Antes de hablar de un posible incremento salarial escalonado del 30% a partir de noviembre a los empleados públicos chubutenses, hay un paso previo e indispensable: el Poder Ejecutivo enviará a la Legislatura un proyecto de ley para conseguir la autorización de un nuevo refinanciamiento del dinero otorgado a través de herramientas financieras implementadas por organismos nacionales, que fue utilizado desde 2020 para ir cancelando la deuda con los estatales.

Este lunes por la mañana hubo una reunión en Casa de Gobierno, entre el gobernador Mariano Arcioni y el ministro de Economía, Oscar Antonena, en la que se terminaron de pulir los detalles finales de la iniciativa, que sería enviada en los próximos días a la Cámara de Diputados, junto con una actualización del Presupuesto del orden del 7 % para finalizar el actual ejercicio.

De acuerdo a la información que pudo recabar ADNSUR, el plan del gobierno sería lograr que los diputados autoricen el refinanciamiento de todo el dinero que fue prestado a Chubut desde el año pasado para ir cancelando la deuda salarial con los empleados. De este modo, al oxigenar las cuentas –como pasó con los vencimientos de la deuda en dólares que fueron prorrogados hasta 2030- se lograría tener fondos frescos para volcar al bolsillo de los agentes estatales.

¿De cuánto dinero estamos hablando? Casi $ 20 mil millones, según los siguientes cálculos: hubo tres tramos de $ 5 mil millones del Fondo Fiduciario Federal –los dos primeros en 36 cuotas y el último en 12 pagos a partir del año próximo-, de los cuales ya se pagaron $ 2,5 mil millones del primer préstamo. En ese caso, el saldo pendiente ronda los $ 12,5 mil millones. A esto hay que sumarle la gestión del ex ministro de Educación, Nicolás Trotta, para destrabar el inicio de clases saldando la deuda con los docentes en marzo pasado. Para ello, se obtuvieron $ 6 mil millones a través de una letra colocada con Anses, que con intereses asciende a $ 7 mil millones, que vencen el próximo 3 de diciembre.

La suma total arroja un monto aproximado de $ 19,5 mil millones. Según la información relevada por esta agencia, la idea es que ese monto global ingrese en la emisión de un bono a pagar dentro de tres o cuatro años, para lo cual hace falta, como paso indispensable, que la Legislatura otorgue la autorización. Se trata de una ley que necesita 14 votos –mayoría simple- algo que el gobierno cree tener con diputados de su propio bloque y alguna ayuda extra, aunque pretende el apoyo de la oposición.

Más allá de la discusión respecto a cuánto pueden llegar a comprometerse las cuentas de futuras gestiones, tal como ocurrió con la autorización para patear vencimientos de la deuda del Bocade, en el gobierno confían en el éxito que puede lograr la presión de los trabajadores, a partir de los sindicatos que exigirán todo lo necesario para que se habilite un aumento después de dos años de salarios congelados en términos nominales.  

Si este paso previo sale bien, la idea proyectada por el Ministerio de Economía es comenzar a pagar una suba escalonada del salario a partir de noviembre, hasta llegar a un 30 %, que terminaría de aplicarse a mediados del año próximo. 

Se cree que este aumento podría aplicarse a través de un DNU que luego debería ser avalado por la Legislatura, con carácter de ley. De este modo, se evitaría la negociación paritaria individual con cada sector. El mensaje será –como ocurrió con el bono extraordinario- que el dinero que se obtenga, es el mismo para todos los estatales por igual, incluyendo a otros poderes, como la Justicia y la Legislatura.

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