RAWSON (ADNSUR) - Hubo novedades en las últimas horas en torno al pedido de apertura de investigación por presunto abuso de autoridad contra el ministro de Economía, Oscar Antonena, a quien la Asociación de Magistrados y Funcionarios denunció por haber ordenado el pago de sueldos exclusivamente a empleados legislativos en los primeros días de marzo, en lo que entienden fue un perjuicio contra el resto de los empleados públicos de los rangos 3 y 4.

Como ya informó ADNSUR, los abogados defensores del funcionario provincial, encabezados por el penalista porteño Nicolás D'Albora, recusaron previo a la audiencia del pasado jueves tanto al fiscal Fernando Rivarola como a la jueza Mirta Moreno. Según expresó hoy a esta agencia de noticias la presidenta de la asociación que nuclea a los denunciantes, Carina Estefanía, la recusación al fiscal deberá definirla el Superior Tibunal de Justicia, mientras que desde la asociación -en su calidad de pretensos querellantes- plantearon que dos conjueces deberían resolver la recusación a la jueza, ya que el planteo de la defensa alcanza a todos los jueces ordinarios de la justicia chubutense.

En ese sentido, Estefanía agregó que en una presentación efectuada por la Asociación se planteó que "la recusación no era solamente respecto a la jueza interviniente sino de todos los jueces que integran el Poder Judicial de Chubut". Sostuvo que "en lugar de darse intervención a otros dos jueces del Poder Judicial, directamente se recurra a la lista de conjueces para que sean los que resuelvan quién, en definitiva, deberá ser el que tenga jurisdicción respecto de la denuncia realizada por la Asociación de Magistrados".

"Consideramos -precisó Estefanía- que lo más sano para este proceso penal era que el rechazo de la recusación fuera analizado por dos conjueces y ya quede despejada toda duda respecto a la posible parcialidad que pudiera tener el juez que interviniera en la causa penal dispuesta en la apertura por el Ministerio Público Fiscal".

Manifestó que se trata de un trámite "muy rápido" pero advirtió que "si la jueza Moreno resuelve darle intervención a dos conjueces, deberán citar a quienes se encuentran en la lista elaborada por el Superior Tribunal de Justicia y esto puede que lleve un poco más de tiempo".

La titular de la Asociación señaló que "adherimos a la apertura de investigación que realiza el Ministerio Público Fiscal sobre presunto delito de abuso de autoridad". Explicó que está inscripto en el Código Penal "con relación al bien jurídico protegido de la Administración Pública, es decir, su normal desarrollo".

Según detalló a esta agencia de noticias, la decisión "que se ataca como abusiva no tiene que ver solamente con una afectación a integrantes del Poder Judicial, sino que afecta a todos los empleados públicos y jubilados que integran los rangos 3 y 4 de la Administración Pública, con excepción de los empleados del Poder Legislativo que fueron los que cobraron anticipadamente".