Tal como anticipó ADNSUR, con posiciones obviamente contrapuestas entre las defensas y la Fiscalía Federal, se concretó este miércoles 4 de agosto la audiencia de apelación en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en la causa que investiga la sustracción de vacunas en el Hospital Regional. Mientras los abogados que representan a los 26 imputados coincidieron en requerir los sobreseimientos de los involucrados, el representante de la acusación pública, Norberto Bellver, pidió que se confirmen los procesamientos en todos sus términos.

No hubo sorpresas en cuanto a los planteos, ya que las posiciones habían sido anticipadas por esta agencia en la jornada del martes. El abogado Guillermo Iglesias, defensor de Jorge Taboada y varios integrantes de la obra social e Camioneros, además del médico Jorge Benítez, solicitó la revocatoria del procesamiento, por entender que no está configurado el delito que se imputa a sus defendidos.

“Es una causa con connotaciones políticas”, insistió el abogado penalista ante los jueces de Cámara, una expresión que no cayó nada bien en ámbitos judiciales, según pudo saber esta agencia en fuentes vinculadas al sector judicial.

También pidió que se libre de culpa y cargo a su defendida la abogada que representa a la enfermera acusada de sustraer las dosis de Sputnik V para obtener un beneficio económico, cuestionando parte de las pruebas del expediente, basadas fuertemente en los intercambios de WhatsApp por parte de los imputados.

Para el fiscal Bellver, los procesamientos dictados por la jueza Eva Parcio deben sostenerse en todos sus términos, según planteó durante la audiencia, al no encontrar elementos que modifiquen la acusación que busca llevar a los 26 imputados a juicio oral y público, con distintos grados de gravedad en las acusaciones establecidas.

La audiencia transcurrió de modo presencial, con la participación de Jorge Taboada en la sala de audiencia, al tiempo que comenzó sobre las 10 de la mañana y concluyó 2 horas después. Ahora se abre un período en el que los jueces que integran el tribunal tomarán un tiempo, que sería de alrededor de 3 semanas, para resolver si mantienen los procesamientos o si definen algún cambio en la situación procesal de los involucrados.