COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Las malas condiciones de circulación por una ruta vital para el sur de la Argentina fueron descriptas en la sentencia de la jueza federal Marta Yañez, de Caleta Olivia, que fue confirmada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, a partir de un recurso iniciado por el abogado caletense Ismael Machuca.

Tras un primer pronunciamiento en el que se ordenaba una serie de reparaciones, el mismo abogado inició un segundo recurso, de ejecución de sentencia, por el que el 17 de marzo la justicia federal dispuso la aplicación de una serie de multas contra Vialidad Nacional. La primera de ellas aplica un cargo de entre 50.000 y 100.000 pesos, hasta tanto el organismo vial presente un informe sobre el tramo “La Lobería”, conocido por pescadores de Comodoro y Caleta Olivia.

“En esa zona había una casa que ya desapareció por la acción del mar, pero lo más grave es que la erosión del agua está carcomiendo el terreno al lado de la ruta y se corre el riesgo de que se desplome –describió Machuca-, como ya ocurrió años atrás en la salida de Caleta hacia el norte, cuando cayó un vehículo que quedó sobre la playa: el conductor se salvó porque la marea estaba baja”.

Multas de  más de 1 millón de pesos mensuales contra Vialidad Nacional

La multa más importante consiste en 50.000 pesos diarios, hasta tanto Vialidad Nacional designe un equipo de recurso humano y materiales para trabajar en el mantenimiento de forma periódica, con una frecuencia semanal, ya que las reparaciones espaciadas vuelven a romperse en poco tiempo, particularmente entre Ramón Santos y el ingreso a Caleta.

Comodoro-Caleta: la ruta de nunca acabar y multas de 1 millón de pesos mensuales contra Vialidad Nacional

Paralelamente, la sentencia aplicó otros 10.000 pesos por día, hasta que se repare el acceso a un barrio y una estación de servicio ubicados en el ingreso norte de la ciudad del Gorosito.

Si bien todavía se encuentra en período de recusación contra este nuevo fallo, los días hábiles comenzaron a correr para que Vialidad cumpla con los requerimientos, que podrían costarle más de un millón de pesos mensuales en caso de que no inicie un plan de reparaciones en profundidad.

Si bien la acción judicial se inició en 2018, la última sentencia con aplicación de las sanciones económicas se firmó el 17 de marzo último.

Policías tapan con tierra las grietas de la Ruta 3 entre Caleta y Comodoro
Policías tapan con tierra las grietas de la Ruta 3 entre Caleta y Comodoro

“En estos años, Vialidad Nacional presentó recursos dilatorios y puso argumentos como el problema judicial de la obra de autovía entre Caleta Olivia y Rada Tilly, pero lo que yo reclamé es la reparación de la traza actual y no tiene nada que ver con ese proyecto”, enfatizó Machuca.

La autovía que no se reinicia

El proyecto de autovía Caleta-Rada Tilly, que contempla la ampliación a cuatro carriles y nuevas trazas del camino en sus partes más críticas, sigue paralizado. Aunque en el presupuesto nacional 2021 se asignaron algo más de 207 millones de pesos para darle continuidad este año, el entramado judicial que hay entre la empresa CPC, de Cristóbal López y Vialidad Nacional, impide por ahora el reinicio.

Es que el organismo nacional, durante el gobierno de Mauricio Macri, le adjudicó a López la obra tras rescindir el contrato con Lázaro Báez, pero poco tiempo después, el proyecto quedó nuevamente parado. Hubo multas aplicadas por el organismo vial, por entonces a cargo de Javier Iguacel, contra CPC, por más de 30 millones de pesos. Así lo relató el propio Cristóbal López en su cuenta de twitter, semanas atrás:

“Licitaron una obra que supuestamente había que empezar ‘de cero’ y cuando llegamos la obra ya había sido comenzada por la contratista anterior. Tuvimos que readecuar, con medios y recursos propios, toda la obra que había que hacer. Luego se produjeron dos hechos fuera de nuestro control: el temporal en Comodoro de 2017 e inmediatamente después el comienzo de la veda invernal, que impide continuar con la obra. Al retomar el trabajo, empezó la persecución de Mauricio Macri contra todas las empresas del Grupo Indalo. Así empezaron las multas insólitas de Javier Iguacel por supuestos incumplimientos a raíz del defectuoso trabajo que él mismo había hecho al licitar la obra”.

