El ex gobernador Martín Buzzi quedó imputado de “administración fraudulenta” por el crédito al empresario Omar “Cura” Segundo. La audiencia fue presidida por el juez penal Fabio Monti y se realizó en los Tribunales de Rawson.

El fiscal Daniel Báez junto a la querella imputaron a Buzzi por el crédito de 10 millones a Segundo cuando este era presidente de la ex Alpesca y el cual sólo devolvió poco más de un millón. “Del expediente surge que le entregaron el crédito en menos de 48 horas”, dijo Báez en la audiencia.

La fiscalía imputó por “administración fraudulenta” mientras que los querellantes añadieron la calificación de “abuso de autoridad y malversación de fondos públicos”.

Por su parte, Buzzi declaró ante el juez, aunque decidió no justificar su incomparecencia a la audiencia anterior ni contestó preguntas de la Fiscalía. "Había un contexto adverso" y "fue por la paz social", indicó respecto a la otorgación del crédito. "Lo volvería a otorgar", aseguró el ex gobernador.

Finalmente, el juez Monti dispuso la apertura de investigación para Buzzi.

Báez sostuvo en ADNSUR que Buzzi “era el último de los imputados. Al final compareció. Éramos pesimistas al respeto porque no pedíamos notificarlo personalmente en el domicilio de Comodoro Rivadavia donde no se encontraba. A punto tal que también requerimos colaboración de la Policía Federal”. Y agregó que “gracias a los medios que hicieron pública esta situación ha comparecido a la audiencia. Todo el curso del proceso ha habido obstáculos para llegar a él”. 

“No fue un exhorto pero fue un pedido de colaboración a través de la Policía Federal de la comisaría 37 de Belgrano. Por eso hoy insistí con los domicilios porque fue muy dificultoso”, aclaró el fiscal. 

De esa forma, Báez confirmó que “se formalizó la apertura de investigación,  ya se han formalizado los cargos los hechos por los cuales se investiga, lo cual ha quedado claro con la declaración que ha hecho, más allá de que no aceptó contestar preguntas. Este hecho de justificar su conducta en aras del bien social. Nosotros nunca cuestionamos los destinos de los fondos sino la forma la forma irregular en que se hizo y que el Estado no tomó las garantías reales y necesarias para que esa plata volviera a las arcas del Estado”. 

Respecto a las expectativas, Báez sostuvo que se espera “colectar los elementos para la acusación y que podamos acusar. Se haga un juicio oral y público y se debata con todos los testigos, que realmente se pueda debatir con plenitud con todas las pruebas. Y ver cuál de las posturas avanza en una condena o absolución”. Y manifestó que “en caso de ser culpable las penas son todas de prisión de uno a seis años más la inhabilitación para ejercer cargos públicos”. 

EL CASO

La causa investiga el presunto fraude a la administración pública por el crédito “express” al entonces presidente de Alpesca. “Se investiga la forma en que se otorgó el crédito”, indicó Báez. La hipótesis de los fiscales es que como no se pudo entregar el dinero a través del Banco, el préstamo salió por CORFO y sostienen que “Segundo tenía acabado conocimiento de que no iba a poder devolver el ‘préstamo’, siendo parte necesaria y esencial de la maniobra defraudatoria que luego se concreta a través de CORFO”.

FUNCIONARIOS IMPUTADOS

En la causa hay varios ex funcionarios provinciales imputados. Entre ellos, Gabriela Dufour, Carlos Eliceche, Pedro Zudarie y Claudia Mundet; así como los directores de CORFO Gustavo Simón, Diego Hernández, Ernesto Siguero y Enzo Belastin. Asimismo, también están acusados como “partícipes” de la supuesta maniobra defraudatoria Omar Segundo y Héctor Molina, ex gerente de Alpesca. Por el crédito de 10 millones sólo devolvieron aproximadamente un millón y medio de pesos.

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