CAPITAL FEDERAL - Horas después de dejar el penal de Ezeiza, en el que estuvo detenido más de un año por la causa de evasión impositiva que enfrenta, el empresario Cristóbal López habló por primera vez públicamente tras recuperar la libertad, negó los cargos que enfrenta y aseguró que buscará "recuperar" sus empresas. 

"Ahora recuperamos la libertad. El segundo paso será recuperar el manejo de las empresa. Cuando tengamos el manejo de las empresas, pagaremos todo lo que debemos. Preguntale a (Marcelo) Tinelli, a (Beto) Casella y a todos si alguna vez no cumplimos con nuestras obligaciones de salarios", aseguró López en referencia al reclamo de periodistas que trabajaron en los medios que pertenecen a su grupo.

En declaraciones a radio Mitre en los tribunales de Comodoro Py, donde debió ir a notificarse de su situación judicial, el empresario se refirió a la supuesta evasión impositiva que lo llevó a la cárcel. "Si lee el expediente, se van a encontrar con una pericia que hizo la Suprema Corte. Y ahí te vas a encontrar que al 1 de diciembre de 2015 Oil Combustible no debía una sola moneda", aseveró.

El martes, el juez Claudio Bonadio concedió la libertad tanto a López como a su socio Fabián De Sousa, tras aceptar los seguros de caución presentados como garantía de la fianza de $ 60 millones impuesta a cada uno.

Ambos empresarios fueron liberados después de que el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3), que los juzga por defraudación al Estado por la deuda multimillonaria generada con Oil Combustibles, les concediera la excarcelación al considerar que ya no existían motivo por el cual debían permanecer detenidos.

Pese a haber conseguido su excarcelación, los dueños del Grupo Indalo continuarán asistiendo los jueves al juicio que el TOF 3 realiza en su contra. Es ese expediente el que los llevó a prisión.

El TOF 3 es el responsable de juzgar a los empresarios junto a Ricardo Echegaray por haber defraudado al Estado al no haber tributado el Impuesto a la Transferencia de los combustibles (ITC) con la petrolera Oil. La Justicia determinó que, lejos de cumplir con sus obligaciones fiscales, los empresarios se financiaron con esos fondos que para la AFIP superan los 8.000 millones de pesos, y ampliaron su conglomerado de 170 firmas. Nada podría haber ocurrido sin la connivencia del organismo recaudador, sostiene la acusación.