COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Es que mientras por un lado se destinan 200 millones de dólares para ese fin, el organismo estima que para garantizar un precio de 3,90 por Millón de BTU, mientras los usuarios residenciales pagan un equivalente a 2,20 dólares, la diferencia debería ser cubierta con 1.500 millones de dólares en subsidios, salvo que se contemple aumentar las tarifas domiciliarias.
“La situación es binaria –expresa el Instituto-. O bien el Gobierno planea aumentar el precio del gas que paga la clientela más de un 40% en dólares (y mucho más aún en pesos si se produce una variación en el tipo de cambio), o bien los recursos del presupuesto serán insuficientes. Quizás sea esto último lo más probable”.
“El nuevo esquema prevé un horizonte de 4 años (2020-2024), en el cual regirá un precio de referencia, que, de fijarse en la actual coyuntura, reflejará costos de capital y de riesgo cambiario exageradamente altos. La consecuencia será condenar a las familias y al aparato productivo nacional a pagar un precio de la energía innecesariamente alto en los próximos años”, sostiene el análisis.
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“La reciente experiencia del ‘Barril Criollo 2’, implementado por el actual gobierno durante la cuarentena puso en evidencia el fracaso de aplicar una política de precios mínimos sin demanda solvente. Solo sirvió como un mecanismo indirecto de mejorar la recaudación de las provincias productoras ¿repetiremos la historia con este Plan Gas 4?”, advierten el Instituto.
Recomendaciones para evitar la suba de precios
En base a esa situación, el Instituto que preside Jorge Lapeña propone una serie de recomendaciones, basadas en las siguientes propuestas.
“Requerir a la Secretaria de Energía que explicite los supuestos que arrojan los créditos fiscales y metas físicas del nuevo Plan Gas, como así también los análisis de riesgo derivados de una modificación del tipo de cambio en la cuenta de subsidios corrientes”.
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Otro de los puntos pide que “se explicite la política tarifaria en materia de gas natural y energía eléctrica y cuáles son los aumentos tarifarios implícitos en el presupuesto 2021”.
Además, propone acotar a un año el horizonte temporal del esquema de incentivos, en lugar de los 4 años que prevé actualmente el gobierno. También sugiere aplicar una política regulatoria de precios, basada en razones extraordinarias que contempla la actual ley de Hidrocarburos, además de avanzar en la obra de terminación “del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), que permitirá alcanzar los volúmenes contractuales del Contrato de Abastecimiento de Gas con Bolivia y ampliar la oferta de gas en el Noreste argentino”.
