CHUBUT (ADNSUR) - La medida, de carácter provisorio hasta que se resuelva la cuestión de fondo a partir de un recurso contencioso administrativo que deberá activar la empresa, dispone que tanto el área de Ambiente como la Fiscalía de Estado abstenerse de “iniciar ejecuciones” fundadas en la norma en cuestión, “así como de trabar embargos sobre sumas de dinero o bienes de su propiedad”, o la suspensión de servicios en puertos tanto a Frangela como al buque Pensacola.

En ámbitos vinculados al sector pesquero se expresó optimismo en torno a la medida, ya que consideran que la misma es perjudicial por cuanto representa “una doble imposición”, toda vez que el canon pesquero vigente, con anterioridad.

Un fondo superior a los 3 millones de pesos

El Fondo Ambiental Pesquero fue creado en la anterior gestión de la Legislatura y establece la exigencia de un pago de medio litro de gas oil para buques con permiso provincial y de un litro de ese combustible para barcos con permisos nacionales, en ambos casos por cada cajón de langostino descargado fresco. Se estipula que el producto debe ser de la marca YPF y de calidad Premium, por lo que a valores actuales, sobre 100.000 cajones anuales por buque y un total de 85 embarcaciones, la proyección arroja una recaudación de entre 3 y 3,5 millones de pesos.

“Se trata claramente de una doble imposición, porque además ya existe un canon pesquero en la provincia, por el que se debe pagar el 2 por ciento sobre cada kilogramo de langostino, con un valor de banquina que la Secretaría de Pesca actualiza todos los años –explicaron ante ADNSUR desde ese sector empresario-. Dentro de ese canon, uno de los fundamentos habla del impacto ambiental generado por la actividad, por eso se trata claramente de una doble imposición y es lo que estamos cuestionando en la justicia”.

Quienes conocen el ámbito pesquero dan cuenta de que en realidad el Fondo se creó luego de que los empresarios se movilizaron a la Legislatura para frenar un proyecto que apuntaba a otorgar 4 nuevos permisos de pesca, que “estaban direccionados, con nombre y apellido, para favorecer a determinadas empresas”, recordaron desde el sector.

“Como en ese momento nos opusimos a esa ley, nos aplicaron este impuesto, que en realidad es un castigo por haber frenado un negociado”, se indicó.

En la sesión de este martes, la diputada Rossana Artero presentó un pedido de informes para verificar si la provincia está aplicando o no el cobro del Fondo.