Martina tenía 6 años, un retraso mental y un trastorno en el desarrollo motriz. En abril de 2019 su padre la golpeó más de 20 veces y le cortó el cuello con un cuchillo hasta dejarla sin vida.

Su padre, Manuel Ávila, la mató el 13 de abril de 2019. Durante el juicio, finalmente admitió ser el autor del crimen. Aquella noche, había sido detenido mientras confesaba a los gritos haber asesinado a su hija.

Los testigos reconocieron que la escena del crimen era “atroz” y muchos no pudieron seguir declarando. La niña, a quienes sus vecinas describían como “un ángel” y “puro amor”, tenía múltiples lesiones y un corte profundo en el cuello.

Los fiscales Daniel Báez y Alex Williams señalaron que por el Código Penal la única pena prevista para la persona que mata a un descendiente es la de prisión perpetua. “Es nuestra terea colocarnos en el lugar de la víctima, y poder transmitírselo a ustedes ahora que la víctima no está, que esta niña no está. ¿Qué habrá sentido cuando el ataque del que fue víctima, y que le quitó la vida, era propinado por su propio padre?. Entonces, esta dimensión de la naturaleza de la acción de Ávila, debe ser dimensionada en la aplicación de la pena”, manifestó Báez en sus alegatos donde describió que la niña tenía fractura de cráneo con más de 24 golpes y un corte en el cuello.

El defensor público Diego Trad, en cambio, planteó la inconstitucionalidad de la prisión perpetua.

“Ya lo ha dicho Zaffaroni, no es posible entender qué posibilidad de readaptación social puede tener una persona si en la mayoría de los casos el término de la pena ya no será persona por efecto de la muerte o, incluso en los excepcionales casos en que tal evento no se produzca, se reincorporará a la vida libre cuando haya superado la etapa laboral”.

“Si la pena es hasta su muerte no hay posibilidad de reinserción social”, sostuvo Trad sugiriendo que la pena debía ser entre 8 y 25 años, el previsto para el homicidio simple. “Si tiene 43, va a salir a los 93, es una pena inhumana”, indicó.

En su réplica, los fiscales citaron los casos de Maximiliano Larrabaster, condenado por femicidio de Raquel Maldonado a prisión perpetua, y de Fredy García, condenado a perpetua por el crimen del enfermero Miguel Aquilera, para sostener la constitucionalidad de la condena. En ambos veredictos tanto Reyes como Pérez formaron parte del Tribunal.