A raíz de la causa que investiga el fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, por la intoxicación masiva de alumnos y docentes con monóxido de carbono en la Escuela N° 7.719 de El Maitén, el 22 de junio pasado, la División Policial de Investigaciones de Esquel allanó el edificio de la Delegación Regional Esquel de la Subsecretaría de Obras Públicas. En simultáneo, se allanó la Delegación de Obras Públicas de la Comarca Andina con domicilio en El Hoyo.

El objetivo fue secuestrar documentación y soportes electrónicos de almacenamiento de datos de la oficina del delegado del área que habría renunciado, Edgardo Campos, en cuyo domicilio también realizaron un procedimiento similar, detalló Jornada.

El jefe de la División Policial de Investigaciones de Esquel, comisario Nelson Díaz, informó que el operativo comenzó temprano este viernes por orden del fiscal Rodríguez en Trelew. Explicó que como al ingresar al edificio ya tenían determinados los elementos a secuestrar, no hubo impedimento para que la repartición siguiera funcionando con normalidad. Detalló que en los procedimientos se “documentación relacionada con contrataciones que se hicieron desde la Dirección Regional de Obras Públicas en su sede de Esquel, con la persona que había sido denunciada por el gobernador, que había participado en la escuela de El Maitén”.

En el marco de las primeras pesquisas “surgieron otros elementos por lo que necesariamente tenemos que profundizar la investigación en esa línea”, dijo el fiscal y manifestó que de la documentación secuestrada en Infraestructura y Educación, “surgen a primera vista cuestiones que llaman la atención y que constituyen indicios más que razonables de que podíamos estar en presencia de delitos. Además -agregó- algunas testimoniales que tomé, de personas oriundas de la Cordillera, motivó la ampliación del objeto de investigación y necesito profundizar la investigación a los fines de determinar la existencia del delito e individualizar a los responsables”.

Para Rodríguez, "surge a primera vista que hay personas que se repiten siempre como participantes de las distintas obras; hay invitaciones que siempre son los mismos proveedores que nunca presentan la oferta y siempre terminan beneficiados los mismos. Se presume que las obras están direccionadas de manera intencional para que sean realizadas por determinadas personas”.

El fiscal Rodríguez busca establecer la participación del director regional en Cordillera del Ministerio de Infraestructura en las contrataciones que se hicieron desde esa oficina a la misma empresa para distintas obras en edificios públicos, entre ellos la escuela que debió ser evacuada.

POSIBLES DELITOS

En cuanto a los delitos que se estarían cometiendo, si bien dijo que aún hay “profundizar, podemos estar hablando de mínima de incumplimiento de los deberes de funcionario público, pasando por una negociación incompatible, y también puede ser fraude a la Administración Pública si constato que ocasionó un perjuicio concreto a las arcas del Estado”.


Durante los allanamientos, Campos, quien habría renunciado al cargo de delegado de Obras Públicas el jueves, fue asesorado por el abogado Juan Zapata, que también representa a las directoras de las Escuelas 7.719 y 93 de El Maitén.

Según manifestó en diálogo con Cadena Tiempo, en el caso intervienen el Ministerio Público de El Hoyo, que atiende las consecuencias de salud del episodio, y la Unidad de Delitos contra la Administración Pública Provincial, que ordenó los allanamientos.

Zapata explicó que "se están investigando los posibles delitos contra la administración pública, y secuestraron expedientes relacionados con la contratación de dos obras en hospitales, y en algunas escuelas”.

El letrado que acompañó a Edgardo Campos, manifestó que "colaboró gentilmente y se llevaron varios expedientes, porque la investigación apunta a las contrataciones de obras, si fueron directas o de otra manera. Varias contrataciones directas se hicieron desde el Ministerio de Educación”.

En relación con Obras Públicas, indicó que a veces hay continuidad por parte de empresas que están ejecutando trabajos en algún establecimiento, y son convocadas para atender alguna urgencia. “Este es el inicio destapando una olla en la que van a encontrar muchas sorpresas en cuanto a las contrataciones de Educación, y espero que no se corte el hilo por lo más fino”, expresó.

También se allanaron las oficinas de empresas que aparecían en los concursos de precios y secuestraron documentación, computadoras, teléfonos y soportes de almacenamiento.

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