La pérdida de Chubut por la quita de Ganancias equivale a una masa salarial completa de empleados provinciales

La polémica surgida por la ley que quita el impuesto a las ganancias a favor de trabajadores que ganan hasta 2 millones de pesos por mes encierra varias aristas, que van desde la necesidad de favorecer el consumo individual y atenuar una inflación galopante, hasta la contracara de la pérdida de recursos para las jurisdicciones provinciales y municipales. Paralelamente, refleja el modo en que los actores políticos pueden pararse en posiciones diametralmente opuestas, según el momento y conveniencia personal.

En los hechos, había una necesidad de revisar la aplicación de un impuesto cuya extensión llegaba al límite de que en muchos sectores laborales se optara por no hacer horas extras, o tratar de pactar incrementos salariales ‘en negro’, con el objeto de evitar los crecientes recortes que implica el tributo.

Y si bien en los últimos años se fue subiendo el piso a partir del cual los salarios comienzan a tributar ganancias, la espiral inflacionaria termina por licuar esos límites. En la práctica, cada dos o tres meses, los mismos sueldos antes liberados, que quedaban, otra vez, rápidamente alcanzados.

Con la ley que está en discusión, una vez que se aprueba habrá una actualización constante, ya que el límite quedará establecido por 15 salarios mínimos, vitales y móviles. Y en cada modificación de ese ingreso de referencia, el piso irá subiendo, ya que será revisado en forma semestral.

Hay que considerar también que la mejora en el bolsillo de los asalariados empieza a regir desde el 1 de octubre, a través de un decreto. Si se considera el salario mínimo vigente a septiembre, de 118.000 pesos mensuales, entonces el piso sería de 1.770.000.

En este punto, hay que hacer la salvedad de que el consejo del salario se reunirá el próximo 27 de septiembre, para actualizar esa referencia salarial, por lo que se estima que el nuevo piso estará en torno a los 2 millones de pesos.

POR QUÉ HAY UN IMPACTO EN LAS PROVINCIAS

Valorar la mejora que representa la quita del tributo para la mayoría de los salarios no implica desestimar los problemas que se originan como contracara. Tampoco debería ser impedimento para preguntar cómo compensará el Estado nacional la disminución de los ingresos que recibirán las provincias por vía de la coparticipación de los impuestos que, precisamente por esta medida, dejan de recaudarse. Si bien en este informe hablamos de Ganancias, falta conocer las estimaciones de la merma de recaudación por devolución del IVA.

El impacto negativo para todas las provincias se produce porque lo que el Estado nacional recauda en materia de impuestos se redistribuye entre aquellas, de ahí que al reducirse la torta de plata para repartir, se achican las porciones que recibe cada una.

Un informe de la consultora Aerarium pone en foco el problema que se genera para las provincias, al señalar que éstas cargarán con más del 50% del costo fiscal de la medida, lo que a su vez significa también un costo para los municipios, que reciben parte de aquella masa de recursos que dejará de llegar.

Y para evitar una lectura política en clave de grieta, el mismo trabajo advierte que una medida similar fue adoptada por el ex presidente Mauricio Macri, luego de perder las PASO de agosto de 2019, a través de dos decretos “destinados a eximir del pago del IVA a algunos productos de la canasta básica alimentaria, y a incrementar un 20% el Mínimo No Imponible del Impuesto a las Ganancias”.

Aquella situación motivó una rebelión de las provincias, encabezadas por Entre Ríos, que planteó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acompañada por otras 14 gobernaciones, entre las que se encontraba Chubut, al igual que Santa Cruz y Tierra del Fuego.

“Luego del fallo de la Corte, en el cual se dio lugar al reclamo de Entre Ríos, no se derogaron los decretos, pero el Estado Nacional asumió la totalidad del costo fiscal de las medidas –refiere el informe de Aerarium-, compensando las pérdidas a las 24 jurisdicciones”.

La situación actual es bastante similar, ya que además de la liberación de ganancias sobre los salarios más altos, se ha establecido la devolución del IVA en productos alimenticios para una base de alrededor de 20 millones de personas, según el anuncio oficial del gobierno.

Sin objetar la necesidad de ese tipo de alivio, sobre todo para los sectores más vulnerables, otra vez cabe la misma pregunta: ¿Quién paga el costo? Y además, ¿por qué en aquel momento, quienes cuestionaron aquella decisión electoralista de Macri, hoy la avalan? Y viceversa: quienes entonces acompañaban la decisión, hoy la cuestionan.

