COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – El secretario de la Asesoría Letrada de la municipalidad, Miguel Criado Arrieta, confirmó que se recibió un documento por parte del organismo provincial de Derechos Humanos para “intimar a cesar el desalojo y devolver lo secuestrado a la familia Nieves”. Por tal motivo, Criado Arrieta sostuvo que “si tildamos la resistencia del Estado a la usurpación como una violación a los derechos humano, estamos desencajados en la realidad jurídica en el país”. Y agregó que “no voy a firmar un dictamen que le vaya a dar la tierra a alguien que usurpó porque genera un precedente que es inmodificable. La vía de los derechos humanos es sumamente respetable, pero meter una cuestión de usurpación en derechos humanos es complicado porque no podemos banalizar su importancia”.
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“Lo único que tengo es una nota que me envió la Secretaría de Seguridad y que contestamos el 12 de septiembre en base lo que había sucedido y a los argumentos de la familia Nieves que son absolutamente inconsistentes”, indicó Criado Arrieta en contacto con La Cien Punto Uno.
Y explicó que “Nicolás Oviedo del Valle de la Dirección de Coordinación General de Programas de la Subecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Gobierno de Chubut, nos envía un documento para que resolvamos la situación”.
“Si tildamos la resistencia del Estado a la usurpación como una violación a los derechos humano, estamos desencajados en la realidad jurídica en el país”, cuestionó. Y agregó que “la garantía del derecho a la vivienda es cierta, pero como todo derecho constitucional se sujeta a las leyes que reglamenten su ejercicio”.
“En segundo lugar, la municipalidad de Comodoro Rivadavia a partir de la Carta Orgánica tiene autonomía funcional en estas cuestiones y es propietario de las tierras, por lo que no se puede tolerar esta cuestión por parte de un funcionario de estas características”, indicó.
El abogado sostuvo que “veo a diario desfilar a muchas familias peleando por tener un terreno y es intolerable que cualquier persona venga por la fuerza y se meta en un terreno”.
Foto fuente: MCR
Y aseguró que “en lo personal yo no voy a firmar un dictamen que le vaya a dar la tierra a alguien que usurpó porque genera un precedente que es inmodificable. La vía de los derechos humanos es sumamente respetable y está fuera de discusión, pero meter una cuestión de usurpación en derechos humanos es complicado porque no podemos banalizar la importancia de los derechos humanos”.
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Además, indicó que mantuvo una reunión con integrantes de la Defensa Públicca y “ellos están en lo mismo. Lo que decimos es que respetemos la norma, ni el Poder Judicial ni la corporación municipal o provincia podemos tolerar estas cosas”.
RESISTENCIA EN EL BARRIO
Ante los conflictos que genera la familia Nieves y su intensión para permanecer en el barrio, Criado Arrieta sostuvo que “hay resistencia en el barrio. En eso creo que actuó bien la Secretaría de Seguridad y las cuestiones judiciales porque se tienen que resolver en ese ámbito. Si se van a meter organismos administrativos a apuntalar cuestiones de este tipo, perdemos todos”.
“La idea es la reinserción pero no se puede tolerar este tipo de cuestiones”, sostuvo. Y agregó que “si hay alguien que entiende que la ordenanza de tierras puede tener un defecto constitucional, que vaya y lo plantee a la justicia. Es una norma que hay que aplicar”.
CASOS DE DESALOJO
Consultado sobre la posibilidad de que haya sido la familia Nieves la que pidió intervención al organismo de Derechos Humanos, Criado Arrieta sostuvo que “aparentemente sí fueron ellos porque la nota decía que les había llegado un petitorio de esta gente”.
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“Si hay cuestiones que afectan a los vecinos el poder incluye cuestiones de tierras. Cuando vino la gente de Defensa Pública les entregamos toda la documentación de Camuzzi porque están enganchados al gas y una pequeña chispa puede generar un gran problema”, planteó.
De modo que “el capricho de permanecer y sostenerse en cualquier persona que ande dando vuelta y los pueda apañar, hace que corra riesgo la gente. Ponen en peligro al barrio porque hay una conexión clandestina de gas”.
