La presunta asociación ilícita contaba con "el aval" de Das Neves

RAWSON (ADNSUR) -En la lectura de la acusación hacia los exfuncionarios y empresarios detenidos en el marco de la causa "Revelación", el fiscal Marcos Napoli informó que había un "aval sino expreso al menos tácito del por entonces gobernador de la Provincia" Mario Das Neves" y que "de común acuerdo y con la firme intención de enriquecerse a expensas del Estado y particulares decidieron conformar una asociación ilícita pemanente con distribución clara de roles" por parte de los ex funcionarios detenidos.

Dijo que se produjo un presunto “acuerdo con el aval y de común con la firme decisión de enriquecerse a expensas del Estado y particulares" que "decidieron conformar una asociación ilícita de carácter permanente de distribución clara de roles que no sólo lograra extenderse por un tiempo prolongado sino que alcanzara la diversidad de actos delictivos propios de la convergencia y que tuviera por principal objeto recaudar dinero proveniente de retornos aportados por empresas constructoras contratadas por el Estado Provincial que realizaban obras públicas por montos millonarios y a las que se les debía pagar periódicamente certificados de obras ya conformados”.

“Esta circunstancia llevó al cuarteto a organizar y dirigir el plan, de modo tal que fueron ellos mismos los que tuvieron la llave maestra para generar el pago inmediato por montos millonarios que las compañías debían cobrar fruto de las obras realizadas y ya certificadas. Tanto Cisterna, Carpintero, Correa como Oca decidieron repartirse las tareas y en este sentido, acordaron que Cisterna se encargaría de elegir la modalidad de recaudación, porcentuales a exigir, determinación de la base imponible, ubicación de la demanda de retornos y el modo en que debían saldarse”, detalló.

Agregó que “cumplida la gestión inicial, continuaba la gestión de Oca, quien luego de verificar que sus demandas habían sido satisfechas, ordenaba a quiénes pagar y a quiénes no, en tanto que Carpintero se ocuparía de la agenda del gobernador y de la función política para la que había sido designado, y Correa se encargaría de administrar parte de los fondos ilegítimos, repartiendo los sobresueldos que beneficiaban a un número mayor de integrantes que sumaron sus voluntades al acuerdo criminal, solventar gastos del sostenimiento y actividad proselitista del partido Chubut Somos Todos. Nada era desconocido por los restantes y funcionaban como una sincronización de roles”.

“Este plan sufrió vigorosas variaciones cuando por diferencias de neto corte patrimonial, Cisterna se alejó de su rol ministerial y esta ausencia se suplió fácilmente ya que casi sin solución de continuidad, el rol fue asumido por Correa rediseñándose la operatoria inicial. Así fue que, una vez obtenido el pago de certificado de obra, era captado por las oficinas denominadas privadas del gobernador y el cobro no era liberado hasta que el empresario accediera a un porcentaje del crédito que variaba. Si la coima era en efectivo el monto a retorna era del 4 o 5 por ciento, y si era por cheque el 5% del valor de ese certificado”

“Si el empresario no se avenía a cumplir, el certificado quedaba retrasado sin posibilidad de cobro”, resalto. Y agregó que  “es justo decir que muchos empresarios era forzados a participar de la maniobra delictiva” caso contrario “el ahogo financiero era de tal magnitud que la consecuencia era la cesación de pagos de sueldos, insumos y derivados, despido de personal, concurso y finalmente la quiebra”.

“También es preciso destacar que otros empresarios no se encontraban en esa situación y ellos buscaban el acercamiento al funcionario para ofrecer montos”; remarcó. Napoli destacó que “es claro que no es necesario que se den todas las condiciones porque detectamos que algunas empresas cumplen sólo con algunos parámetros y lo utilizaban sin resistencia o reparo moral”.

