El abogado penalista Guillermo Iglesias, que defiende a Jorge Taboada junto a varios integrantes de la obra social de Camioneros y el médico Jorge Benítez, señaló en diálogo exclusivo con ADNSUR que sus defendidos son acusados “por un delito inexistente”, ya que “la juez dice que ellos se vacunaron con la primera dosis, pero no hay faltante de la primera, sino del segundo componente. Y el día que estaba previsto colocar la segunda, se produjeron los allanamientos y no se pudo concretar la aplicación”.

En igual sentido, Iglesias anticipó otro de los razonamientos que expondrá ante la Cámara Federal: “En los allanamientos no se encontró ningún lugar de contención que hubiera servido para resguardar las vacunas, que deben estar a menos de 18 grados. Por otro lado, el encubrimiento no se configura, porque si alguien recibe algo proveniente de un delito, como lo dice la juez, la propiedad se mantiene en el autor del hecho precedente; pero en este caso, al colocarse la vacuna, dejó de configurarse una recepción de un hecho proveniente de un delito. Creo que no va a ser muy difícil que la Cámara revoque esta resolución –expresó el abogado-, porque no hay tipicidad del delito. El juez debe sujetarse a una norma, no puede hacer lo que quiere con el tipo judicial”.

En concreto, el argumento del abogado defensor se vincula a una de las primeras preguntas planteadas en el origen de la investigación: en el hospital se denunció la desaparición de 30 dosis del segundo componente de Sputnik V, pero nunca se detectó el faltante del componente 1, que es el que tendría aplicada la gente de Camioneros.

“Es así de simple este caso –enfatizó el defensor-. No hay un delito en algo que jurídicamente no ocurrió. Por más que la juez presuma que ellos se pusieron la vacuna, esa presunción debe estar basada en una prueba. En el expediente no se consignó el faltante de la primera dosis, entonces, ¿Cómo se podría imputar a alguien?”

“No hay deber incumplido por el Dr. Benítez”

Para Iglesias, en la causa hay motivaciones extra judiciales y no dudó en atribuirla a un origen político de la investigación. “Yo creo que es una causa política, no es una causa judicial. Todas las pruebas que pedimos a la juez fueron rechazadas: si no me dejan defenderme y luego procesan sin argumentos, pareciera que encierra un argumento extra jurídico –cuestionó Iglesias-. Lo que no se puede explicar en el derecho, hay que buscar la explicación en otro ámbito”.

Para sumar otro fundamento a la “connotación política”, el abogado detalló que a los directivos del sindicato se les ha denegado que salgan de la ciudad sin autorización.

“Eso no se lo plantean ni siquiera a alguien que está imputado en causas por droga –comparó- y es algo llamativo, porque él tiene una actividad sindical y debe pedir permiso y esperar a que se lo concedan para poder viajar”.

En relación al Dr. Benítez, a quien se le imputa el incumplimiento de deberes de funcionario público, Iglesias indicó que debería haber una norma o contrato que obligue al médico a cumplir la función que se le está cuestionando.

“Le pedí a la juez que envíe el legajo donde surja el deber de este médico para cumplir el cuidado de las vacunas, pero no me autorizó la remisión de esos documentos –indicó-. Entonces, no está acreditado ese deber, puede que lo tenga, pero sería algo nuevo porque la vacuna es algo reciente. Parecería que a la explicación de la causa no hay que buscarla en el expediente, sino afuera”.