Tal como anticipó ADNSUR en forma exclusiva, este miércoles se desarrollará la audiencia de apelación convocada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia en la investigación por el robo de vacunas del Hospital Regional, en la que hay un total de 26 personas imputadas con distintos grados de participación.

La principal acusación pesa sobre la enfermera Analía Muñoz, a quien la jueza federal Eva Parcio imputó por el delito de malversación de caudales públicos en modalidad dolosa, según el artículo 261 del Código Penal.

Esa calificación, que es la más grave entre todos los involucrados, prevé que “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.

Por otro lado, también la enfermera Daniela Cocha está imputada por el mismo tipo de delito, aunque en este caso bajo la modalidad culposa, que es una calificación de menor gravedad, ya que se reconoce que no tuvo la intención de sustraer las vacunas. La imputación, en este caso, se basa en una supuesta negligencia o impericia.

“Yo apelé la resolución de la jueza porque a mi entender Cocha no ha incurrido en el delito que se le imputa, porque se la acusa de no haber tenido los cuidados necesarios para resguardar las vacunas –comentó el defensor federal adjunto, Fernando Wiernes, ante la consulta de ADNSUR-. Al contrario, sostenemos que justamente su supo que se habían perdido las vacunas y la cantidad de dosis faltantes gracias al registro que llevaba la licenciada Cocha, porque ella llevaba la trazabilidad y de esto surgió la irregularidad”.

Wiernes también defiende a la enfermera Gabriela Torres, imputada por encubrimiento, ya que se le atribuye haber estado al tanto de la acción de Muñoz, quien en un momento le propuso buscar las dosis que faltaban, pero finalmente no llegó a participar de la maniobra de sustracción.

“No he planteado la apelación porque en el caso de esta enfermera entendí que la defensa puede proponer otra vía alternativa en el proceso”, indicó el abogado defensor.

La acusación contra integrantes de la obra social de camioneros

Por su parte, otras 22 personas son imputadas también por el delito de encubrimiento, en su totalidad vinculadas a la obra social de Camioneros, quienes recibieron la aplicación de las vacunas obtenidas por la enfermera Muñoz.

El delito de encubrimiento, según el artículo 277 del Código Penal, prevé penas de “prisión de seis meses a tres años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado, adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito”.

Tras la audiencia, la Cámara Federal tendrá un plazo bastante prudencial para tomar una resolución, a fin de definir si sostiene los procesamientos o si hace lugar a los planteos de las defensas, que buscarán la absolución de la mayoría de sus defendidos.