COMODORO RIVADAVIA (Especial para ADNSUR / Por Raúl Figueroa) En una ciudad acostumbrada a los sobresaltos y advertencias grandilocuentes, siempre al borde de un colapso nervioso, sea por precariedad de los servicios o por saturación de su limitada infraestructura, esta semana trae una fecha especial en el calendario, ya que se cumple el plazo que había otorgado la Sociedad Cooperativa al gobierno provincial para afrontar la deuda reclamada por el mantenimiento del acueducto.

El monto reclamado, estimado en más de 105 millones de pesos, no es sin embargo la única “deuda” pendiente en una urbe que sufre la insuficiencia de políticas públicas para afrontar algunos de sus problemas esenciales: desde la escasez de agua o precariedad eléctrica, hasta la población canina y la epidemia de muertes de personas en accidentes de tránsito.

Hay temas vinculados a una mera cuestión de agenda, si se tienen en cuenta los posicionamientos públicos y lo que pudo verificarse en los últimos días, para saber si sigue vigente aquel planteo de semanas atrás. Traspuesto el 26 de julio sin novedades en cuanto al reclamo de 105 millones de pesos por el mantenimiento del acueducto, la SCPL empezaría el camino para devolver la operación del sistema.

“Esperamos que no se llegue a eso”, dicen con cautela desde la entidad, tras comprobar que las peleas públicas con el gobierno de Mario Das Neves no resultan fructíferas. “No hay muchas alternativas para la operación de un sistema tan complejo: o lo agarra un privado y el metro cúbico de agua se va a 25 pesos por metro cúbico (hoy vale 5,12) o lo agarra el Estado y el servicio funciona menos de la mitad del mes: en cualquiera de los casos, los que sufren somos todos los vecinos de Comodoro”.

 

También el jefe de Gabinete del gobierno, Alberto Gilardino, hizo referencia días atrás a esa deuda y confió en que se podrá encontrar un principio de solución, no sin antes recordar que el convenio es perjudicial para la provincia y que se gestó en el gobierno anterior, que tampoco cumplió con ninguno de los pagos acordados desde el año 2013.

Fue en tono moderado, ya que otros ministros antes fustigaron con dureza a la administración de la SCPL y pusieron en duda el manejo financiero y el déficit de la institución.

En suma, habrá que esperar al próximo miércoles, para saber si se dieron negociaciones para encauzar el problema, que vendría a agravar un cuadro por demás complejo: la distribución de agua en la ciudad se realiza en algunos sectores –como el de zona norte- en forma más deficitaria que la habitual, tras las consecuencias del temporal.

Otra incógnita a despejar es si las obras de reparación de cañerías internas (entre las que se cuenta el acueducto Arenal-Ciudadela) terminará a tiempo antes de la próxima temporada, para evitar que los cortes que hoy se producen sean aun mayores, ahora que también se sabe que, una vez más, la obra de “repotenciación” (que habría que empezar a llamar “re-postergación”)  del acueducto tampoco estará terminada antes del próximo verano.

 

EL TRÁNSITO Y LOS PERROS

No son los únicos inconvenientes a resolver. Con sencillez demoledora, una instructora de la Escuela de manejo defensivo del IAPG explicó esta semana no sólo las cifras alarmantes sobre accidentes mortales en Comodoro Rivadavia, con seis muertes en un lapso de pocas semanas, sino que también puso en duda la eficiencia de las políticas de control para prevenir y mejorar el nivel de accidentología, al que calificó como una “epidemia”.

Si bien Comodoro no es la excepción en un país en el que se producen más de 7.000 muertes por año, casi 23 personas por día, además de multiplicar por 4 el número de víctimas (alrededor de 40.000) que cada año sufren secuelas físicas por este tipo siniestros, la ciudad tendría para sumar decisiones que, de adoptarse, vendrían a restar el margen a muertes evitables.

Por caso, Emilse Cavero puso la mira en la necesidad de corregir los controles de alcoholemia y realizarlos a la salida de boliches y lugares bailables, como forma preventiva (para evitar conductores alcoholizados) y no meramente sancionatoria (con aplicación de multas que, aun de varios miles de pesos, evidentemente no aportan solución al flagelo).

Una medida sencilla de aplicar, que no requeriría de este caso de inversiones millonarias de otras jurisdicciones, sino de decisiones políticas locales en firme y basadas en lo que sugiere la experiencia y lo que pueden aportar quienes estudian el tema.

Otro hecho que pone en evidencia un desdibujamiento del Estado es el de la población canina y las consecuencias para la salud de las personas. Además del grave ataque sufrido por un hombre en barrio Laprida, el crecimiento de niveles de parasitología (en un 250% en comparación a estudios de fines de los años 90) en plazas y espacios públicos de la ciudad es un alerta que no requiere de respuestas espasmódicas ni inconducentes debates eutanásicos, sino una real acción para concretar un censo y medir con certeza cuál es la magnitud del programa de esterilización canina que debería realizarse desde el municipio para empezar a controlar el problema, además de una normativa clara para sancionar a los dueños irresponsables de mascotas.

Se trata de acciones tal vez no demasiado vistosas ni de “trascendencia histórica”, pero a falta de grandes obras y presupuestos millonarios que dependen del humor de un país obsesionado con el ombligo capitalino, tal vez podrían servir como un necesario reflejo de resistencia (¿y supervivencia?), aquel que demuestre que mientras seguimos exigiendo la ayuda de afuera, sabremos empezar a resolver lo poco o mucho que a nosotros nos toca desde adentro.