La ley del más fuerte: ¿quién tiene el poder en Chubut?

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El repudio expresado por la masiva movilización de la sociedad comodorense al desalojo que protagonizaron petroleros contra estatales en el cruce de rutas 3 y 26, es directamente proporcional a una certeza: la ausencia del Estado –iniciada por la falta de capacidad para superar un conflicto pero continuada a través de la fuerza policial y del sistema judicial- es reemplazada por la disputa entre sectores laborales con intereses enfrentados.

Las actuaciones judiciales iniciadas deberán dirimir responsabilidades en los hechos ocurridos, como también el accionar de las fuerzas de seguridad en lo que fue una evidente zona liberada, sea por decisión o por negligencia.

La escalada tuvo continuidad en la postura adoptada por el sindicato camionero, que también salió a medir fuerzas con el anuncio de un paro en rechazo a la presencia de petroleros en el cruce de la ruta del petróleo, que como otras tantas veces en la historia de la ciudad se ha constituido en el fiel reflejo del poder: quien ocupa la rotonda, lo ejerce.  

Lo hizo la dirigencia estatal durante 20 días, con 18 piquetes distribuidos en distintos puntos de acceso a las áreas petroleras, impidiendo el normal funcionamiento de la actividad económica que genera el 30% de los ingresos de la provincia; lo recuperó ahora la dirigencia petrolera. Y amenazaron disputarlo los camioneros.

Mientras la fuerza física desplaza a la norma, la actitud de funcionarios públicos espiando desde lejos o preguntando “cómo va la cosa” se parece demasiado a la política del avestruz.

Crisis económica y fines políticos

La pregunta que cabe hacia adelante es si de ahora en más los conflictos quedarán supeditados a la ley del más fuerte, considerando que el árbitro acordado por la sociedad para aplicar las normas, en este caso el Estado provincial, no fue capaz de resolverlo: ni desde la esfera gubernamental (encerrado por una crisis económica, pero potenciada por una evidente incapacidad política), ni tampoco judicial. En todo este conflicto, como en otros, la justicia federal ha mirado hacia otro lado y buscó atravesarlo del modo más cómodo posible.

Vale recordar también que si las leyes van a cumplirse, nadie puede arrogarse el derecho de decidir quién circula y quién no por una ruta: la retención de servicio y hasta las denuncias judiciales contra el gobernador, por incumplimiento de las leyes paritarias, son las vías legales para ejercer el reclamo de los agentes públicos. Cortar la ruta queda fuera del menú de opciones legales y debería serlo de aquí en más, cualquiera sea el sector que se arrogue ese derecho.

Quienes están cerca del gobierno aseguran que en el conflicto de estatales, basado sobre el legítimo reclamo para cobrar sus salarios en término, hay también pujas políticas e intentos de desestabilización. “Aunque lograran que el gobernador renuncie mañana –reflexionan en su entorno- la plata para pagar los sueldos no va a aparecer por arte de magia”.

El peso de la corrupción

En paralelo a un Estado casi quebrado por deudas y servicios básicos paralizados, el emblemático juicio por corrupción conocido como el “Embrujo” puede aportar precedentes para empezar a exigir transparencia en la función pública. Los bienes que los fiscales pretenden recuperar de la banda liderada por Diego Correa, una vez que logren probar los delitos en su contra y obtengan una condena, no alcanzarán para cubrir el déficit provincial ni mucho menos, pero al menos servirá como señal concreta hacia el resto de la sociedad de que no todo da lo mismo.

“La plata que falta para pagar a las maestras está en hechos como ese que se han multiplicado en los últimos años –planteó un observador, que conoce los mecanismos del poder, a esta columna-, se ha naturalizado todo de tal forma que ya no nos llama la atención y nos conformamos con que los empresarios que pagaron coimas después hagan una obra o pinten comisarías”, cuestionó.

El vencimiento de deuda en octubre desvela al gobierno

El vencimiento de deuda por 31 millones de dólares, es decir unos 1.800 millones de pesos, es uno de los problemas más graves para la economía provincial, que hoy apuesta a la asunción de la nueva Legislatura y un casi seguro gobierno nacional de Alberto Fernández. La activación de ATNs (Aportes del tesoro nacional) y la prórroga de vencimientos de deuda con Nación podrían ser el alivio que en el entorno de Arcioni cuentan para reencauzar la gestión desde el 10 de diciembre.

Sin embargo, saltar la valla planteada en el décimo mes del año será esencial para que el de por sí repudiable mecanismo de pago escalonado de salarios no se agrave aun más. Para eso, se habrían iniciado contactos en busca de lograr reprogramar esas cancelaciones, que de aplicarse impedirán contar con la liquidación total de regalías del mes.

Quedan 3 semanas por delante. Con la dinámica que se vive en Chubut, parecen 3 siglos.