CAPITAL FEDERAL - El presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar a la Justicia y anunció la creación de un Tribunal Federal de Garantías que apunta a limitar el poder de la Corte Suprema. Expresó que "el Poder Judicial está en crisis" y que "parece vivir en los márgenes del sistema republicano". La oposición convocó a un cacerolazo para las 20 horas de este lunes. 

Fernández manifestó que “Sus miembros disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado -mencionó en su discurso-. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible”.

El Presidente explicó que el Tribunal Federal de Garantías solo tendrá competencia en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario. Argumentó que "de ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado". 

Tal como detalla Infobae, Fernández también le pidió al Congreso que cumpla un rol de control del Poder Judicial y manifestó“Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república”.

Fernández mencionó supuestos "desvíos” en los que incurren los funcionarios judiciales y puso como ejemplo “los femicidios que se consuman sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario para impedirlos”. También se refirió a las “excarcelaciones improcedentes” y “las detenciones preventivas innecesarias”.

El Gobierno creará un tribunal para limitar el poder de la Corte y denunciará a Macri por la deuda con el FMI

Entre sus críticas mencionó a su vez  el “per saltum que le asignó extrema gravedad” al traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli.

“Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la Justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca. Asistimos a condenas mediáticas instantáneas y sin posibilidades serias de revisión", resumió. "Sufrimos la discrecionalidad de los jueces expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad. Padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas”, sumó. 

El Presidente también le pidió al Senado que debata y apruebe la ley que reformula el funcionamiento del fuero federal, y que Diputados haga lo mismo con la reforma a la ley que reglamenta aspectos vinculados a la selección del titular del Ministerio Público.

Al mismo tiempo, anunció que el Gobierno propiciará el establecimiento del juicio por jurados para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal.

Se refirió además a la reformulación del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, proyecto que elevará al Congreso, y subrayó que "debemos despolitizar ese ámbito para que los mejores y más capaces magistrados lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”.

DENUNCIA A MACRI

Alberto Fernández anunció además este lunes que impulsará una "querella criminal" para identificar a los autores y participes del endeudamiento asumido durante el gobierno de Mauricio Macri, por unos US$55.000 millones, al que calificó como "la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”


"Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo", expresó Fernández al promediar su extenso discurso.


Por eso, continuó "he instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra", anunció el mandatario.


"Ya en 2018 la Argentina fue sumergida en una nueva y profunda crisis en la balanza de pagos, en una grave recesión, en una caída de los niveles de actividad y de los ingresos reales y en un aumento notorio del desempleo, la pobreza y la indigencia. Como si esto fuera poco, cuando el país perdió el acceso al financiamiento internacional, el Gobierno anterior solicitó el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional", dijo el Presidente.


"Los U$S 44.000 millones de dólares recibidos por Argentina se esfumaron antes que asumamos nuestras funciones en diciembre de 2019", recalcó luego.


"A una Argentina en absoluto default, el Fondo Monetario Internacional le adjudicó un préstamo de 55.000 millones de dólares. De esa cifra se desembolsaron 44.000 millones de dólares que solo sirvieron para facilitar la salida del mercado financiero argentino de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces", resumió el jefe del Estado.
"Un

a deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación", agregó.


En lo que respecta a las conversaciones en curso para alcanzar un nuevo programa de financiamiento, Fernández dijo que "seguiremos nuestras negociaciones con total conciencia y con la firmeza que siempre hemos demostrado. No queremos apresurarnos. Apuro por acordar tienen los pícaros de siempre".


"Nuestro gobierno el único apuro que tiene es el de poner de pie a la producción y al trabajo para poder mejorar la situación de millones de familias argentinas que han quedado sumidas en el pozo de la pobreza", agregó.