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El mismo empresario formuló una denuncia judicial contra Iguacel, por abuso de autoridad en el ejercicio de su cargo.

En su testimonio a través de la red social, López deslizó un detalle no menor, que podría tener incidencia en el juicio que se sigue contra Lázaro Báez y Cristina Fernández, por presuntos sobre precios en las obras viales que involucran a Santa Cruz. El empresario comodorense ganó aquella licitación al presentar la oferta más baja, por 1.605 millones de pesos, contra un presupuesto oficial de 1.900 millones. Esa oferta contemplaba la realización de un proyecto “desde cero”, como bien reconoció el empresario en su tuit: sin embargo, se encontró con una ruta ya empezada, por la que el Estado nacional había pagado, entre los años 2006 y 2015, alrededor de 800 millones de pesos y había valuado el faltante en más de del doble de esa cifra. ¿Cuál es, entonces, el valor real del proyecto?

Katopodis: “queremos reiniciar la obra en el menor plazo posible”

El ministro de Infraestructura de la Nación, Gabriel Katopodis, fue consultado por ADNSUR en torno a esa obra, durante su reciente paso por Comodoro Rivadavia, en ocasión del aniversario de la ciudad: “Estamos trabajando para poder cumplir con una decisión que es poder retomarla, para que esa ruta se pueda concluir. Queremos ser muy cuidadosos, no vamos a dar ni fechas ni plazos, pero queremos resolver en breve los problemas administrativos para poder avanzar con un proceso claro”, enfatizó.

También se le consultó si hay una decisión de volver a licitar el proyecto: “Estamos definiendo con la empresa contratista y la provincia cuáles son los caminos más rápidos –respondió- y apenas tengamos la conclusión, lo vamos a anunciar”.

El intendente Juan Pablo Luque con el ministro de Infraestructura de la Nación, Gabriel Katopodis (Foto archivo)
El intendente Juan Pablo Luque con el ministro de Infraestructura de la Nación, Gabriel Katopodis (Foto archivo)

Del mismo modo, el funcionario nacional aseguró que el proyecto no está pendiente de acciones judiciales, al menos a partir de denuncias formuladas por el organismo vial.  En ese punto, no resulta clara la situación, ya que al cambiar la gestión de gobierno y la conducción de Vialidad Nacional, se debería resolver entre dos opciones: o licitar nuevamente la obra, si es que en la gestión anterior se llegó a rescindir el contrato (lo que podría ser discutido judicialmente por la empresa) o realizar un nuevo contrato para darle continuidad. Esto último ocurrió, por ejemplo, con el reinicio de la obra del aterrazamiento del Cerro Chenque, a cargo del mismo grupo empresario.

Fuentes del sector empresario consultadas por esta agencia dijeron en los últimos días que el problema continúa en una especie de “tablas”, si se tratara de una partida de ajedrez: hasta que no se resuelvan algunos temas que tramitan en tribunales, el proyecto no podrá reiniciarse.

Mientras tanto, por lo visto y según pasan los años, la circulación por el tramo crítico seguirá dependiendo de la buena voluntad de automovilistas, que en muchos casos realizan avisos de forma artesanal para advertir a otros conductores sobre los peligros que entraña la ruta en su estado actual.

Esto no se resolverá, ni se evitarán nuevos accidentes, en muchos casos fatales, ni siquiera cuando Vialidad Nacional haya pagado todas las multas que la justicia pueda aplicarle.