COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/ Por Raúl Figueroa) La discusión política en la provincia transcurre entre intercambios de chicanas de la dirigencia de Comodoro y la provincial, más concretamente entre el gobernador Das Neves y el intendente Linares, ofreciéndose mutuamente “GPS” y consejos varios para atender los problemas de la ciudad o de la provincia, según sea el origen del argumento. En un año electoral, parece que ésta será la tónica del debate. Sin embargo, lejos de que esto cristalice en algún tipo de avance concreto para la ciudad, los problemas de siempre se agudizan sin que aquel estéril intercambio dialéctico genere siquiera la sospecha de que algunos de los grandes interrogantes de la región está en camino de responderse.

Así, por ejemplo, las primeras 3 semanas del año reflejan una escasa originalidad en cuanto a inconvenientes y su impacto social. No vale contar los cortes de agua, que al fin y al cabo se sabía que este verano no traería mejoras y en última instancia, la expectativa más favorable que podía albergarse era que la secuencia de cortes no se hiciera más frecuente. Tampoco es seguro que esa humilde esperanza pueda verse satisfecha.

Decir que la cantidad de muertos en homicidios en la ciudad ya superó a a la cantidad de semanas transcurridas desde que comenzó el 2017 tampoco sería constructivo, porque los caprichos de la matemática no son capaces de reflejar el drama de violencia e impunidad que sacude a muchos sectores. También parece redundante plantear que los nuevos hechos de inseguridad caracterizados por asaltos violentos a domicilios se van tornando parte de un peligroso acostumbramiento, mientras se sigue a la espera de que los anuncios en materia de seguridad formulados desde el año pasado y proyectados para comienzos de este mes (que ya está por terminar) traigan algún tipo de atenuantes. ¿Las video cámaras nuevas, o la mayor presencia de agentes policiales en las calles? Por ahora, esos anuncios del gobierno provincial siguen siendo sólo eso: anuncios y expresiones de deseo.

En materia de seguridad, un conflicto en el personal de Infantería quedó al descubierto por sus consecuencias, pero no son tan claras las causas. Quienes conocen la interna policial aseguran que el origen está en el reclamo de los agentes para que no se les recorte la posibilidad de hacer adicionales de trabajo en áreas petrolero, lo que literalmente lleva a duplicar los ingresos, aun cuando luego no quede tiempo para cumplir en tiempo y forma la tarea por la que son agentes del Estado para brindar servicio de seguridad.

Por si faltaba originalidad, también el ámbito de la salud arranca su rueda de precariedad. Los anestesiólogos mantuvieron en vilo durante toda la semana a las personas que se atienden en el hospital y dependían de una intervención quirúrgica, siendo especialmente útil el documento firmado por el doctor Fernando Urbano (denunciando la indolencia con la que estos profesionales defienden sólo su int

erés sectorial, pese a contar ingresos que superan los 100.000 pesos mensuales) para reflejar con total crudeza que la sociedad se acostumbró a vivir de la toma de rehenes, ejerciendo cada sector la porción de poder que le compete en un momento, sin importar las consecuencias para el resto. Ni siquiera, como en este caso, cuando esas consecuencias deben pagarlas los sectores más humildes de la sociedad. El reclamo salarial, cuando se supera el umbral que en cifras representa 3 ó 4 veces el salario de la mayoría de las sectores laborales, se transforma en un arma extorsiva cuando vulnera derechos esenciales del resto, como lo es la asistencia a la salud.

En ese marco, cuando se espera que la dirigencia política sea capaz de direccionar al Estado en el establecimiento de normas claras y garantizar que cada sector cumpla la función que le compete, con la mayor eficiencia posible, las discusiones en las que se enfrasca la clase dirigencial parece alejarse de los mojones mínimos de racionalidad.

Ni las medidas de urgencia para frenar la ola de crímenes, ni el restablecimiento de condiciones medianamente óptimas del sistema de salud, ni el abastecimiento de agua ocupan hoy un orden de prioridades ni forman parte de programas estratégicos para salir de la urgencia permanente. Por lo contrario, esa dispersión se verá potenciada por el creciente apasionamiento que caracteriza a cada año electoral, lo que volverá a disimular eficiencias y a patear la pelota para más adelante.

De ese modo, si las chicanas consisten en intercambios de “GPS”, la más humilde esperanza es que la discusión política encuentre al menos una brújula para centrarse en la construcción de una agenda concreta, que empiece a proyectar las grandes soluciones que la región ve postergarse cada año.

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