El Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, explicó las razones por las cuales hay determinadas causas de delitos contra la administración pública que ya estaban elevadas a juicio, que va a ser imposible que puedan avanzar porque los incendios que atentaron contra las oficinas de la procuración el 16 de diciembre, destruyeron evidencia original que es irrecuperable.

Sostuvo que dentro de las más de 750 lejagos que fueron afectadas por el fuego, “la suerte de cada una de estas causas se relaciona con la etapa del proceso en la que esos legajos se encontraban. En el Derecho Procesal, existe el principio de ‘preclusión’ o sea que -una vez que el plazo se cumplió- no se puede retrotraer nuevamente”.

“Si el legajo se afectó en una etapa de investigación, nada impide que se siga investigando hasta la etapa de conclusión de ese plazo y que se repongan o renueven las evidencias que se vieron afectadas”, explicó el procurador.

En cambio, indicó Miquelarena que “si el caso se destruyó cuando ya se había cumplido la etapa de la investigación, no se puede seguir investigando. Hay evidencias que se pueden recuperar y otras que no”, y en ese sentido, lamentó que fue lo ocurrido por ejemplo con la causa IAS, donde había expedientes originales que desaparecieron, y eran claves para la evidencia en el juicio.

Miquelarena: “Hay prueba documental que no se puede recuperar, porque los incendios destruyeron el original”

“En los ‘delitos de la administración pública’, es común que gran parte de la evidencia tenga que ver con prueba documental que requiere el original para que se lleve al debate. O sea que hay que ver el tipo de casos y el plazo procesal para ver si existe posibilidad de recuperarlo o no”, señaló el procurador.

“Los episodios delictuales ocurrieron el 16 de diciembre y el día 21 de diciembre saqué una resolución donde se indicaban pautas para reconstruir cada uno de los legajos. Al final del cumplimiento de estas pautas, cada fiscal debe evaluar su teoría del caso y ver si está o no en condiciones de probar lo que afirma”, detalló.

Explicó Miquelarena que “los delitos de la administración pública son los más complejos. Hubo algunos casos en los que se vio afectado el legajo, pero se los pudo reconstruir. Todo tiene que ver con el tipo de evidencia que se trata y lo que necesita el fiscal para poder probarlo”, enfatizó.

“Lo que verdaderamente sirve es lo que se produce durante el debate oral y público. La instancia anterior forma parte de una etapa preparatoria en el que el fiscal y la defensa van conformando su evidencia para demostrar su teoría del caso. Todo se va a tener que exponer en el debate”, afirmó.

CAUSA IAS

Como se recordará, días atrás se informó oficialmente desde el MPF que el fiscal Alejandro Alejandro Franco pedirá el sobreseimiento de los 11 imputados en la causa que investiga contrataciones irregulares por parte de funcionarios del Instituto Asistencia Social (IAS) y de personajes vinculados a ellos, como así también de dos intendentes de Chubut.

La decisión de Franco ya está elevada y ahora sólo resta esperar que la Oficina Judicial de Rawson defina la fecha de la audiencia en la que se pedirá formalmente que todos los imputados sean beneficiados con el sobreseimiento, a pesar de que el propio fiscal Franco había ampliado la acusación el año pasado contra todos ellos.

En esta causa, estaba ya pedida la audiencia preliminar y el fiscal Franco había dicho públicamente que iba a pedir 6 años y 6 meses de prisión para Diego Correa y David Josué Dahhur; 4 años de prisión para Diego Lüters, Jordan Emanuel Salinas, Martín Villegas, Federico Verdeau, Oscar “Chito” Alarcón y Walter Ñonquepán; 3 años y 6 meses para Carlos Barbato, y 3 años para los exintendentes de Cholila, Silvio Bourdargham, y de Corcovado, Daniel Cárdenas.

Franco había elevado su acusación contra el grupo por presuntos delitos tales como asociación ilícita, lavado de activos, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado de servicio y falsificación de instrumento privado.

Según describía en su acusación, en diciembre de 2015, tras el inicio de la tercera gobernación de Mario Das Neves, Correa, Lüters y Dahhur usaron sus cargos en puestos claves de la Unidad Gobernador y el Instituto de Asistencia Social para beneficiarse con autocontratos mediante dos empresas: “Sepat SRL”, propiedad de Correa, y “Sono Empresa Integral de Eventos”, de la familia de Dahhur. A valores actualizados, “Sono Eventos” facturó $ 12.622.071, según las pericias.

Miquelarena: “Hay prueba documental que no se puede recuperar, porque los incendios destruyeron el original”

Sumaron al grupo a Jordan Emanuel Salinas y Martín Ariel Villegas, primo de Dahhur. Los usaron de “prestanombres”: Salinas se presentaba como falso dueño de “Sono Eventos” y Villegas como apoderado. Presupuestaban, facturaban y cobraban contrataciones. Según el fiscal, operaron sin ningún conocimiento de los temas para los que los “contrataban”.

En otra parte de la acusación, a Dahhur y a Verdeau, entonces coordinador y gerente general del IAS –y yerno de Das Neves-, el fiscal les imputó pedir y autorizar 89 contrataciones de “Sono Eventos” para sonido, iluminación y pantallas led en el Bingo Trelew.

Franco consideraba por su parte que hubo un “desdoblamiento artificial” ya que debió ser un solo contrato para brindar los mismos servicios en el mismo lugar todos los fines de semana. Pero según su hipótesis, dividiéndolos en 89 evitaron llamar a una licitación pública para lograr mejores precios con una competencia transparente y verdadera.

Ahora, el fiscal prescindirá de todas las pruebas que había colectado y pedirá sobreseer a todos los imputados.

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