BUENOS AIRES - La dirigente ultrakirchnerista Alicia Castro renunció este miércoles a ser embajada en Rusia, cargo en el que había sido designada en diciembre pero que aún no había asumido ya que su pliego no había sido tratado por el Senado.
"Hoy quiero presentar mi renuncia como embajadora, porque no estoy de acuerdo con la actual política de Relaciones Exteriores", declaró Castro al sitio #LaGarcía, de la periodista kirchnerista Cynthia García.
Su decisión llega horas después de haber repudiado la decisión del gobierno nacional de condenar la violación de los derechos humanos en Venezuela.
El martes, Castro había apuntado contra el canciller Felipe Solá al advertir que "votó la resolución del Grupo de Lima condenando a Venezuela con (Jair) Bolsonaro, (Iván) Duque, (Sebastián) Piñera y (Martín Viscarra), en cuyos países se violan flagrantemente los Derechos Humanos".
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"México votó con Venezuela", destacó Castro a través de un mensaje que difundió por su cuenta de Twitter.
Seguido, la ex funcionaria de Cristina Kirchner consideró que esa decisión de la administración de Alberto Fernández representa "un lamentable giro en nuestra política exterior".
Castro, que se desempeñó como embajadora en Caracas entre 2006 y 2011, ya había cruzado a Solá en julio pasado, cuando lo atacó por Twitter por decir que el Gobierno de Nicolás Maduro es “autoritario”.
"Es llamativo que el Canciller siga machacando contra Venezuela. Sería oportuno que se exprese contra la proscripción y condena de Correa en Ecuador, el Gobierno de facto de Bolivia que posterga elecciones, la situación de Chile y de Brasil", planteó en ese momento. Castro fue íntima amiga del fallecido ex presidente Hugo Chávez.
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La ex sindicalista del gremio de Azafatas también atacó al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien había considerado abiertamente que Venezuela es una dictadura.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó en Ginebra una resolución que extiende por dos años el mandato de la Misión Internacional creada en 2019 para investigar violaciones de los derechos humanos en Venezuela, la cual había presentado sus alarmantes resultados iniciales a finales de septiembre.
La resolución, promovida por los países latinoamericanos integrantes del denominado Grupo de Lima, obtuvo 22 votos a favor (Argentina entre ellos), tres en contra (Eritrea, Filipinas y la propia Venezuela) y 22 abstenciones, entre ellas la de México, que manifestó sus dudas por un texto que tildó de "politizado" y poco equilibrado.
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La misión continuará así investigando y reportando al consejo de la ONU durante dos años más los abusos cometidos desde 2014 en Venezuela, "incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles y degradantes", según indicó el texto.
