COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - "Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos", dijo Fernández en el momento en que anunció el inicio de una querella criminal para investigar a los funcionarios del gobierno anterior. 

Independientemente de las decisiones de política económica que puede tomar cualquier gobierno, tal como se respondió desde la oposición actual (antes oficialismo), lo que deberá establecer la justicia en esa investigación inicial es si se siguieron todos los procedimientos administrativos, exigidos por ley, para la toma de ese endeudamiento por parte del Estado nacional, algo para lo que ya hay fuertes indicios, según lo plantea la Coordinadora de Abogados de Interés Público (CAIP), una organización nacional que ha publicado una serie de argumentos en el sitio https://fmiargentina.com/.

Más allá de la discusión a nivel nacional, que podrá enmarcarse también en los cuestionamientos judiciales que seguirán intercambiando el kirchnerismo y el macrismo, la mirada puede volverse hacia la provincia de Chubut: ¿debería investigarse el origen del endeudamiento que, aun con la refinanciación lograda este año, sigue asfixiando las cuentas públicas?

El peso de la deuda

La deuda que todavía debe afrontar la provincia, compuesta por un último tramo del bono BODIC II tomado por el gobierno de Martín Buzzi, más el BOCADE y el BOPRO colocados al inicio del tercer gobierno de Mario Das Neves, demandarán este año un pago cercano a los 80 millones de dólares. Esto se deduce al descontar el “alivio” de 92 millones de dólares que se “reperfilaron” (es decir, cuyo vencimiento se reprogramó para después de 2023), sobre los vencimientos de 170,4 millones de dólares que estaban previstos originalmente para pagar en 2021, según un informe del Ministerio de Economía elaborado en 2019.

Para el año próximo, con una deuda original de 165 millones de dólares, la provincia reprogramó 59 millones, es decir que todavía deberá afrontar 106 millones de dólares. Luego, desde 2023, el “ahorro” disminuye a sólo 16,7 millones de dólares los vencimientos volverán a sus montos originales, más lo que se dejó de pagar en estos 3 años, hasta el 2030. En definitiva, las cuentas públicas seguirán condicionadas, hasta el año 2030, a pagar los 700 millones de dólares, más intereses, contraídos en 2016.

Es posible que en la provincia no haya argumentos legales de peso para dudar de los procedimientos al momento de tomar la deuda, ya que cada uno de los bonos tuvo autorización de la Legislatura y, al menos en lo formal, los expedientes pasaron al final del proceso por el sistema de control del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Tampoco la oposición ha planteado denuncias en ese sentido durante los últimos años; ni fue motivo de análisis cuando la Legislatura debió autorizar al gobierno para el acuerdo de refinanciación, alcanzado con los acreedores externos sobre fines del año pasado. 

Sin embargo,  las dudas se imponen por peso propio, a poco de plantear cuál fue la finalidad por la que se tomaron esas deudas. 

Pagar dos veces por las mismas obras

Un ejemplo de la gran duda que generan las grandes deudas se vincula precisamente a las obras que justificaron aquella decisión. Esta semana, por caso, se anunció desde el municipio el reinicio del Centro de Encuentro de la zona sur, que está en un 50 por ciento de avance, según detalló el intendente Luque al recorrer el predio. A partir de un acuerdo con Provincia, ésta transfirió la obra para que la termine el municipio. 

¿Qué tiene de extraordinario lo anterior? Que el Centro de Encuentro era una de las obras a financiar con el bono BODIC I, otra de las deudas que ahogaron a la provincia en los últimos años y que se terminó de pagar en octubre del 2019, por un total de 220 millones de dólares. 

En ese ejemplo, queda claro que gran parte de la deuda colocada en estos años no sirvió para la finalidad con la que se aprobó su emisión. En la ciudad debían construirse 4 de esas unidades, pero hay sólo dos, con un precario grado de avance y con el agravante de que ahora el municipio debe tomar nueva deuda para concluir la obra. 

Algo similar ocurre con el BODIC II, que se terminará de pagar este año. Ya se ha explicado desde este espacio, en varias ocasiones, que esa deuda se destinaría a la construcción de un nuevo hospital en Comodoro Rivadavia y otro en Trelew, por un total de 89 millones de dólares. En la ciudad valletana, la obra está iniciada y tiene algún grado de avance importante; en Comodoro, el “proyecto” fue sólo humo. 

Otro ejemplo: el BOCADE, una deuda de 650 millones de dólares y que debían utilizarse en un 50 por ciento para la realización de obras y la otra mitad para el pago de deudas del Estado provincial, anteriores al año 2015. Sin embargo, el Estado provincial no logró ponerse al día con todos sus proveedores habituales. En materia de obra pública, incluso, surgió a la luz que para cobrar había que pagar primero una coima, tal como se está ventilando en el juicio conocido como “Revelación”, en el que desfilan ex funcionarios públicos para explicar por qué elegían a algunas empresas constructoras por sobre otras, a la hora de priorizar los pagos. Tampoco se conoce, pese que en la Legislatura se conformó una comisión de seguimiento de la deuda, qué “obras” se construyeron con los 325 millones de dólares restantes. 

¿Podría esa comisión legislativa impulsar una auditoría sobre la deuda provincial, para determinar en qué se gastó cada uno de los dólares que se deberán pagar durante los próximos 9 años? ¿Podría el gobernador Arcioni tomar una decisión alineada con el anuncio presidencial, para ordenar una auditoría sobre la deuda que sigue condenando a esta provincia? 

Aunque deberían ser obvias, la respuesta a esas preguntas no aparecen.
Y es que en algo se equivocó el presidente Fernández, en su discurso del lunes 1 de marzo: endeudarse nunca fue gratis, al menos para la sociedad que carga sobre sus hombros, en sus bolsillos y en sus frustraciones, el peso de cada “aventura de hipotecar al país” y, agregamos desde aquí, también a la provincia.