TRELEW (ADNSUR) - La actitud fue considerada por la Fiscalía una falta de respeto a la víctima, a la querella y a la Asesoría de Menores. Es que ayer miércoles debía empezar el juicio por la presunta estafa millonaria a Roberto Sartaja, un joven discapacitado, respecto a la herencia que dejó su madre brutalmente asesinada en agosto de 2009 en Gaiman: la docente Ana Fontana. Los defensores de los imputados pidieron que se reprograme el inicio del debate por no haber leído el caso, no tener conocimiento de la causa y por falta de personal en la Defensoría Pública.
Uno de ellos ,mostró al tribunal carillas con pedidos de licencia de otros abogados defensores. El fiscal Fabián Moyano dijo que el proceso corre peligro de caducar si no se realiza este año. El tribunal autorizó a los defensores para que se “informen” por un término no menor a 10 días y no mayor a fin de año.
El inicio del juicio debía ser a las 9 en el 6º piso de tribunales de Trelew. Estaban todos presentes: imputados, víctimas y testigos. La audiencia comenzó poco después de las 10 con excusas y explicaciones de falta de información sobre el caso por parte de los defensores Lisandro Benitez y Miguel Moyano. Sus clientes son los imputados Diego Armocida y Daniel González respectivamente. Argumentaron todo tipo de problemas: desde licencias personales de otros abogados, inconvenientes de salud, falta de personal en el área que trabajan hasta situaciones de estudio de defensores para presentarse a concursos ante el Consejo de la Magistratura. Fueron escuchados por los jueces César Zaratiegui (presidente) María Tolomei y Fabio Monti.
Lo cierto es que señalaron haberse hecho cargo de las actuaciones en esos mismos momentos y marcaron las dificultades para poder llevar adelante una estrategia acorde desconociendo los pormenores del caso, lo que afectaría la legítima defensa de sus clientes.
El fiscal advirtió que “todo lo que es dilación es una falta de respeto a la víctima, querella, representantes de Asesoría. Insume horas de trabajo humano y gastos que debe solventar el Estado. Esperaremos la fecha de la Oficina Judicial. Se atravesó por una etapa de apertura. Tengo los elementos para llevar los casos a juicio, para obtener la condena de uno o de todos. Y también para solicitar la restitución de algunos de los bienes que están en poder de algunos de los imputados. Otros pasaron a manos de terceros adquirientes de buena fe”, reveló a Jornada.