RAWSON (ADNSUR) – La diputado del FpV, Estela Hernández, se refirió al proyecto de ley para penalizar al consumidor de servicios sexuales que realizó junto a la diputada Gabriela Dufour. Al respecto, sostuvo que “el tema es de difícil control, pero consideramos que hay que tener otra mirada” y agregó que “la pena económica es del 100% del salario vital y móvil”.
Hernández indicó que “empezamos a armar el proyecto con la diputada Dufour cuando surge el tema de Mil Demonios en Rawson. Luego empezamos a investigar sobre el tema y ahora hubo un asalto a un vip por lo que empiezan a surgir otros temas”.
Sostuvo que “sabemos que el hecho de que haya una ordenanza o ley no implica que esto siga pasando porque el tema es de difícil control, pero consideramos que hay que tener otra mirada. El proyecto apunta al debate con distintas organizaciones porque la mirada tiene que estar puesta no sobre la persona que ofrece servicios sexuales sino sobre el que consume los servicios sexuales y sobre el que hace de esto un gran negocio”.
Además, la diputada planteó que “hay distintas posturas y no tenemos una postura moralista con este tema. Lo que pretendemos es ver a estas personas como sujetos de derechos y no como objetos de abuso”.
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“Siempre se ha penalizado a la persona que ofrece servicios sexuales y se los ha castigados desde la sociedad con adjetivos descalificativos pero sin consumidor no habría prostitución, y sin prostitución no habría trata”, remarcó.
"Hay que tener una mirada diferente, un respeto diferente y lo que no vamos a apoyar es el negocio a partir de los servicios sexuales que sabemos que ocurre”, indicó y detalló que la ley implica “una pena económica del 100% del salario vital y móvil”.
Consultada sobre la regulación de los sitios web que ofrecen los servicios sexuales, la diputada aseguró que “es muy difícil regular y creo que esto es dar el primer puntapié sobre un tema para ponerlo sobre la mesa. No hablamos del tema con supuestos sino haciendo una primera propuesta y a partir de ahí ver qué va saliendo. Creo que hay que preguntar cuál es el cumplimiento de la adhesión provincial a la ley de trata porque la provincia está adherida a la ley de trata donde se prohíben los locales de oferta sexual. Sin embargo, están”.
