RAWSON (ADNSUR) – A partir de una denuncia anónima sobre el estado de un hogar de ancianos, la policía e inspectores de la Dirección de Comercio de la Municipalidad encontraron cerca de 12 abuelos y un joven que sufre esquizofrenia quien había sido internado en el lugar por el Ministerio de Desarrollo Social. El Hogar de Ancianos no tenía habilitación y presenta amplias irregularidades. Al momento de la inspección solo había tres empleadas sin libretas sanitarias, no estaban registradas y no eran profesionales para el cuidado de adultos mayores.  Además, se informó que el lugar no cuenta con servicios médicos y en algunas habitaciones había cuatro camas, mientras que otras estaban al lado del lavadero que por sus condiciones representa un riesgo de un foco ígneo; entre otras irregularidades. Por el momento sólo el joven fue trasladado a otro lugar, mientras que los ancianos tendrán que ser retirados por sus familiares, para que luego sea clausurado de manera definitiva. El lugar ubicado en calle Los Pozos casi esquina Maipú en el barrio Belgrano, cobraba hasta 16 mil pesos mensuales.

A partir de una denuncia anónima se pudo determinar la existencia de un hogar de ancianos que no se encontraba habilitado en la ciudad de Río Gallegos.

La denuncia fue radicada por una persona personalmente en la Comisaría de la Mujer y la Familia este jueves. Allí, se indicó que el hogar de ancianos no estaba habilitado y que las condiciones no eran las adecuadas para los abuelos. Por tal motivo, se informó a las autoridades del Juzgado de Instrucción Nº 3 y se ordenó que el sitio sea inspeccionado junto a inspectores de la Dirección de Comercio de la Municipalidad.

La Policía acudió al lugar junto con inspectores de Comercio, y supervisados por el director del área Miguel D’Abbraccio. Al ingresar se encontraron con unos 12 abuelos de edades entre los 70 a 85 años. También había un joven de 27 años que padece esquizofrenia, quien se encontraba en una habitación con un operador del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, informó La Opinión Austral.

En el hogar había sólo tres empleadas, pero las mismas no tenían libretas sanitarias, no se encontraban registradas, y además no eran profesionales para el cuidado de personas mayores, indicaron las fuentes que participaron del procedimiento.

Los inspectores de la Dirección de Comercio confirmaron que el sitio no tenía habilitación municipal, ni seguro, sin salida de emergencias y hasta con matafuegos vencidos, las instalaciones no eran las adecuadas para albergar a los abuelos.

A pesar de las condiciones del lugar, sólo el joven fue retirado por el Ministerio de Desarrollo Social. Los abuelos permanecerán hasta que sus respectivos familiares los retiren, en uno de los casos, los parientes residen en Córdoba. Será el propietario quien deberá contactarse con las personas que contrataron sus servicios, para avisarles que el lugar será clausurado en los próximos días, ya que las autoridades municipales le fijaron un plazo para el cierre. 

SIN ATENCIÓN MÉDICA Y CONDICIONES IRREGULARIDADES

De acuerdo a lo informado, el hogar cobraba entre 14 y 16 mil pesos mensuales por el alojamiento de los abuelos. En algunos casos, las personas que estaban al cuidado les compraban medicamentos a solicitud de ellos mismos.

También trascendió que no había contratado un servicio médico, ni profesionales para terapias de rehabilitación física y mental.  Además, los inspectores observaron que las instalaciones no estaban acondicionadas ni con rampas ni pasamanos.

En las habitaciones en algunos casos sólo había una cama y una cómoda, sin una ventana. En otras había cuatro camas.

Además, se indicó que la cocina está en el mismo sitio que el living, donde algunos de los abuelos pasan sus días, mirando televisión.

Mientras que algunas habitaciones están al lado de un lavadero, donde hay un termotanque con alguna falla, ya que está machado de hollín. En ese mismo sitio se guardan sábanas y almohadas, con el riesgo de un foco ígneo.  Algunos ancianos entrevistados por los inspectores no expresaron queja alguna.  Un informe será girado a la juez Rosana Suárez del Juzgado de Instrucción Nº 3 y desde la Dirección de Comercio se hará lo mismo, pero al juez de Faltas Municipal, Roberto Fernández.