El titular de la Cámara baja, Sergio Massa, impulsa un proyecto de ley para crear el Programa “Un Puente al Empleo”, con el objetivo de transformar, de manera gradual y con un criterio federal, los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en empleo formal, y llevar alivio económico para MIPyMES que generen empleo.

Con este criterio, el programa promueve una transformación gradual y establece facilidades como el mantenimiento de los planes sociales por 12 meses como complemento del salario y el acceso a obra social y ART. Los trabajadores deberán capacitarse y completar cursos de formación para acceder. También podrán participar empleados de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

La iniciativa del oficialismo busca “consolidar y dar sostenibilidad a esta tendencia positiva en la generación de empleo dando previsibilidad a los y las trabajadores y a los distintos sectores de la economía”, orientando sus beneficios en brindar alivio económico a las MIPyMES que generen empleo.

Para ello, “Un Puente al Empleo” se centra en dos beneficios principales: por un lado, propone la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales por hasta 24 meses por cada empleado, considerando como tope máximo la suma equivalente a dos salarios mínimos por cada uno y con una nómina tope incremental de 5 a 20 empleados.

Massa impulsa una ley para convertir planes sociales en empleo

De manera complementaria, se promueve un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, para que las MiPyMES puedan regularizar relaciones laborales vigentes e iniciadas con anterioridad a la ley. De esta forma, las empresas podrán rectificar la remuneración real o la fecha real de inicio de la relación laboral sin que se le puedan iniciar acciones penales por el no pago de aportes y contribuciones.

Además, podrán subsanar la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y obtendrán la cancelación de la deuda por capital e intereses y multas por falta de pago de aportes y por las relaciones laborales registradas irregularmente.

De todas formas, para no afectar a los empleados incluidos en la regularización, el Estado computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta por 60 meses.

Para poder acceder a estos beneficios, las MiPyMES no podrán reducir la nómina laboral ni tener ningún empleado no registrado; no podrán registrar obligaciones previsionales de pago líquidas y exigibles por seis o más períodos fiscales, teniendo la posibilidad de regularizar esta situación dentro de los 30 días de la intimación administrativa y no podrán registrar sanciones laborales que impliquen que sean incorporados en el REPSAL.

La medida busca acompañar el aumento del empleo en la salida de la pandemia: Considerando los puestos de trabajo declarados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se registra un crecimiento de 140.742 puestos de trabajo entre junio del año pasado y de este año, esto es un 1,8% de crecimiento. La construcción y la industria manufacturera son los sectores de mayor desarrollo, concentrando 2 de cada 3 de estos nuevos puestos de trabajo, lo que los hace grandes beneficiarios de esta iniciativa.