticipó en exclusiva ADNSur el pasado 4 de agosto –cuando aún no estaba oficializado- la fecha de reinicio de las audiencias para empezar el debate oral estaba previsto para este martes 20 de agosto, y se cree que ahora sí, luego de un festival de presentaciones de probation por parte de los defensores, que primero generó demoras respecto a qué tribunal debía resolver, y que luego sufrió más días de espera por ser revisada por otras dos instancias superiores, ahora llegó el momento de que el juicio comience con todos los acusados, tal como pedían los fiscales del Ministerio Público Fiscal, Alex Williams y Omar Rodríguez.
Desde aquellos días de marzo en los que se anunció el comienzo del juicio hasta hoy, los abogados defensores solicitaron la suspensión del juicio prueba para la mitad de los acusados, lo que fue denegado en primera instancia, luego en una segunda, y finalmente fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia, ratificando lo resuelto por el tribunal del juicio y por la Cámara de Apelaciones. La corte chubutense rechazó los recursos presentados por los defensores de Juan Carlos Ramón, Cristian Gisande y Jorge Godoy, por entender que eran inadmisibles y de este modo, el juicio deberá comenzar con todos los acusados.
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Cumplido este paso, están dadas las condiciones para comenzar de una vez el debate oral, se cree que en esta primera semana con cuatro días consecutivos para poder avanzar rápidamente, y luego tres días por semana, de martes a jueves en doble turno, debido a una cuestión de logística que busca coordinar la presencia de los miembros del tribunal, Alejandro Soñis, Ricardo Rolón y Marcela, quienes son de Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn.
De acuerdo a lo previsto, a lo largo del debate oral van a desfilar entre 8 y 10 testigos por día, porque hay testimonios que van a ser largos. Hay un listado de 170 testigos, pero la idea de los fiscales es acordar con las defensas que no deban comparecer los testigos de actuación por cuestiones instrumentales, y sus testimonios sólo ingresen por lectura. De esta manera, quedaría un número cercano a los 70 testigos puros que se espera declaren ampliamente, luego un segundo eje del debate que se introduce a través de los peritos que intervinieron materiales de los teléfonos y computadoras, luego la parte de documentos en papel y el cuarto bloque del debate a partir de las escuchas telefónicas, unas de las pruebas más controversiales. La duración total de este juicio se estima que podría ser de unos dos meses.
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LA CAUSA
El Embrujo fue la primera causa penal que se originó luego del “sobre bomba” que de manera anónima fue dejado en la Legislatura con facturas de la emergencia climática y que comenzó con una serie de detenciones el 7 de marzo de 2018. Los acusadores creen poder demostrar que funcionaba una asociación ilícita bajo las órdenes de Correa, hombre de confianza de Das Neves y con mucho poder allá por 2016 y 2017, quien al frente de una red de la que participaban funcionarios a sus órdenes, así como allegados de confianza y familiares, facturaba obras destinadas a dos empresas que eran de su propiedad, para enriquecerse de manera ilícita.
La causa tiene 12 imputados y como ya se dijo, el más destacado es el ex subsecretario de Unidad de Gobernador, Diego Correa, quien está imputado como jefe de una asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles como funcionario público, y además por enriquecimiento ilícito en carácter de autor (se pretende recuperar bienes por más de 30 millones de pesos). Lo acusan de idear una maniobra de contrataciones directas por servicios a las empresas Dual Core y Sepat, que en realidad eran de su propiedad, para enriquecerse con fondos públicos.
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En tanto Diego Lüters, quien trabajaba en la antesala del despacho del Gobernador, está acusado como miembro de la asociación ilícita y de coautor de fraude a la administración pública. Para los fiscales trabajaba a las órdenes de Correa autorizando los pagos a Dual Core y Sepat, y llevaba la contabilidad de la “caja negra” de los retornos de la obra pública, por lo que tenía en su poder todos los discos con la información de los movimientos contables.
Otro de los imputados es el contador Federico Gatica, quien está acusado de lavado de activos en concurso real por su participación en distintas operaciones para hacer ingresar en el circuito económico de la zona, dinero que se cree que fue mal habido, proveniente de las arcas públicas. Había constituido una sociedad llamada Mezeta Consulting para incorporar el dinero de Correa al circuito legal.
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La acusación contra Natalia Mac Leod -quien al momento de los hechos era la pareja de Correa- es haber sido miembro de la asociación ilícita y también de enriquecimiento ilícito como participe, ya que figuran a su nombre buena parte de los bienes adquiridos por Correa con fondos públicos. Era la titular original de Dual Core, que luego traspasó.
Daniela Souza está imputada como miembro de la asociación ilícita y partícipe de fraude a la administración pública. Figuraba como dueña de Dual Core, la empresa contratada por Correa para la reparación de viviendas o departamentos oficiales, y en las escuchas se comprobó que era empleada de Correa y recibía pagos del jefe de la banda.
En el caso de Sandro Figueroa, que es tío de Natalia Mac Leod, se lo acusa de ser miembro de la asociación ilícita y participe de fraude a la administración pública. Era socio de la empresa Dual Core junto con Daniela Souza, la empresa que en realidad pertenecía al grupo comandado por Correa y que era contratada para hacer refacciones a viviendas oficiales.
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En tanto Juan Carlos “Tato” Ramón, está sindicado de ser miembro de la asociación ilícita y participe de fraude a la administración pública. Era empleado de Dual Core, figuraba como representante técnico y hacia las obras, pero además creó otra empresa que hacía de “pantalla” en pujas de precios ficticias con Dual Core.
En los casos de Giulana Mac Leod (hermana de Natalia) y Darío Correa (hermano de Diego), se los acusa de defraudación al estado por integrar ambos la sociedad de la firma Sepat, contratada desde el área de Correa (quien era el verdadero dueño) a través de la Dirección de Ceremonial para la organización de actos aportando sistema de sonido y pantallas led.
Por otra parte, los casos de Cristian Gisande (ex director de Casas Oficiales) y Rubén “Bedo” Reinoso (ex director de Logísitca) son cuestionados porque a través de actos administrativos permitían las operaciones de la firma Dual Core perteneciente al grupo de Correa. Los fiscales creen que Reinoso firmaba resoluciones para pedir las refacciones de las casas oficiales y Gisande las certificaba, en un sistema fraudulento para que la firma facture, ya que los pedidos eran todos iguales y los certificados también.
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Y finalmente Jorge Godoy era maestro mayor de obras que construyó la casa de Correa en Playa Unión, que consta además de tres dúplex. Habría colaborado para ocultar que Correa era el verdadero dueño de una millonaria inversión como funcionario público, por lo que se lo acusa de partícipe de enriquecimiento ilícito.