“Alejado Cisterna, podemos decir que una vez perfeccionado el acuerdo, el cobro de la coima se realizaba de la siguiente manera: Diego Correa era el encargado de recaudar el dinero y muchas veces se trasladaba a las empresas para retirar los valores, también recibía el pago en la oficina del partido o de las oficinas públicas. Contaba con la colaboración de un nuevo integrante, Diego Luters, quien era asistente de Correa y funcionario público”, indicó.

Y remarcó que “si el monto del cheque era inferior a 50 mil pesos se podría cobrar por ventanilla, de lo contrario se depositaba en las cuentas corrientes de Dual Core, CEPAC o Protel SRL”

“Correa se lo daba a Luters para que lo hiciera efectivo” indicó. Y detalló que “en zona sur contaba con su propio delegado, Federico Piccioni quien se instaló en la ciudad petrolera donde se abocó al rubro de la construcción. En función de dicha actividad escaló posiciones relevantes en la Cámara de la Construcción donde secundaba al presidente de la Institución Estaban Torraca. Como consecuencia, creo vínculos con Diego Correa”, informó.

Y agregó que “Piccioni se encargaba de trasladar las exigencias de pagos anómalas al resto de los empresarios de la construcción y recolectaba los pagos de coimas”. A su vez, indicó que “Piccioni era un visitante asiduos de los secretarios del gobernador y los choferes dijeron que era habitual trasladar a Correa o a su asistente Luter desde la capital provincial a Comodoro Rivadavia donde se encontraban con Piccioni en el Hotel Lucania Palazzo”.

“La relación llegó a tal confianza que Piccioni administró sumas de dinero de la caja negra procurando inversiones que parecían rentables. En ese momento, ingresan dos personas, una física y una jurídica. Jorge Andrés Ninin y Protel Patagónica propietaria de la señal difusora de Canal 9, la firma era proveedora del Estado y en ese carácter tiene acreencias impagas que tornan difícil el sustento comercial estando en situación de concurso de acreedores. Tal ahogo financiero llevó a que Faciglione se aboque a intentar conseguir socios con su deseo de aportar capital de trabajo a cambio de obtener una participación soceitaria. En esa búsqueda tuvo una entrevista con un joven empresario de Comodoro Rivadavia quine expresó su deseo de intervenir en la empresa, y era Piccioni”.

“Tuvieron una reunión informativa donde se tomó conocimiento de Protel y las necesidades que debían cubrir como demandas urgentes, luego, Piccioni no volvió a comunicarse con autoridades de Protel, quien sí se contactó con Fasciglione fue Ninin, éste preanunciado que representaba a un grupo de inversores cuya identificad debía mantener en reserva, adujo contar con los recursos económicos que la empresa necesitaba para poder salir airosa del concurso de acreedores”.

“El acuerdo consistía que los anónimos siempre a través de Ninin aportarían tres cuotas mensuales iguales y consecutivas de 500 mil pesos cada una de ellas. Eran aportes realizados que ahora se dotaban de un marco legal y se estipulaba que Ninin tenía que hacer aportes financieros mes a mes hasta tanto se concluya el expediente concursal. Como contraprestación, la empresa cedía al grupo inversor cuotas sociales a invertir el 40% del capital social”, remarcó.

“Ninin cumplió con los aportes depositando en la cuenta corriente de Protel del Banco Chubut la suma de 500 mil pesos cada mes, totalizando un millón 500 mil pesos. En los meses siguientes los depósitos alcanzaron 360 mil pesos cada mes de mayo a diciembre con lo que se sumó capital de trabajo. La sumatoria total arrojo un salgo ingresado a Canal 9 de 4 millones 380 mil pesos”.

“La relación se truncó durante enero y febrero del año en curso, fecha coincidente con la caída de Diego Correa. El paralelismo trazado tiene su razón de ser, como se reiteró, al allanarse una vivienda de Correa se hallaron listados del dinero mal habido figurando una leyenda que rezaba Canal 9, además de la lista, fueron habidas copias de cheques que contaban con un común denominador”, remarcó