El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, aclaró este miércoles que los proyectos de ley enviados para modificar las leyes vinculadas a concesiones petroleras “apunta principalmente a áreas improductivas”, al tiempo que precisó que no habrá afectación sobre el bono compensador que ya está vigente en los contratos actuales ni se afectará el rol de Petrominera en las sociedades que hoy tiene con distintas operadoras.

“Uno de los proyectos modifica el Estatuto de Petrominera, porque es una norma que contradice la ley Nacional 17.319 de Hidrocarburos y también la ley provincial XVII 102, que dicen que es facultad del Ejecutivo el otorgamiento de permisos, concesiones y contratos de operación sobre áreas, luego del llamado a licitación, que se hace a través de la empresa estatal”, refirió el ministro, para fundamentar por qué se propone que sea el Ejecutivo (y no la Legislatura) el que apruebe las concesiones.

“El origen de estos cambios está en la necesidad de agilizar los tiempos y procesos. Por ejemplo, cuando se adjudicó el área de Bella Vista Oeste, se firmó en septiembre el contrato de concesión, pero recién en enero del año siguiente se hizo la aprobación legislativa y en febrero se concretó el traspaso del área -añadió Ponce-. Esos plazos no son compatibles con la urgencia que tiene hoy la provincia en lo que es generación de puestos laborales, ingresos y producción de hidrocarburos”.

Foto: Radio Camioneros

El ministro enfatizó que los dos proyectos en cuestión apuntan a la reactivación de áreas que hoy son “improductivas”, como optó por llamarlas en lugar de “marginales”. Según explicó, se apunta a reactivar áreas que hoy no están en producción “y que de hecho generan costos asociados, por ejemplo por servicios de custodia de policía para que no saqueen las pocas instalaciones que hay”.

“NO SE AFECTA EL BONO EN LOS CONTRATOS PETROLEROS VIGENTES”

En cuanto al segundo proyecto de ley, que modifica artículos vinculados al bono compensador por agotamiento del recurso, Ponce indicó que no hay afectación del bono que hoy se cobra en los contratos vigentes, prorrogados en su mayoría hasta el año 2047. 

“Un detalle no menor es que en cada uno de los contratos de prórroga, se ha regulado la alícuota del bono. O sea que si alguien piensa que el Ejecutivo puede modificar el bono de alguno de los yacimientos que hoy están en producción, la realidad es que eso no puede ocurrir porque se necesitaría una ley especial para eso. Esto está pensado para áreas inactivas -insistió-, que no son económicamente viables, se les pueda modificar tanto la regalía como el bono, que se puede pero las regalías vigentes, del 12% más el 3 al 4% adicional en el caso del bono, en los contratos vigentes, no puede haber ningún tipo de afectación”, enfatizó.

Ponce explicó que también se apunta a activar el sistema de Iniciativa Privada, por el que una empresa puede expresar interés por un área en determinadas condiciones, lo cual, si es aceptado por la autoridad de aplicación, puede habilitar un proceso licitatorio. En ese marco, argumentó por qué se impulsa otra de las modificaciones en la ley:

“Hace unos años, en la cuenca San Jorge se aplicó este mecanismo en dos áreas y hubo 10 presentaciones a nivel nacional, pero Chubut no tuvo ningún oferente -graficó-. La particularidad es que la ley en Chubut exige la asociación con Petrominera, por eso la modificación de la norma es que la asociación no sea obligatoria, sino que dé un plus a la propuesta de Iniciativa Privada. Después se definirá si la propuesta es de interés, pero el rol de Petrominera no se modifica. La voluntad siempre es incorporar a la empresa estatal porque además es una forma de tener más control sobre las concesiones, los procesos exploratorios y la actividad en general”. 

Finalmente, Ponce insistió en que los proyectos que impulsa el Ejecutivo “no afectan para nada el bono y esto está garantizado por ley”, al tiempo que remarcó que “Petrominera seguirá cumpliendo un rol estratégico. Lo que buscan estas leyes es dotarla de herramientas para encontrar interesados en operar áreas que por alguna condición particular hoy son de alto riesgo o anti económicas”.

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