COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Este viernes por la mañana se llevó a cabo en sede de los tribunales penales del barrio Roca la audiencia de revisión de la prisión preventiva a los imputados Enzo Martín Uranga y Lautaro Hernández. Ambos son imputados por el homicidio de un comerciante producido en el marco de un delito contra la propiedad. En la audiencia el funcionario de fiscalía solicitó se mantenga la medida de coerción que pesa sobre ambos hasta la audiencia preliminar. El defensor de Hernández solicitó su detención domiciliaria con permiso de salidas laborales, en tanto que la de Uranga no objetó el pedido del funcionario de fiscalía. Finalmente la jueza penal resolvió mantener la prisión preventiva de los imputados Uranga y Hernández hasta la celebración de la audiencia preliminar.

Foto: MPF

Presidió el acto Gladys Olavarría, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Cristian Olazabal, funcionario de fiscalía; la defensa de Hernández fue ejercida por Mauro Fonteñez, abogado particular; y la de Uranga por María de los Ángeles Garró, defensora pública.

En un primer momento el representante de fiscalía solicitó el mantenimiento de la medida de coerción, dispuesta por cuatro meses al momento del control de detención y que vence hoy a las 12.00 horas, ratificando la acusación pública presentada por el Ministerio Público Fiscal en contra de ambos imputados. La medida de coerción fue solicitada en virtud que se mantienen vigentes los riesgos procesales y para asegurar el proceso, informó el Ministerio Público Fiscal.

Existen en el legajo elementos de convicción suficientes para tener a los imputados como probables autores del hecho investigado. Se ha presentado acusación pública del caso y una rueda de reconocimiento de personas dio positivo para ambos imputados, recordó el funcionario de fiscalía. Son reconocidos como las personas que ingresaron al comercio, simulando ser clientes, se probaron prendas, y cuando se dirigen a la caja a pagar extraen un arma y producen el despojo y el delito contra la vida del comerciante.

Asimismo el acusador público hizo referencia a  los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación existentes en la causa. Fuga por las características graves del hecho y la pena que se espera como resultado del procedimiento. Por el uso de un arma de fuego y la violencia física desplegada, desmedida, que provocó el resultado muerte. Anticipando que la pena en expectativa que la fiscalía pretende, en caso de ser declarados responsables, para Uranga es de 20 años de prisión; en tanto que para Hernández de 15 años. Por último se refirió al peligro de entorpecimiento ya que ambos imputados conocen a las víctimas y testigos. Solicitando el “mantenimiento de la prisión preventiva de ambos hasta la audiencia preliminar a celebrarse el próximo 1 de junio”.

En contraposición el defensor de Hernández aseguró que “la prisión preventiva no debe mantenerse y que la libertad y el principio de inocencia deben gobernar el proceso”. Negando la existencia del peligro de fuga ni el de entorpecimiento ya que su pupilo es nacido y criado en Comodoro y que la causa ya se encuentra acusada, entonces no hay forma de entorpecer la prueba. Pidiendo por ello el arresto domiciliario de Hernández, con permiso de salidas laborales y prohibición de acercamiento a víctima y testigos.

Seguidamente la defensora de Uranga no objetó la medida de coerción solicitada por la fiscalía, explicitando que se ha dado intervención al Servicio Social de la Defensa que está trabajando para aportar un domicilio alternativo a su defendido, cuando se obtenga se solicitará una medida sustitutiva para él.

Finalmente la jueza penal resolvió mantener la medida de coerción que pesa sobre ambos imputados hasta la celebración de la audiencia preliminar donde se tratará la acusación pública presentada por la fiscalía. Esto en consideración de la existencia de elementos de convicción suficientes para tenerlos como probables autores del ilícito investigado, por el peligro de fuga en base a la gravedad del hecho, la utilización de un arma de fuego, la violencia desplegada sin sentido y la pena en expectativa en la acusación presentada. Asimismo para concluir la jueza se refirió a que ambos imputados conocen a las víctimas y ello configura el peligro de entorpecimiento de la investigación.

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