Como muestra, basta un par de nombres propios. El gobernador Mariano Arcioni, que en 2019 reclamó con solidez al Estado nacional, ahora aplaudió la medida y minimizó los perjuicios. Además, cuestionó a la diputada Ana Clara Romero, por haber votado en contra de una medida que, 4 años atrás, su propio espacio político impulsó y avaló. Y si bien es claro que hay una contradicción, también hay que señalar que el bloque opositor presentó un proyecto alternativo, en el que pedía como condición para acompañar esta iniciativa, que el Estado nacional garantizara la compensación a las provincias.

A un lado y otro de la grieta, la política juega sus fichas. Las gestiones pasan, los problemas para la mayoría de la gente quedan. La lista de nombres de ambos sectores, con posiciones contrarias a las de hace 4 años, haría más extenso de lo necesario este informe.

Aquella situación, sin embargo, fue zanjada como se requería. En diciembre de 2019, un acuerdo firmado entre el gobierno de Arcioni y el recientemente asumido de Alberto Fernández puso fin a los reclamos judiciales, luego de la compensación de los recursos perdidos. 

Por entonces, fuentes de la Fiscalía de Estado informaban a ADNSUR que la pérdida de recursos estimada en la demanda había ascendido, por efecto de la medida, a alrededor de 4.000 millones de pesos. Si se actualiza por inflación aquel monto calculado 4 años atrás, a valores actuales, representaría unos 29.000 millones de pesos. Es decir, prácticamente el mismo perjuicio que se provoca en la actualidad.

CHUBUT PERDERÍA EL EQUIVALENTE A UNA MASA SALARIAL ACTUAL

La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación realizó un cálculo estimativo, a partir de un informe del proyecto de ley, sobre el impacto que representaría para cada una de las provincias del país, la quita del impuesto a las ganancias sobre los salarios de hasta (a valores de hoy) a 2 millones de pesos.

En ese cálculo, la dependencia oficial determinó que la disminución de recursos para todas las provincias ascendería 1.687.299 billones (léase un billón como el equivalente a un millón de millones) de pesos. Si se considera que Chubut recibe alrededor del 1,5% de la masa de recursos recaudados, la pérdida para esta provincia en alrededor de 25.000 millones de pesos, para el ejercicio 2024.

Para dimensionar la magnitud de ese impacto, puede tomarse como referencia que es el equivalente  a una masa salarial actual, es decir el total de sueldos que abona la provincia a sus empleados activos y jubilados en la actualidad.

Dicho en otros términos: Chubut estaría cediendo fondos que no le sobran (al contrario, le faltan), que necesita en forma imperiosa para poder cumplir el pago de salarios y no volver a un escenario similar al de 2019, cuando abonaba esa obligación en forma ‘escalonada’.

LOS MUNICIPIOS TAMBIÉN PIERDEN: COMODORO CEDE CASI 900 MILLONES DE PESOS

A partir del cálculo de recursos cedidos por la provincia, puede estimarse también lo que dejarán de recibir los municipios, ya que estos reciben parte de los recursos coparticipables que se recaudan en la jurisdicción nacional.

Sobre la cesión de 25.770 millones de pesos que dejaría de recaudar Chubut, los municipios perderían alrededor de 2.800 millones de pesos. Entre ellos, el más importante es el de Comodoro Rivadavia, que estaría cediendo 860 millones de pesos.

El informe del Congreso considera solamente la pérdida por ganancias, pero restaría añadir la estimación de la masa de recursos que dejarán de recibirse por la devolución del IVA sobre alimentos.

Si a fines de 2019 el gobierno provincial reclamó para que el Estado nacional compensara la pérdida de recursos, algo que finalmente obtuvo, también deberá hacerlo en esta oportunidad. Porque si bien puede definirse como una medida progresiva la devolución del IVA sobre alimentos, o dejar de considerar a los salarios como ganancia, ese avance no debería hacerse sobre la espalda de las provincias.

Ni cuando lo hizo el macrismo, ni cuando lo hace el kirchnerismo. En ningún caso debería ser justificable que los estados provinciales financien parte de la campaña electoral, que se dirime en octubre y eventualmente en noviembre. 

Además, devolverle a Chubut lo que está cediendo no sería tan costoso: son alrededor de 53 millones de dólares, por lo que bastaría con que Nación le devuelva la mitad de lo que recauda por retenciones a la exportación de petróleo.

Una provincia casi fundida no puede darse el lujo de pagar una fiesta a la que, como ocurre habitualmente, gobierne quien gobierne en el país, está muy lejos de ser invitada.