“Todavía no conocemos los fundamentos, pero este lunes se dio a conocer el veredicto de los jueces y se dio a conocer la condena a 12 años de prisión. Nosotros lo que sostuvimos desde la fiscalía es que estas dos personas se encontraban a bordo del móvil 469 en la noche del 2 al 3 de octubre de 2003, cuando detuvieron a Iván Torres y lo llevaron a la seccional primera, donde otras personas se encargaron de los actos de la desaparición forzada de Iván”.

El fiscal estimó que los jueces recogieron parte de la argumentación de la fiscalía, pero esto se conocerá en los próximos días, cuando se divulguen los fundamentos de la sentencia. El caso de Ruiz y Gómez es el segundo juicio en realizarse por la desaparición de Torres, en tanto en el año 2016 habían sido condenados  los ex policías Marcelo Chemín y Fabián Tillería, a 12 y 15 años de prisión, respectivamente.

“Tillería era el jefe de la comisaría primera en aquel momento –recordó el fiscal-, hubo distintos roles de los involucrados en la desaparición forzada, tuvieron distintas participaciones. En este caso, los jueces tuvieron en cuenta que estos agentes son quienes estaban en el móvil y detuvieron a Torres para trasladarlo a la comisaría, desde donde luego desapareció”.

Todavía hay una investigación en primera instancia, que podría derivar en un tercer juicio

El fiscal Nünberg reconoció que todavía hay situaciones por resolver en torno a la desaparición forzada de Iván Torres, ya que “hay otro expediente en trámite, que todavía no ha llegado al Tribunal Oral Federal y está transitando en primera instancia, entiendo que con algunas apelaciones en Cámara”.

Según indicó, se trata de un desprendimiento del primer juicio, en el que hubo remisión de testimonios a la fiscalía de primera instancia, lo que dio lugar al inicio de un nuevo proceso. Sin embargo, aclaró que esa investigación no se vincula con la muerte en circunstancias violentas de algunos testigos que estuvieron vinculados a la causa, sino con hechos vinculados a la desaparición de Torres.

El primer juicio se realizó en julio de 2016, por lo que transcurrieron cinco años desde la remisión de aquellos testimonios para que se determine si hay mérito para enjuiciar a más personas que pudieron tener vinculación con un hecho ocurrido 18 años atrás.

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