COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Desde el apagón del domingo 16 de junio, los nombres de Transener y Marcelo Mindlin ha sido uno de los de mayor circulación  en cuanta explicación se intenta dar por lo que fue un “blackout” que generó miedo, por la magnitud y consecuencias del impactante corte de energía, que afectó a 50 millones de personas. La firma que controla el transporte de energía en el país, a través de Pampa Energía, pertenece al empresario que años atrás arribó a Chubut con el tristemente célebre “proyecto Ingentis”, un gran fracaso por el que la provincia aún debe pagar –a través de Petrominera- 6.700.000 (seis millones setecientos mil) dólares, según acaba de ratificar un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los motivos del corte de energía serán materia de investigación en los próximos 15 días, pero el problema tiene indirectamente tiene un vínculo con Chubut, a partir de uno de los protagonistas de la empresa que opera el sistema de extra alta tensión por el que circula la energía que se distribuye en todo el país.

Es que Transener pertenece en partes iguales a las firmas Pampa Energía y la empresa estatal IEASA (ex Enarsa), que controlan el 51% de la compañía, mientras el resto cotiza en Bolsa. Precisamente, la firma privada, propiedad de Marcelo Mindlin, acaba de ganar la última instancia pendiente en el juicio iniciado a la provincia de Chubut, en el año 2012, para exigirle el pago de las acciones correspondientes al proyecto Ingentis, luego de que dicha empresa se retirase del proyecto, a partir del año 2010, convencidos de que todo había sido un fiasco. Claro que el fracaso será pagado por todos los chubutenses: la Corte Suprema de Justicia acaba de ratificar que la firma tiene el derecho a cobrar la deuda exigida, por más de 6,7 millones de dólares, además de los honorarios de sus abogados, por otros 8,2 millones de pesos (en este caso, al menos, la deuda es en moneda nacional).

El origen

La deuda se origina en el pago que Chubut –a través de Petrominera- debía hacer por quedarse con las acciones de Pampa Energía sobre el proyecto Ingentis, según el acuerdo alcanzado en 2010. Dos años después, el entonces fiscal de Estado, Blas Meza Evans (actual diputado provincial por el PJ) ordenó que se suspendieran los pagos, a raíz de que él inicio, desde dicha área provincial, una denuncia penal por supuesto fraude al Estado, para que se investigara todo el movimiento de fondos que requirió Ingentis. Esa investigación no ha avanzado ni arrojó resultados concretos, por lo que Pampa Energía inició una demanda judicial a Petrominera, para exigir el pago de dichas acciones.

La justicia civil dio la razón a la empresa de Mindlin, ya que había un contrato firmado y un acuerdo protocolizado para el traspaso de acciones. La empresa estatal apeló la sentencia y al menos obtuvo un aliciente: al impugnar los intereses aplicados, logró que la deuda bajara desde el monto inicial, que superaba los 8 millones de dólares.

Una última instancia a recorrer se vincula con una jugada que parece inalcanzable: la empresa estatal debe afrontar una deuda que a valores actuales supera los 300 millones de pesos. En el marco de la empresa económica que atraviesa la provincia, se intentará canalizar una negociación para el pago con bonos (los mismos que se entregaron al resto de los proveedores de la provincia), según confió una fuente cecana al tema, pero pocos creen que pueda concretarse ese modo de financiación.

A todo esto, vale recordar que el “fruto de Ingentis” son dos turbinas de generación térmica: una está en Estados Unidos, arrumbada y generando deuda por un depósito fiscal impago desde hace casi 10 años; es la que le corresponde a la provincia. La otra se la llevó Pampa Energía y funciona a pleno, produciendo energía desde la provincia de Salta. El negocio, después de todo, fue malo sólo para una de las partes…