Cuando el gobernador que resulte electo se siente por primera vez en su despacho el 10 de diciembre de 2023 lo hará con una certeza preocupante: apenas un mes después, a mediados de enero de 2024, deberá afrontar uno de los cuatro vencimientos que ese año le insumirán unos 34 millones de dólares por trimestre, con el impacto más alto desde la refinanciación acordada por el gobierno actual. La perspectiva de perder al menos cuatro meses completos de regalías petroleras durante ese primer año de gestión es un grave interrogante, que empieza a plantearse de cara a las semanas que quedan para concluir el 2022 y lo que se discutirá durante todo el próximo año.

El alerta lo recibió uno de los postulantes a la gobernación para el año próximo, pero no sería extraño que en realidad todos los “candidateables” hayan escuchado, o vayan a escuchar, el comentario de parte de voceros oficiosos de los grupos acreedores.

“La provincia puede chocar en el primer año de gestión del próximo gobierno”. Palabras más, palabras menos, es el comentario que se escuchó al analizar dos variables económicas muy sencillas: el cronograma de vencimientos del BOCADE, título de deuda pública colocado en 2016 por 650 millones de dólares; y la progresión de gastos corrientes, signados por la necesidad de cerrar acuerdos paritarios al ritmo de una inflación del 100 por ciento, pero con ingresos que no crecen con igual aceleración.

La deuda externa de Chubut enciende alertas y se mete en la campaña 2023

La misma preocupación pudo provenir de actores económicos de la provincia, que al cabo tienen puntos en común con los acreedores. Al fin de cuentas, los grupos de inversión que compraron el BOCADE se componen por capitales diversos, de afuera y de adentro.

El clima social es fundamental para sostener las actividades productivas en marcha, que al cabo son el sostén de funcionamiento de una provincia que ocupa los últimos lugares a la hora de esperar recursos coparticipables desde Nación. El temor, en concreto, es que se serruche la última rama del árbol de la que se sostiene Chubut.

No se teme un ‘default’, sino una paralización económica

Lo cierto es que la preocupación que habrían transmitido en esas conversaciones reservadas refiere a una nómina de vencimientos de la deuda provincial que se aceleran de cara al año próximo, tal como ha anticipado ADNSUR en informes anteriores, pero que empiezan a tener el rigor de la cercanía y de los plazos que se agotan.

El problema en sí no es para los acreedores, ya que no hay riesgo de que la provincia se declare en ‘default’ y deje de pagar su deuda externa. Los pagos están garantizados por regalías petroleras, que se depositan en un fondo fiduciario para conformar el monto de cada vencimiento trimestral, para entregar a las arcas públicas lo que queda después de que se cumple el pago de deuda.

Dicho de otro modo, Chubut no podría declarar nunca una ‘cesación de pagos’, ya que la deuda se paga en forma automática a partir de la producción de petróleo y la renta que esto genera para las arcas provinciales. Si se pretendiera modificar esa estructura legal implicaría un gran conflicto jurídico internacional.

Sin embargo, la preocupación está dada sobre un escenario que se proyecta a 2024 y que puede derivar, si no se controlan a tiempo otras variables internas, en una crisis similar a la iniciada en 2019 y profundizada en 2020: pago de salarios escalonados a empleados públicos, rutas cortadas, alto nivel de conflictividad social y el consiguiente impacto sobre las demás actividades económicas. Algo así como un cóctel explosivo, que algunos empiezan a preguntarse cómo desactivar antes de que sea demasiado tarde.

Lo que se teme en sectores económicos es que Chubut vuelva en 2024 a un escenario similar al de 2019.
Lo que se teme en sectores económicos es que Chubut vuelva en 2024 a un escenario similar al de 2019.

El agregado, en esa hipótesis extrema, pero no improbable, es que entonces sí aflora un riesgo para los acreedores: los pagos automáticos están garantizados siempre y cuando haya producción petrolera con cierta normalidad, ya que los cortes de ruta y otras acciones que afecten a ese sector implicarían en una baja de los recursos necesarios para garantizar ese pago.

Los vencimientos que vienen

Vale entonces repasar el cronograma de vencimientos de la deuda externa chubutense, en lo que refiere al BOCADE, por el que la provincia obtuvo 650 millones de dólares en 2016 y lleva pagados hasta ahora 385 millones de dólares, pero aún deberá pagar otros 570 millones de dólares, hasta julio del año 2030.

Luego de la refinanciación obtenida a fines de 2020 por el gobernador Mariano Arcioni y su ministro Oscar Antonena, que posibilitó un alivio durante 2021 y el corriente año, la incidencia de la deuda vuelve a crecer en forma progresiva.

El gobernador Arcioni anunció la refinanciación del BOCADE a fines de 2020.
El gobernador Arcioni anunció la refinanciación del BOCADE a fines de 2020.

Durante el año 2022, los vencimientos trimestrales (siempre se cumplen en enero, abril, julio y octubre de cada año) fueron del orden de los 21 millones de  dólares. Desde 2023, se elevará hasta 30,5 y 30,1  millones de dólares, para enero y abril, respectivamente; y demandarán 29,8 y 29,4 millones, en julio y octubre.

El año 2024 es el de mayor impacto, porque entonces habrá que pagar 34,6 millones de dólares en enero; 34 millones en abril; 33,6 en julio y 33,1 millones de dólares en octubre, redondeando unos 135,3 millones de dólares en todo el año.

