También es difícil esperar que el Estado, que debe asistir necesidades de salud, educación y justicia, entre otros servicios básicos para los cuales los recursos son siempre escasos, deba asistir a grandes compañías dedicadas a la explotación de petróleo. Esa mirada corre el riesgo de ser fragmentada, o reducida, si es que no se tiene en cuenta que los que sacan el petróleo son brazos de trabajadores, con sus familias detrás.
Y si bien es cierto que hasta hace poco más de un año los precios internacionales cotizaban por encima de 100 dólares por barril, no es menos cierto que la renta del mercado petrolero argentino siempre estuvo acotada por la captación que hacía el Estado de una parte importante de ese producto: lo hacía a través de las retenciones a la exportación y posibilitando el pago de regalías a las provincias sobre un valor de barril bastante más bajo que lo que mostraba el mercado internacional. Es decir, las provincias petroleras financiaron durante gran parte de la década pasada al gobierno nacional y al resto de los consumidores de combustibles del país, porque ese mecanismo impedía el aumento acelerado de las naftas y el gasoil.
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Ahora la torta se da vuelta y, parece, el crédito a favor de las provincias petroleras no es reconocido. Por caso, sólo Chubut resignó algo más de 2.000 millones de dólares desde el año 2003 en adelante.
¿Debería el Estado nacional financiar a operadoras petroleras de capital transnacional, o aun a la propia YPF de capital mayoritariamente estatal? Lo que está claro es que sí debe responder ante el sector del trabajo y las bases de una economía regional que ha aportado mucho, recibiendo muy poco a cambio.
En 2017, o 2018, el petróleo debería empezar a recuperar su valor. Todo depende de que lo tarden los países árabes en agotar sus reservas financieras y poder sostener la apuesta a deprimir el mercado, para defender su cuota de participación. De hecho, informes internacionales señalan que en los países petroleros más ricos empiezan a percibir señales de que esa reserva de fondos no es eterna.
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La región del golfo San Jorge, en un país que explica menos del 1% de la producción mundial de petróleo, ha pagado durante años su cuota de aportes a un modelo económico que centralizó recursos en los distritos más importantes, como de hecho sigue ocurriendo desde el 10 de diciembre último.
Un mecanismo que debería explorarse es que la producción petrolera exportable reciba algún tipo de incentivo “a cuenta” de futuras mejoras del mercado internacional. En términos políticos, podríamos decirle a Nación: “Nosotros le aportamos a ustedes más de 2.000 millones de dólares en 10 años. Ahora ustedes préstennos 500 (o empecemos por algo menos, y vamos viendo cómo evoluciona el mercado), que se los volvemos a devolver –vía retenciones a la exportación- cuando el precio del crudo vuelva a subir". En un par de años, claro.
