La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas de Fabio Alcides Tillería y Marcelo Miguel Alberto Chemín por la desaparición de Iván Eladio Torres en Comodoro Rivadavia, ocurrida en octubre de 2003.
Por unanimidad, los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti declararon “inadmisible” el recurso extraordinario presentado por el defensor público oficial Guillermo Todarello, de acuerdo al fallo al que accedió ADNSUR.
El excomisario Tillería –era jefe de la Comisaría 1ª- fue sentenciado a 15 años de prisión y el exoficial Chemín, a 12 años, como partícipes necesarios de la desaparición forzada del joven comodorense.
El fallo del Tribunal Oral de Comodoro, dictado en 2016, ya había sido confirmado por Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Ana María Figueroa, de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.
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Además se aguarda fecha para un nuevo juicio oral y público que juzgará nuevamente a los policías Pablo Ruiz y Mario Gómez, que iban en el patrullero de la Comisaría 1° que esa noche de octubre presuntamente levantó al joven la noche antes de su desaparición.
En el primer juicio habían sido absueltos pero Casación revocó esa decisión.
El tercero era Hernán Leiva, que falleció antes de enfrentar la repetición del proceso.
En 2018 la Cámara Federal de Casación Penal había ordenado realizar un nuevo juicio oral y público para los tres policías que habían sido absueltos.
Habían sido absueltos por el TOF pero la Cámara Federal de Casación Penal ordenó realizar un nuevo juicio para ellos.
El trío iba en el patrullero 469 de la Comisaría Primera que detuvo y recogió al joven la noche del 2 al 3 de octubre de 2003 en Comodoro. Fueron vistos por al menos dos testigos.
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El paso lento del patrullero y la observación del grupo de chicos a altas horas de la noche con Torres incluido pero separado momentáneamente del resto y parado sobre la vereda “fue la oportunidad perfecta para desplegar, una vez más, un abuso policial sobre él cuando el móvil retomó por calle Máximo Abásolo”, dijo Fiscalía en su momento.
El hecho se produjo bajo la gobernación de José Luis Lizurume y la investigación tuvo serias irregularidades y demoras. Seis testigos claves fueron asesinados. La polémica investigación continuó con el exgobernador Mario Das Neves. En esos años, tanto el Superior Tribunal de y los fiscales del caso negaron que se tratara de una desaparición forzada.
La familia debió llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 2011 condenó al Estado argentino por la desaparición forzada de Iván Torres y ordenó “iniciar, dirigir y concluir las investigaciones y procesos necesarios, en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como de determinar y en su caso, sancionar a todos los responsables de lo sucedido".
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La condena del Estado argentino por la CIDH, llevó a que el Congreso Nacional aprobara en 2011 la Ley 26.679 tipificando la desaparición forzada e incorporándolo como delito al Código Penal.