En 2025 ‘baja’ a montos de entre 32 y 31 millones, en 2026, hasta 30 y 29; y en 2027, a 28 y 27, por lo que el nuevo gobierno deberá afrontar un total de 494,7 millones de dólares; y aún quedaría por pagar, en caso de ser reelecto o para quien lo suceda en el cargo, un ‘saldito’ de otros 15 millones de dólares.

Para poner en contexto la magnitud del alcance de la deuda, vale repasar un dato estadístico: las regalías petroleras generaron un promedio de ingreso mensual de 34 millones de dólares entre enero de 2021 y septiembre de 2022, en coincidencia con un período de precios internacionales altos (que si bien no se aplican en el país, elevan la referencia de precio interno sobre el que se liquidan las regalías).

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El dato anterior refleja que en 2024, suponiendo que los precios se mantuvieran en niveles actuales, la provincia perderá un mes completo de regalías por cada trimestre. No puede ignorarse que la deuda también tiene incidencia hoy y la tendrá el año próximo, pero la perspectiva de un mayor ahogo financiero se agrava cuando se considera que los precios del petróleo son volátiles. Y si hoy está en un ciclo alto, quienes aspiran a gobernar la provincia no deberían ignorar que entre 2016 y 2019 el promedio de ingresos fue de 28 millones de dólares por mes.

De ese modo, si los precios del crudo volvieran a niveles más normales (no hablamos aquí del año 2020, con la caída extraordinaria provocada por la pandemia), entonces en 2024 los vencimientos insumirán 4 meses completos y el 85 por ciento de un quinto mes.  

El peso de la deuda y los dardos de campaña

Según quién lo cuente, el problema se puede plantear para los próximos meses, que serán los últimos de la gestión de Arcioni, o para el próximo gobierno. “A Nacho lo llamaron y hay preocupación”, contaron desde el entorno de Ignacio Torres, en referencia al comentario formulado por grupos cercanos a los tenedores del BOCADE.

Desde su orilla aprovechan a ‘facturar’ y cuestionar al gobierno de Arcioni: ”Mariano o traía bastante controlado, pero están llenando de asesores vinculados al Frente Renovador”, apuntaron, para sumar matices negativos a la estructura financiera provincial y el gasto político.

El planteo pareció hacerse eco de un capítulo del reciente conflicto (aún no resuelto) de ATE, que terminó con la eyección de Mirta Simone, esposa del gremialista Guillermo Quiroga, del gabinete provincial. En el momento más caliente del cruce, Quiroga acusó al gobierno de no cumplir los acuerdos paritarios y de engrosar el gasto político, “ofreciendo empleo público a cambio de fichas de afiliación” al F.R.

Senador Ignacio Torres, uno de los postulantes a la gobernación para 2023.
Senador Ignacio Torres, uno de los postulantes a la gobernación para 2023.

Esa acusación fue rechazada por uno de los dirigentes del partido massista en la provincia, Ariel Molina, quien se desempeña como secretario. El intendente de Corcovado fue consultado por los dichos del dirigente y los atribuyó “a un momento de enojo”, para desmentir la acusación. “Puede que en algún momento el gobierno necesite tomar un colaborador para una función, pero es mentira que sea a cambio de la ficha de afiliación”, dijo ‘el Tapado’, que tuvo un efímero paso por el gobierno de Arcioni.

Juan Pablo Luque, otro de los aspirantes a suceder a Mariano Arcioni.
Juan Pablo Luque, otro de los aspirantes a suceder a Mariano Arcioni.

Como sea, el argumento parece anticipar uno de los ejes de campaña que desplegará Juntos por el Cambio el año próximo, en el que se combinará preocupación genuina por el estado financiero y una deuda que postergará a la provincia hasta 2030, con ‘munición de combate’ para atacar al gobierno en retirada. No será el único: al fin de cuentas, todos los que aspiran a suceder al escribano, intentarán marcarle límites para que el gasto no termine de desbordarse y darle forma de carbón encendido a la administración que deberán iniciar en diciembre de 2023. 

Y de postre, la deuda en pesos

La otra discusión es si el gasto salarial que está en aumento, a partir de las negociaciones paritarias, tendrá un límite anticipado en función de los vencimientos de la deuda del BOCADE. El actual gobierno, y también el próximo, estarán en los próximos dos años atravesados por una opción de hierro: o subir el gasto, tratando de apaciguar los gremios ante la inflación, o recortarlos drásticamente, para evitar el desborde.

En ambas alternativas, el riesgo es el mismo. En la primera, si sube en demasía el gasto salarial, los límites financieros muestran que el escenario de alta conflictividad podría desatarse antes de 2024, porque volvería a quedar atado a la imposibilidad de cumplirlo. Y si no lo hace, entonces el conflicto se verá potenciado, más temprano que tarde.

La deuda en pesos es otro indicador preocupante de la economía provincial.
La deuda en pesos es otro indicador preocupante de la economía provincial.

De la mano con el tema salarial no se puede obviar la importancia de la deuda en pesos que, además, suma la provincia, con más de 20.000 millones de pesos en la actualidad y que se engrosará en otros 6.000 millones, cuando Legislatura apruebe la autorización para obtener otros 6.000 millones antes de finalizar el año. Ese monto, según reconoció una legisladora del bloque justicialista, estaría atado al pago del medio aguinaldo de diciembre. Buena parte de esas devoluciones recaerán durante el año entrante y también, en el primer tramo del próximo gobierno…

Siempre queda un margen para el azar, claro. Una devaluación por encima de lo esperado, o un cambio en las condiciones de liquidación de regalías (o una suba real de producción de petróleo) podrían aportar herramientas financieras para resolver una ecuación a la que hoy, parados a un año de la asunción del próximo gobierno, le sobran las incógnitas.

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