Con un total de 13 importados y 120 testigos, se espera que el proceso lleve varias semanas hasta llegar aún veredicto.
Luego de la polémica generada por la decisión de los fiscales Cretton y Cabral, quienes habían pedido el sobreseimiento de los ex funcionarios públicos importados, el procurador general designó al fiscal Cristian Olazabal para llevar adelante el juicio.
Entre los imputados se encuentran Abel Boyero y Rubén Palomeque, que se desempeñaban como secretarios de Infraestructura y Servicios Públicos, respectivamente, al momento de concretarse los hechos que buscan esclarecerse en el juicio.
De acuerdo con las acusación que impulsó el ex fiscal Héctor Iturrioz, durante los trabajos realizados para retirar el barro de las zonas anegadas se fracturaron tareas no ejecutadas, con una defraudación del orden de los 900 mil dólares.
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Las defensas rechazaron ese monto por falta de una pericia contable, pero igualmente algunos de los imputados propusieron reparaciones económicas al municipio, para evitar el juicio, lo que fue denegado en primera y segunda instancia.
Ahora, a lo largo del debate oral y público, se podrá dilucidar qué fue lo que ocurrió en aquellos tormentosos días. La lista total de imputados es la siguiente, además de los ya mencionados: Cristian Hernán Lobos Rozas, Joaquín Mansilla, Javier Morales, Julián Astiz, Roberto Monasterolo, los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Alejandro Herk, Marcelo Van Heerden, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara.