COMODORO RIVADAVIA (Por Raúl Figueroa / Especial para ADNSUR) - “¿Dónde está la gravedad de los hechos? En el efecto pernicioso que tenía la actividad ilícita que desarrollaban los imputados. Porque ese dinero que era para sostener una vida de lujo y ostentación es el que falta en otro lugar del Estado”. Las palabras del fiscal Alex Williams durante la audiencia de control de detención de los 5 imputados por asociación ilícita y enriquecimiento a través de defraudaciones en perjuicio de la provincia resaltan con dolorosa claridad, en un contexto en el que las escuelas y hospitales dejaron de funcionar a partir de la retención de servicios de los empleados públicos que no pueden cobrar sus salarios en término.

Robo público: ¿Por qué es grave la corrupción?

En esa sumatoria, todavía falta que el gobierno informe con precisión el uso dado a los 650 millones de dólares tomados al inicio de la actual gestión, o los 220 millones de dólares contraídos en el gobierno anterior, cuyos vencimientos ahogarán a las cuentas públicas durante los próximos 10 años.

UNA LISTA MÁS LARGA

También habrá que incluir la denuncia formulada por el secretario de Seguridad, Federico Massoni, respecto de la contratación directa para compra de cámaras para “centros de monitoreos”, de las que llegaron equipos obsoletos y en algunos casos ni siquiera se entregaron, como las que debían instalarse en Comodoro Rivadavia. Por ahora, la denuncia involucra solamente a la empresa favorecida y se apunta a un “incumplimiento de contrato”, pero no está claro por qué se evitó el llamado a licitación, como tampoco si hubo, de mínima, negligencia por parte de los funcionarios públicos que debían controlar la calidad de los equipos adquiridos.

Es difícil saber hasta dónde avanzará la justicia en estas puntas, o qué partes del iceberg saldrán al descubierto. Sí se escuchan relatos en torno a funcionarios que todavía ocupan cargos encumbrados (o detentan porciones reales de poder, más allá del espacio formal) que preguntan, preocupados, cuál es el alcance. La respuesta está en el propio sistema judicial: el mismo que ha dado muestras de avanzar con criterios de selectividad (o de no avanzar), dependiendo de qué dirigentes o qué corporaciones estuvieran del otro lado del expediente.

Mientras tanto, al gobierno actual tampoco le alcanzará con el blindaje que salieron a trazar algunos funcionarios en torno a la figura del gobernador. “Ni siquiera lo dejaban entrar al despacho cuando era vice y quedaba a cargo de la gobernación”, fue el comentario común en las últimas horas, ante las miradas que apuntaron a señalar que la función de Arcioni no empezó en los luctuosos días de noviembre. En concreto, si el bisturí no llega al hueso, la gangrena de la corrupción podría afectar a otros órganos vitales, mientras la fiebre sigue manifestándose en urgencias financieras varias y una provincia cruzada por el conflicto básico de salarios impagos.

DEUDA MUNICIPAL

El intendente Linares, que sonrió satisfecho cuando conoció los allanamientos y detenciones de funcionarios provinciales en la causa que comenzó por los sobreprecios de compras durante el temporal de Comodoro (algo que él había señalado el año pasado, en las primeras semanas del temporal, apuntando a la figura de la ex ministra Hichaqueo), tuvo un revés inesperado en el ámbito legislativo local esta semana, al enviar el proyecto para colocar un bono por 50 millones de dólares, o mil millones de pesos.

Y si bien el coletazo negativo podía resultar esperable por el lado de la oposición, expresado en el fuerte cuestionamiento formulado por Gastón Acevedo en su carácter de presidente de la UCR local, resultó más sorprendente el planteo formulado desde el bloque de concejales justicialistas, que también se preparan para formular cambios en el proyecto de ordenanza. Es que también el oficialismo, en la figura de su presidente Guillermo Almirón (al igual que Maximiliano Sampaoli), salió a advertir que “no lo vamos a autorizar para pagar deudas”, aduciendo que éstas se deben solventar con el flujo de caja de rentas generales y no con un instrumento excepcional.

En el centro del debate quedará no sólo la redacción final del proyecto, si la mayoría del Concejo coincide en evitar el pago de deudas con parte del bono (se cuestionó también la garantía de pago con fondos habituales de Rentas), sino también el listado de obras que se apunta a priorizar: más allá de los enunciados públicos, falta el anexo concreto con proyectos y montos presupuestados. Si se destinase a deuda, el bono puede abrir otro frente de conflicto, vinculado al tipo de obligaciones que serían eventualmente atendidas con el endeudamiento.

Es que el Tribunal de Cuentas ha vuelto a objetar expedientes de pago reclamado por empresas que prestaron servicios durante el temporal del año pasado y en los que otra vez surge falta claridad en la documentación presentada, además de que se repiten situaciones mínimamente “curiosas”, en las que un mismo operario trabajó casi 40 horas seguidas en dos oportunidades durante el temporal, según consta en facturas que totalizan más de 3 millones de pesos.

Una última curiosidad: los mil millones de pesos que totalizaría el bono a valores actuales alcanzaría, según una referencia recientemente dada por el intendente (“una cuadra de asfalto vale un millón y medio de pesos”, dijo el jefe comunal) a 666,6 cuadras de pavimento. Vaya un numerito, en tiempos en que el “embrujo” acaba de dejar tras las rejas a unos cuantos.