Uno de los proyectos presentados se basa en la reforma del código procesal penal, al respecto, Conde informó que el mismo “tiene prácticamente 10 años de vigencia y se impone la revisión de algunas normas. Lo más significativo esta vinculado al Instituto de la prisión preventiva. Vamos a incorporar un inciso alusivo al peligro de fuga. En este sentido vamos a dar cuenta que según la envergadura del delito hay una presunción de que se puede configurar este peligro de fuga, hablamos de 8 años para arriba”.

Y agregó que “también incorporamos un aspecto dentro del entorpecimiento de la investigación, dando cuenta que hay un riesgo en la investigación cuando el hecho se comete con violencia o concurso de más de dos o más personas porque puede haber acciones de intimación contra la víctima o testigos”.

Además, planteó que “vamos a incorporar los mismos presupuestos que hemos señalado en las reformas mencionadas en orden a la llamada sustitución de la medida cautelar. Cuándo la ley prevé reemplazar la medida de prisión preventiva por una menos gravosa. Consideramos que esas posibilidades no pueden darse en los supuestos mencionados”.

Por otra parte, Conde indicó que “vamos a proponer la adhesión a la ley 23737 de la lucha contra el consumo de estupefacientes incorporando un régimen provincial de competencia en materia penal, el régimen nacional es estrictamente federal, salvo la prohibición del artículo 34 que autoriza a las provincias a generar una competencia local”. Y remarcó que de esa forma, “vamos a crear un foro específico y los jueces penales van a tener competencia sobre determinados delitos del narcotráfico, en particular el proceso de comercialización”.

REGISTRO DE PRESCRICPTOS

Por último, Conde informó que el tercer proyecto consiste en un “registro de prescripción de causas penales. El 90% de las causas penales prescribieron, es decir que quedan archivadas por sobreseimiento, vencimiento de plazo de etapa preparatoria, o vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, por problemas con el recurso humano, por el sistema y fundamentalmente nos interesa que existe aun control riguroso sobre el desarrollo de la labor los funcionarios que operan en la justicia provincial”.