CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Una nena de 12 años  fue violadaquedó embarazada en La Banda, Santiago del Estero, y los médicos que la atendieron demoraron el aviso a las autoridades para que no le puedan practicar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), como está estipulado por el Código Civil de nuestro país.

A principios de abril, la chica y su mamá se acercaron a la Unidad de Atención Temprana (UPA) N° 3, Villa Griselda. Allí la revisó un médico y la mandó a hacer una ecografía. El 6 de ese mes, se le practicó el estudio donde confirmaron que llevaba 20 semanas de embarazo. 

Cuando fueron nuevamente al UPA para buscar el apoyo de los médicos no solo no les brindaron la consejería en Derechos Sexuales y Reproductivos, correspondiente por protocolo; tampoco informaron lo sucedido a las autoridades sanitarias de la provincia hasta un mes después, el 7 de mayo.

En contacto con TN, la periodista Mariana Carbajal indicó que la coordinadora de la UPA N° 3, de Villa Griselda, tardó en informar a las autoridades sanitarias de la provincia sobre el embarazo y cambió las fechas: dijo que a principios de abril la menor estaba de 26 semanas cuando en realidad cursaba las 20.

Según la ley de nuestro país todo embarazo en una menor de 13 años es considerado violencia sexual y debe ser denunciado.  Sin embargo, tampoco se realizó la denuncia a la Comisaría del Menor, sino hasta 20 días después de confirmarse el embarazo.

Cuando las autoridades intervinieron, la nena ya cursaba la semana 24 de gestación y consideraron que era riesgoso interrumpirla.

Pese a sus 12 años, la nena trabaja como cartonera junto a su mamá, viven en una pieza con la pareja de la mujer y dos hermanitos de 8 y 6 años. La familia no tiene agua potable.

Según manifestó Nora Schulman, directora del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), en diálogo con el canal de noticias "lo que todavía no hemos podido cambiar es la cabeza de los médicos". Además, explicó que en varias provincias, sobre todo las del norte argentino que tienen una alta influencia de la Iglesia Católica, "es la gente que presiona para que no se cumpla con las leyes".

"Se actualizaron las leyes pero en la práctica no sirve para nada. No está aplicada por gente idónea, que no se deje llevar más que por su sentido de la ética y por el ejercicio de la medicina que es salvar vida pero no fetos, sino la vida de esta niña de 12 años", remarcó la referente en derechos del niño.

"Hay que cambiar la cabeza de la gente que presiona para que no se cumplan las leyes y protocolos", aseguró Schulman, quien pidió "considerar estos casos como un elemento prioritario".