CALETA OLIVIA - La Cámara de Apelaciones confirmó la decisión de primera instancia -tomada en abril de este año- en contra del reclamo iniciado por la Municipalidad caletense hacia la empresa Termap por una presunta falta de pago de la "tasa de servidumbre" municipal. Los argumentos para desestimarla fueron inconsistencias en la redacción del documento, errores tan groseros como equivocar el año, y confundir "miles" con "millones".

Durante la gestión del intendente José Córdoba, el Municipio de Caleta Olivia inició un proceso judicial contra Termap -la terminal marítima por la que sale el crudo de la zona norte santacruceña- por una supuesta falta de cumplimiento en el pago de una tasa municipal.

Por un "error de tipeo" Caleta Olivia pierde $400 millones

Pero la comuna caletense redactó mal el reclamo, y esto le costó no sólo perder la posibilidad de cobrar los $360 millones sino que debe pagar $40 millones en concepto de costas judiciales.

El primer revés para el municipio viene de la mano del juez de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, de Familia y de Minería de la ciudad del Gorosito, Horacio Isla, quien el pasado abril desestimó el reclamo en función de los errores en la presentación judicial que hicieron los ex abogados del municipio. Aunque el Municipio apeló esta decisión, hace un mes -el 22 de septiembre- la Cámara de Apelaciones ratificó lo resulto en primera instancia.

LOS RECLAMOS Y LOS ERRORES

El reclamo de la comuna contra la empresa Terminales Marítimas Patagónicas S.A. surgió por la presunta falta de pago de una tasa de “servidumbre” que tiene vigencia por ordenanza desde hace unos siete años. Si la empresa almacenadora de petróleo -formada por capitales de las operadoras petroleras YPF, SINOPEC y PAE- accedía a abonar esa deuda impositiva, ingresarían a las arcas caletenses cerca de 360 millones de pesos.

Con el reclamo elaborado por los entonces abogados municipales, el Juzgado inicia el expediente y da curso a su tramitación. Pero errores insólitos de redacción dan lugar a su rechazo. Por ejemplo, donde debía decir “trescientos sesenta millones”, se leía “trescientos sesenta mil millones” o en donde se debía fechar 2015, se leía 2050.

Esos errores en la boleta habilitaron al magistrado a dar por perdida la demanda del municipio, y es por ello que se comenzó con la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes que, entendiendo que serán proporcionales al reclamo, alcanzarían los 40 millones de pesos.

La medida de Isla fue apelada por la gestión del actual intendente, Facundo Prades, pero la Cámara de Apelaciones, en su fallo del 22 de septiembre, les dijo que no tienen razón y por ende, los condena a pagar las costas, valuadas en el 10% del reclamo, es decir unos 40 millones de pesos. Fuente: Tiempo Sur

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